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Siete familias de la comunidad campesina del predio Villaluz, ubicado entre Chibolo y Plato, Magdalena presentaron la primera demanda de restitución de tierras en el departamento con el fin de recuperar los predios que perdieron por la presión ejercida por grupos alzados en armas.
En el recurso legal, los representantes de las familias indican que después de 30 años de permanencia en esos predios y el uso legitimo de los mismos "no se ha formalizado ni restituido una sola hectárea de ellas".
En este sentido, seis de las siete familias solicitan la restitución y formalización de los títulos de las tierras por medio de la ley 1448 de 2011 conocida como la ley de víctimas, mientras que la familia restante le solicita al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que adelante y finalice el proceso de adjudicación reglado en la ley agraria.
Dentro de las pretensiones, se solicta además que el Gobierno le ordene al Incoder la titulación de los predios que fueran despojados materialmente por el excomandante paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40' en julio 1997.
"Igualmente se solicita que se dejen sin efectos los títulos mineros que han sido otorgados por el Gobierno, y que se ubican sobre los predios solicitados en restitución", precisa uno de los apartes de la solicitud.
Los representantes de las comunidades exigieron el acceso efectivo de dichas familias al proceso de justicia y reparación de los campesinos los cuales fueron desplazados forzosamente y despojados de sus tierras por diferentes grupos armados ilegales que operaban en el departamento en alianza con grupos de empresarios, ganderos y las autoridades.
"Las amenazas son reales y no se han hecho esperar, esperamos que las autoridades no sean inferiores como cuando ocurrieron los asesinatos de líderes de restitución de tierras, entre ellos Rogelio Martínez Mercado en San Onofre (Sucre)", concluye la solicitud.
Por El Espectador
