Sofía Cadavid, Yuliana Samboní y otros casos de niños que murieron asesinados

Rafael Uribe Noguera (izquierda) y Orlando Pelayo (centro), ambos condenados por asesinar a menores de edad. Diego Cadavid (derecha) aceptó haber asesinado a su hija.

Foto: Archivo El Espectador

Un nudo en la garganta: esa puede ser la reacción natural para cualquier persona tras conocer de los casos de niños que han muerto asesinados en Colombia. El más reciente lo protagoniza Diego Cadavid, un padre que, presuntamente desquiciado por su propia sed de venganza, terminó con la vida de su pequeña hija de 18 meses, Sofía, tras propinarle una violenta tanda de golpes y abandonarla en una zona boscosa de Rionegro (Antioquia). La historia de Sofía Cadavid tiene en máxima alerta a todo el país por los escabrosos detalles del crimen y su padre fue detenido ayer. Lastimosamente, no es el primero de estos horrorosos casos. Ni será el último.

Muerte de Sofía Cadavid, a manos de su padre

En el barrio El Porvenir, en medio de una zona boscosa, fue hallado el cuerpo sin vida de Sofía Cadavid, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 17 de diciembre por sus familiares. De acuerdo con información de la Fiscalía, el mismo padre de la bebé de 18 meses, Diego Cadavid, los llevó al lugar de unos hechos que nadie quiere presenciar: el crudo feminicidio de un ser que apenas empezaba a vivir, cuya vida se apagó luego de haber sido golpeada salvajemente, como lo confesó el capturado en entrevista con el ente investigador.

Venganza. Esa es la hipótesis que maneja la Fiscalía en este caso. De acuerdo con las investigaciones, la expareja de Diego Cadavid lo habría dejado días atrás, lo que, presuntamente, lo llevó a tomar represalias contra su propia hija. La última imagen que se tiene de Sofía con vida quedó registrada en una tienda de barrió, de Rionegro, en la que también se ve al confeso feminicida sosteniéndola entre sus brazos y llevando un globo de colores. La madre, quien aún no se ha pronunciado, ya lo había denunciado por violencia intrafamiliar.

“Este hecho ocurrido en el municipio de Rionegro repugna a la sociedad. Me duele como fiscal general que estos hechos ocurran, nos duele como funcionarios públicos que estos hechos conciten la atención del país, pero nosotros no vamos a bajar la guardia. Le vamos a imputar el delito de feminicidio agravado ante un juez de garantías, no vamos a permitir hechos de impunidad en este país”, aseguró el fiscal general Francisco Barbosa.

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Yuliana Samboní, el rostro de un expediente siniestro

A Rafael Uribe Noguera, arquitecto y miembro de una prestigiosa familia, le esperan más de 48 años en prisión, luego de ser condenado en 2017 por los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento y feminicidio contra una niña de apenas 7años: Yuliana Samboní. Sin embargo, la Fiscalía apeló tal decisión, pues quiere que un juez de segunda instancia lo castigue con la pena máxima en Colombia, que es de 60 años de prisión.

La investigación por la muerte de Yuliana Samboní comenzó cuando su familia, en cabeza de Juvencio Samboní, un humilde trabajador de origen indígena, reportó la desaparición de la niña en el barrio Bosque Calderón, una especie de invasión que colinda con barrios de clase media alta de Bogotá. Allí fue secuestrada por Rafael Uribe Noguera, quien se la llevó en su camioneta gris hacía el edificio Equus 66, ubicado en la localidad de Chapinero. Lo que pasó dentro de la propiedad fue un horroroso crimen que aún enluta a Colombia, pues el arquitecto la asfixió hasta la muerte, luego de haberla accedido carnalmente. Fue asesinada el 4 de diciembre de 2016.

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“Cuando ingresó a esa hora (9:40 de la mañana) Uribe Noguera no quiso parquear en los parqueaderos 1 y 2 que eran los asignados al apartamento de propiedad de éste 603, sino que le manifestó que parquearía su vehículo en el sótano”, explicó el celador del edificio Equus 66, Fernando Merchán. El testigo luego se suicidó en extrañas circunstancias, tras ser hallado consumiendo antidepresivos y lacerándose la piel con arma blanca, determinó Medicina Legal.

Cuando las autoridades encontraron el cuerpo de la pequeña Yuliana, Uribe Noguera estaba lejos de la escena del crimen. Se encontraba en la Clínica Navarra, en la localidad de Usaquén, donde había ingresado por una sobredosis. Pero no había nada que hacer. Las cámaras de seguridad registraron los momentos en los que Yuliana estaba al interior de su camioneta, en su apartamento se halló ropa de la misma víctima y, tras ser examinado el pequeño cuerpo, se encontraron restos de su ADN. En enero de 2017 se declaró culpable y, desde entonces, está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, la Tramacúa, aislado de los demás reclusos para que no resulte lastimado.

Un padre mentiroso que lloró la muerte de su hijo

“Que no le hagan daño a mi hijo y lo más pronto posible lo devuelvan”, eso fue lo que le respondió Orlando Pelayo a un periodista de Noticias Caracol, en septiembre de 2009, cuando se le preguntó por su pequeño hijo de 11 meses, quien entonces parecía estar secuestrado. Con una vela encendida en la mano izquierda y con la mano derecha entrelazando la de su pareja, Clara Ivone Lozano, Pelayo lloró en televisión nacional porque dos secuestradores se lo habían llevado días atrás. Todo resultó ser una puesta en escena.

Mientras las autoridades ofrecían hasta $1.000 millones por encontrar a los responsables, los mismos secuestradores, que fueron capturados, delataron a Orlando Pelayo. Desnudaron su llanto y testificaron ante las autoridades que él les había pagado por secuestrar al bebé, para luego asesinarlo. “No imaginé que lo fueran a matar”, le dijo a un juez de garantías durante el proceso. Tras aceptar responsabilidad por el secuestro de Luis Santiago, pero negarse a aceptar cargos por el homicidio, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 58 años de prisión.

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En diálogo con La Fm, Orlando Pelayo aseguró que la mamá de Luis Santiago lo chantajeaba constantemente por revelar una relación extramatrimonial que sostenían ambos. “No aguantaba ese hostigamiento y chantaje. Prácticamente me tocaba estar con ellos (Luis Santiago y la mamá del niño) día y noche y la presión de que mi esposa no se fuera a enterar me tenía desesperado”, explicó en entrevista radial. Además, dijo que no estaba seguro de que el bebé fuera su hijo. El expediente fue tan controversial que abrió de nuevo, en su momento, el debate sobre la cadena perpetua, la cual fue aprobada este año por el Congreso para delitos contra niños, aunque aún falta la revisión de la Corte Constitucional.

La masacre de una familia en Caquetá

Con 13 años, un niño que vivía en una de las veredas de Florencia (Caquetá) tuvo que recurrir a una estrategia tensionaste para salvar su vida en medio de una masacre: se hizo el muerto al lado de cuatro de sus hermanos, quienes ya habían sido asesinados como resultado de una disputa de tierras, en febrero de 2015. Solo él logró escapar, solo en sus ojos quedó registrada la última vez de sus hermanos menores de edad, quienes quedaron apilados en la casa donde vivía una familia de 13 desplazados. Murieron con 4, 11, 14 y 17 años respectivamente.

El calvario de este niño no terminó allí. Se vio obligado a caminar dos kilómetros hacía la casa de unos familiares, a quienes le contó lo sucedido. Cuando la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín) llegó al lugar de los hechos, todo estaba al revés. Las autoridades no solo se enfrentaron a una barbarie difícil de olvidar, también registraron cómo el humilde hogar había sido saqueado en búsqueda de objetos de valor. Los Vásquez Gutiérrez, padres de los niños y dueños de su propia tragedia, habían salido esa mañana a matricular sus hijos en el colegio.

Los perpetradores del crimen dejaron una señal con carbón en la casa que decía FAC. Sin embargo, las primeras pistas, consignadas a través de retratos hablados y llamadas anónimas, dieron cuenta de la posible responsabilidad de Cristopher Chávez, un hombre que había estado en la cárcel por el feminicidio de una mujer huilense en 1998. Tras ser capturado, Chávez explicó que la señora Luz Mila Artunduaga le había ofrecido a él, y a otros dos sicarios conocidos como Chencho y El Desalmado, $500 mil para “asustar” a Ramiro Vásquez, padre de los niños asesinados, con quien tenía una disputa por unos terrenos en la vereda Las Rosas.

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En noviembre de 2015, el Juzgado Segundo Penal de Florencia condenó a Artunduaga a 50 años de prisión, como principal responsable del delito de homicidio agravado, además por la tentativa de homicidio contra el menor que sobrevivió, pero quien fue sentenciado a cargar en su memoria la masacre de sus hermanos. “En la investigación se encontraron evidencias y elementos materiales que la señalan como la persona que gestó la idea y contrató los sicarios que finalmente atacaron a los niños”, explicó Luis Gonzáles León, quien entonces era director nacional de Fiscalías.