El fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, aseguró que sin una plataforma como la Ley de Justicia y Paz habría sido prácticamente imposible poner al descubierto las alianzas que mantuvieron los grupos paramilitares con dirigentes políticos y agentes de la Fuerza Pública.
Agregó que se equivocan quienes atacan el sostenimiento de este mecanismo de Justicia transicional por el la escasez de sentencias condenatorias en contra de los desmovilizados de grupos armados ilegales, pues se están desconociendo así los logros alcanzados en torno a los pilares de la Ley 975, que son el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Agregó que antes de haber sido instaurada esta medida no se conocía la verdadera dimensión del accionar delictivo de los denominados "grupos de autodefensa" y que hoy son numerosas las aperturas de investigación y las condenas en contra de funcionarios estatales a quienes se les ha comprobado el apoyo que brindaron a estas estructuras.
Señaló que, de otra manera, se habría dificultado en demasía documentar, como lo ha hecho la Fiscalía, más de 32 mil casos de desaparición forzada, 3.500 reclutamientos de menores, 163 mil homicidios, 66 mil casos de desplazamiento forzado, más de 800 casos de secuestro y, lo más grave del accionar paramilitar en Colombia, 328 casos de trabajo conjunto con uniformados y 400 casos de alianzas con líderes políticos.
Adicionalmente, señaló que el país nunca tuvo tanta conciencia como hasta ahora de las masacres que se cometieron bajo la adscripción de los paramilitares a la guerra contrainsurgente, en medio de la ilegalidad, y que fue gracias a Justicia y Paz que muchos compatriotas supieron la suerte que corrieron sus allegados, victimizadas por el conflicto.
El pronunciamiento se dio dentro del acto de rendición de cuentas que adelanta la Fiscalía General de la Nación en el búnker al servicio de ese ente acusador e investigador en la capital de la República.
Por El Espectador
