Sobreviviente del Palacio de Justicia será indemnizada por afectaciones a su salud

Por primera vez en 36 años, la justicia colombiana encontró culpable al Estado por las afectaciones a la salud que vivió una víctima de la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que estudió la demanda que presentó Martha de Jesús Hurtado Garavito, una funcionaria del Consejo de Estado que el 5 de noviembre estaba en su escritorio cuando un comando del M-19 se tomó a la fuerza el edificio. Según el fallo, el Estado, en cabeza del Ministerio de Defensa, tendrá que indemnizar a esta mujer que logró escapar de la batalla campal entre la guerrilla y el Ejército que se extendió hasta la madrugada del 6 de noviembre.

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Según el expediente, Hurtado Garavito se desempeñaba como escribiente, en grado siete, y al escuchar los primeros disparos, se escondió de bajo de su escritorio. Ella, embarazada, logró salir con vida del Palacio y fue trasladada a la Casa del Florero, en donde personal de Inteligencia y del Ejército también enviaron a otras personas, varias de ellas fueron encontradas muertas horas después de los hechos. Otras más siguen desaparecidas. Hurtado Garavito alegó en su demanda que lo hechos que vivió hace 36 años le ocasionaron una grave afectación en su salud mental, situación que corroboró Medicina Legal.

Para el Tribunal, “en el presente caso existe un daño consistente en el miedo, la desolación, zozobra y tristeza que soportó Martha Hurtado durante la toma, retoma y su liberación definitiva, el cual reviste el carácter de antijurídico pues, de ninguna manera, se encontraba en la obligación de soportar”. La sentencia además reitera algo que ya el Consejo de Estado y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho en varias oportunidades: que el Estado y el Ejército no hicieron lo suficiente para evitar la toma guerrillera, pese a que había indicios muy claros de lo que terminó sucediendo en noviembre de 1985.

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Hurtado Garavito tenía solo 23 años durante el holocausto. A pesar de su trauma, logró graduarse de un pregrado y posgrado. Sin embargo, lo que vivió durante esos dos días la llevaron a sufrir de depresión posparto y un trastorno por estrés postraumático, enfermedades “que le impidieron que todos estos proyectos se llevaran a cabo en plenitud, pues desde el punto de vista social muchas actividades estaban plagadas con el estrés que le producía: exponerse a usar un ascensor, estar en medio de multitudes y sentirse en riesgo por el hecho de estar “encerrada””, explicó su defensa en la demanda.

Además, señaló que su proyecto de ser mamá también se vio afectado, pues constantemente vivió con la “sensación de temor inminente a diferentes estímulos, lo que según ella (y al tenor de sus hijos que fueron entrevistados para la presente valoración psicológica) afectó el armónico desarrollo e interacción con el entorno de sus dos hijos”, dice el expediente. Además de recibir la indemnización que hoy ordena el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la afectación a su salud, la sentencia también obliga al Ministerio de Defensa a que le pague a los dos hijos de Hurtado Garavito por los daños morales que les ocasionó este suceso.

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Asimismo, el Tribunal dejó sin sustento la defensa que hizo la cartera que defiende Diego Molano, no solo por desconocer jurisprudencia nacional e internacional, que ha reiterado que el Ejército sí tuvo responsabilidad en la toma y retoma del Palacio, sino porque argumentó que Hurtado no acreditó ningún daño y solo pretendía, años después de lo ocurrido, Medicina Legal lo hiciera, desconociendo el trauma que vivió escondida debajo de su escritorio y posteriormente retenida en la Casa del Florero.

“Las autoridades colombianas conocían la amenaza inminente de la toma del Palacio de Justicia, y estando en la posibilidad de adoptar medidas para impedirla la administración no actuó, e incluso, reprochablemente, procedió de manera deliberada reduciendo la vigilancia necesaria que facilitó la incursión guerrillera y el fatal desenlace por todos conocido. De modo que, la conducta que se atribuye al Estado sí se concretó por la parte actora en la omisión en el cumplimiento de los deberes de la administración”, se lee en la sentencia.

Además de ordenar la indemnización a Martha Hurtado y sus hijos, el Tribunal pidió que el Ministerio de Defensa le garantice a ella un acompañamiento terapéutico con enfoque psicosocial, “e incluir a cada uno de los demandantes en los programas y beneficios creados para las víctimas del Palacio de Justicia.

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