:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/MwhqTSOtJnP8sMpVGQt3ymFN_qw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/K5OHU5A2F5CLNCUI76B7CGPACY.jpg)
Las tres hijas del magistrado Carlos Urán, asesinado durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, están buscando en Estados Unidos lo que Colombia no les ha podido dar en 35 años: justicia. Con la asesoría de pesos pesados del derecho estadounidense, la familia Urán Bidegaín interpuso una demanda civil ante una corte de la Florida al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien reside en la ciudad de Weston. Los cargos en su contra son: tortura y ejecución extrajudicial.
Lea: Palacio de Justicia: los videos de los nuevos hallazgos de la investigación
Según el documento que la familia presentó ante una Corte del Distrito Sur de la Florida, Plazas Vega conspiró y actuó, en compañía de otros miembros del Ejército, en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, luego de que la guerrilla del M-19 se tomara a la fuerza el edificio y que la fuerza pública colombiana tratara de retomarlo a punta de tanques, armas largas y violencia.
Le podría interesar: Viendo el fuego desde la terraza: un relato sobre la toma del Palacio de Justicia
“Como comandante de la operación para romper las puertas del Palacio de Justicia y dirigir las operaciones una vez que los militares ingresaron al edificio, el acusado tenía autoridad sobre el personal militar involucrado, incluidas las tropas de la Escuela de Caballería, y se coordinaba con otras unidades que también ingresaron al Palacio de Justicia, incluidas las unidades de la Escuela de Artillería”, se lee en la demanda que ya fue presentada ante los jueces de la Florida y que conoció El Espectador.
En esta nueva batalla judicial, las hermanas Urán, Helena, Xiomara y Mairée, cuentan con la asesoría de dos pesos pesados el mundo jurídico en Estados Unidos. Por un lado, las asesora el bufete de abogados Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati. Y por el otro, está el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, que lleva casos, también ante la justicia estadounidense, como el del asesinato del activista y músico chileno Víctor Jara.
En contexto: La primera magistrada de la Corte Suprema que murió en el Palacio de Justicia
En concreto, la familia Urán Bidegaín explica en la demanda en contra de Plazas Vega que, “como comandante de la operación para romper las puertas del Palacio de Justicia y dirigir las operaciones una vez que los militares ingresaron al edificio, el acusado tenía autoridad sobre el personal militar involucrado, incluidas las tropas de la Escuela de Caballería, y se coordinaba con otras unidades que también ingresaron al Palacio de Justicia, incluidas las unidades de la Escuela de Artillería”.
Como se sabe, no solo por investigaciones como la de la Comisión de la Verdad, sino también por fallos judiciales nacionales e internacionales, al menos 11 personas salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron desaparecidas cuando estaban bajo el control de la fuerza pública colombiana. El más reciente informe sobre lo que les sucedió a quienes salieron caminando del edificio muestra que fueron enviados a la Casa del Florero y allí fueron torturados y, muchos de ellos, conducidos a guarniciones militares en donde habrían desaparecido o ejecutados extrajudicialmente.
En el caso del magistrado Carlos Urán, la Comisión de la Verdad, en un trabajo en alianza con Forensic Architecture, evidenció que el abogado salió del Palacio, herido en una pierna y auxiliado por dos hombres vestidos con un uniforme naranja que lo cargaron sobre una camilla hasta la entrada de la Casa del Florero. La última vez que los vieron eran las 2:19 de la tarde. Mediante una reconstrucción en 3D, contrastada con documentos oficiales y otros videos y fotografías, para la Comisión y Forensic Architecture, existen dos posibilidades. Uno, que a Urán lo llevaron adentro de la Casa del Florero. Y el otro, que lo montaron a una ambulancia que estaba estacionada al frente.
“Suponiendo que el certificado de defunción de Urán es correcto, fue encontrado muerto dentro del Palacio 41 minutos después a las 3:00 pm. No podemos afirmar con certeza cuál fue el camino que tomó. Pero dado el estrecho margen de tiempo desde que fue visto hasta que supuestamente apareció adentro del Palacio, es más probable que hubiera sido llevado a la ambulancia que pudo ser utilizada para devolverlo al Palacio sin ser detectado”, afirma la investigación.
La demanda en contra de Plazas Vega señala: “Todo indica que los militares etiquetaron y trataron al magistrado Urán como un “especial”, luego lo torturaron y mataron como resultado. A pesar de haber sido escoltado vivo fuera del Palacio de Justicia por los militares, su nombre fue omitido de la lista gubernamental de rehenes civiles rescatados. En cambio, su nombre fue incluido, agregado a mano, en una lista separada del gobierno del 7 de noviembre de 1985 de 18 personas fallecidas, que incluía a seis miembros del M-19″.
Las hijas de Urán, Helena, Mairée y Xiomara, quien era magistrado auxiliar del Consejo de Estado, recopilaron para esta demanda cada una de las evidencias y los hechos revictimizantes que han vivido desde hace 37 años. No solo porque el Ejército les reiteró una y otra vez que su familiar había muerto en medio del fuego cruzado, teoría que se desvaneció con los años, sino porque hombres de inteligencia del Ejército les ocultaron hasta 2007 que las pertenencias de su papá estaban guardadas bajo llave en la Décima Tercera Brigada.
“La verdad quedó clara para la familia Urán: horas después de que las cámaras de los noticieros lo filmaran saliendo con vida del Palacio de Justicia, flanqueado por militares, el cuerpo del magistrado Urán fue devuelto al edificio con marcas de tortura y una herida de bala en la cabeza”, se lee en la recopilación del caso que hizo el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas. Además de este recuento de hechos, las hermanas Urán le explicaron a la justicia de Estados Unidos que, pese a las evidencias, nadie ha sido responsabilizado del crimen de su papá.
Detallaron que la investigación penal en Colombia está estacada desde 2007 y que, pese a que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que halló al Estado de Colombia responsable de las torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales cometidas como parte de la retoma militar del Palacio de Justicia, incluido el asesinato extrajudicial del magistrado Urán, el proceso no ha avanzado.
Plazas Vega estuvo vinculado a un proceso judicial en Colombia por la desaparición de 11 personas del Palacio de Justicia, luego de la retoma violenta por parte del Ejército. El coronel (r) fue condenado en primera y segunda instancia, pero absuelto en 2015 por la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal determinó que no existían pruebas que permitieran vincular al excomandante de la Escuela de Caballería con la desaparición del administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y la guerrillera del M-19, Irma Franco, entre otras personas.
Para el alto tribunal el oficial en retiro no adelantó tareas de inteligencia en la Casa del Florero donde eran llevadas las personas que eran liberadas de la edificación. En este sentido, la Corte aseguró que no se le pueden endilgar responsabilidad frente a estos hechos. Sin embargo, la demanda de la familia Urán en Estados Unidos tiene evidencia nueva para demostrar que Plazas Vega si participó en el crimen del magistrado Carlos Urán.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.