Sindicalistas bajo fuego

Los casos de asesinatos de sindicalistas en Colombia siguen siendo una piedra en el zapato para el gobierno del presidente Uribe, sobre todo de cara a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde el tema de los trabajadores es seguido de cerca por el Partido Demócrata. Según la Central Unitaria de Trabajadores —CUT—, sólo en las siete semanas transcurridas de 2008, cinco sindicalistas han muerto producto de ataques de sicarios, tres de ellos miembros de juntas directivas de organizaciones laborales, sin que hasta el momento haya resultados concretos en las investigaciones judiciales.

El primer caso ocurrió el pasado 12 de enero en San Jerónimo (Antioquia), donde fue asesinado Ramiro de Jesús Pérez, miembro de la junta directiva regional de Adida, la Asociación de Institutores del departamento. Doce días después, en San Antonio (Tolima), Israel González, de la Asociación de Trabajadores Campesinos regional, cayó también bajo las balas asesinas y el 28 de enero, en Itagüí (Antioquia), la víctima fue Yebraín Suárez, directivo del sindicato del Inpec.

La muerte de Suárez produjo la reacción internacional y la Confederación Sindical Internacional —CSI—, una de las organizaciones más importantes del mundo, le envió una carta al presidente Uribe exigiendo la investigación y el esclarecimiento del crimen. “Colombia tiene un largo y abrumador historial por ser el país más peligroso del planeta para los sindicalistas. Docenas de ellos mueren asesinados todos los años. Tan sólo una pequeñísima parte de esos crímenes fueron investigados como es debido. El Gobierno tiene que cumplir con su responsabilidad de proteger a los sindicalistas y poner término a la impunidad que impera desde hace tanto tiempo”, le escribió Guy Ryder, secretario general de la CSI.

El 8 de febrero, sicarios acabaron con la vida de María del Carmen Mesa en Tame (Arauca), sindicalista de Asedar, organización del sector educativo, y un día después murió Samboni Arley Benavides, en Balboa (Cauca), integrante de la regional de Anthoc, sindicato de los trabajadores de la salud.

Esta semana, en la Casa de Nariño, el presidente Uribe tuvo un encuentro con directivos de algunos de los más poderosos sindicatos estadounidenses, entre ellos la Federación Americana de Derechos Laborales y el Congreso de Organizaciones Industriales —AFL-CIO—, agremiación con gran ascendencia entre los demócratas. Según Linda Chávez-Thompson, su vicepresidenta ejecutiva, “Uribe tendrá que escuchar la voz de los sindicalistas”, advirtiendo de paso que la aprobación del TLC no verá la luz este año.

Ya en septiembre del año pasado, la CSI había declarado a Colombia como “el país más peligroso para los sindicalistas en el planeta”. La CUT maneja la cifra de 36 dirigentes sindicales asesinados en 2007, aunque las organizaciones internacionales hablan de 78. La CSI advirtió además que “casi todos” los asesinatos en Colombia “fueron perpetrados con impunidad por escuadrones de la muerte, paramilitares vinculados al Gobierno o contratados por patronos” y destacó que, entre 1994 y 2006, 56 personas fueron juzgadas por el asesinato de sindicalistas y sólo 14 fueron sentenciadas.

Con este panorama y con el TLC congelado en Estados Unidos, “hasta tanto no se muestren resultados contundentes” —según los demócratas—, la Fiscalía creó una unidad especial para tratar de resolver los 1.097 casos de asesinatos y otro tipo de actos violentos cometidos contra los sindicalistas colombianos presentes en su archivos. Las cifras muestran que 37 casos (de 47 víctimas) han sido fallados y muestran 59 condenados. Más del 50% de los casos pertenecían al sector del magisterio. Con razón, los trabajadores hablan de una “cultura antisindical” en el país.