Softplan pide revocar la adjudicación del contrato para digitalizar el sistema judicial

La llegada de la pandemia por Covid-19 agudizó la necesidad de digitalizar la justicia en el país. El tema empezó a caminar nuevamente este año y, luego de una selección abreviada, la Rama Judicial resolvió cuál sería la empresa que asumirá la responsabilidad de implementar una plataforma para el Sistema Único de Gestión Judicial (SIUGJ). Se trata de la sociedad colombo-mexicana Linktic-Muscogee la cual se quedó con el contrato de $22.000 millones para la digitalización de la justicia empezando por 200 despachos del país. La decisión no cayó bien entre los otros oferentes del proyecto. (Lea también: Indra Colombia denuncia al veedor Henry Anaya por líos con licitación de la rama judicial)

“El resultado final, derivado de la evaluación de las ofertas que cumplieron con los requisitos habilitantes, jurídicos, técnicos, financieros y sumados los resultados de evaluación de los factores técnicos (…) el proponente que obtuvo mayor puntaje fue el Consorcio Linktic-Muscogee Rama Judicial, conformado por Linktic S.A.S. y Muscogee Latin American”, determinó la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura agregando que, además, la sociedad cumplió con los criterios de verificación exigidos y su precio se ajustó al presupuesto oficial.

Pero los otros oferentes no piensan igual. El pasado viernes 16 de abril (antes de que la Judicatura anunciara la adjudicación), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizó una reunión para mostrar cómo se desarrolló todo el proceso de selección y, aunque en esa diligencia se dijo que todavía no se definiría la adjudicación porque varios oferentes revelaron posibles irregularidades en las propuestas de sus contendientes y errores en la evaluación de los estudios, lo cierto es que en una resolución fechada de ese mismo día la entidad escogió al consorcio Linktic-Muscogee para esta labor.

Vea la resolución en la que el Consejo Superior de la Judicatura adjudica la licitación a Linktic-Muscogee:

Por eso, la empresa Softplan Sistemas Colombia, también proponente en la licitación, radicó una solicitud de revocatoria ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial argumentando básicamente que Linktic-Muscogee se encuentra al borde de la quiebra, no tiene empleados, tampoco un sistema de gestión judicial y no cuenta con un sistema propio para ser implementado en el contrato que le adjudicaron lo que, a juicio de Softplan, representa un riesgo para la justicia colombiana. (Le puede interesar: Las decisiones judiciales esperadas para este año)

“La acción fue adelantada en virtud a que los estudios que dieron origen a la adjudicación contienen inmensos errores como la no acreditación de la Representación Legal de los integrantes del consorcio Linktic-Muscogee, la presentación de estados financieros que no corresponden con lo exigido por el pliego y otras anomalías que condujeron a la asignación a favor de un consorciado tecnológico que no cuenta con un solo empleado vinculado en su nómina y padece de una deplorable situación financiera con pérdidas anuales, incapacidad para atender sus deudas con el producto de sus utilidades y bajo nivel de activos.” advirtió Softplan.

En la citada reunión del pasado viernes, Softplan puso de presente todas estas presuntas inconsistencias en el proceso de selección, y no fue el único. Adriana Suárez, representante jurídica de otro de los consorcios que participaban del proceso, Servisoft S.A. se adhirió a la petición de Softplan de que se inhabilitara a la sociedad Linktic-Muscogee con base en supuestas irregularidades financieras que habrían sido omitidas por la Judicatura. “A este proponente se le están midiendo con reglas diferentes a las contempladas en el pliego para considerarlo habilitado”, señaló la abogada al tiempo que cuestionó la forma en la que la entidad ha manejado el proceso de selección.

“Cuando hace la proyección del puntaje final de cada uno de los proponentes observamos que hay un consolidado de puntos, más no está la motivación y aclaración a esas respuestas. Entonces, consideramos que sería muy apresurado que la entidad adjudique sin existir la motivación a detalle del por qué el puntaje final de cada uno de estos proponentes (...) Objetamos, por ejemplo, que para el caso de Servisoft, tiene una puntuación diferente el día de hoy a la que conocíamos el día lunes y no hay una motivación de por qué hubo un cambio de ese puntaje”, reiteró Gómez el pasado viernes. (En contexto: Consejo Superior de la Judicatura suspendió la atención presencial en despachos judiciales)

Volviendo a Softplan, el apoderado Guillermo Francisco Reyes, pidió en su solicitud de revocar la adjudicación que, además, se proteja el derecho fundamental al debido proceso de la compañía y se efectúe una nueva adjudicación contractual, excluyendo del proceso al consorcio Linktic-Muscogee Rama Judicial. Asimismo, solicitó que mientras se resuelve esta solicitud de revocatoria, se suspenda el proceso de firma del contrato “en aras de la defensa y garantía del debido proceso y del principio de legalidad”.

Vea la solicitud de revocatoria presentada por Softplan al director ejecutivo de la Administración Judicial de la Judicatura:

La llegada de la pandemia por Covid-19 agudizó la necesidad de digitalizar la justicia en el país. El tema empezó a caminar nuevamente este año y, luego de una selección abreviada, la Rama Judicial resolvió cuál sería la empresa que asumirá la responsabilidad de implementar una plataforma para el Sistema Único de Gestión Judicial (SIUGJ). Se trata de la sociedad colombo-mexicana Linktic-Muscogee la cual se quedó con el contrato de $22.000 millones para la digitalización de la justicia empezando por 200 despachos del país. La decisión no cayó bien entre los otros oferentes del proyecto. (Lea también: Indra Colombia denuncia al veedor Henry Anaya por líos con licitación de la rama judicial)

“El resultado final, derivado de la evaluación de las ofertas que cumplieron con los requisitos habilitantes, jurídicos, técnicos, financieros y sumados los resultados de evaluación de los factores técnicos (…) el proponente que obtuvo mayor puntaje fue el Consorcio Linktic-Muscogee Rama Judicial, conformado por Linktic S.A.S. y Muscogee Latin American”, determinó la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura agregando que, además, la sociedad cumplió con los criterios de verificación exigidos y su precio se ajustó al presupuesto oficial.

Pero los otros oferentes no piensan igual. El pasado viernes 16 de abril (antes de que la Judicatura anunciara la adjudicación), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizó una reunión para mostrar cómo se desarrolló todo el proceso de selección y, aunque en esa diligencia se dijo que todavía no se definiría la adjudicación porque varios oferentes revelaron posibles irregularidades en las propuestas de sus contendientes y errores en la evaluación de los estudios, lo cierto es que en una resolución fechada de ese mismo día la entidad escogió al consorcio Linktic-Muscogee para esta labor.

Vea la resolución en la que el Consejo Superior de la Judicatura adjudica la licitación a Linktic-Muscogee:

Por eso, la empresa Softplan Sistemas Colombia, también proponente en la licitación, radicó una solicitud de revocatoria ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial argumentando básicamente que Linktic-Muscogee se encuentra al borde de la quiebra, no tiene empleados, tampoco un sistema de gestión judicial y no cuenta con un sistema propio para ser implementado en el contrato que le adjudicaron lo que, a juicio de Softplan, representa un riesgo para la justicia colombiana. (Le puede interesar: Las decisiones judiciales esperadas para este año)

“La acción fue adelantada en virtud a que los estudios que dieron origen a la adjudicación contienen inmensos errores como la no acreditación de la Representación Legal de los integrantes del consorcio Linktic-Muscogee, la presentación de estados financieros que no corresponden con lo exigido por el pliego y otras anomalías que condujeron a la asignación a favor de un consorciado tecnológico que no cuenta con un solo empleado vinculado en su nómina y padece de una deplorable situación financiera con pérdidas anuales, incapacidad para atender sus deudas con el producto de sus utilidades y bajo nivel de activos.” advirtió Softplan.

En la citada reunión del pasado viernes, Softplan puso de presente todas estas presuntas inconsistencias en el proceso de selección, y no fue el único. Adriana Suárez, representante jurídica de otro de los consorcios que participaban del proceso, Servisoft S.A. se adhirió a la petición de Softplan de que se inhabilitara a la sociedad Linktic-Muscogee con base en supuestas irregularidades financieras que habrían sido omitidas por la Judicatura. “A este proponente se le están midiendo con reglas diferentes a las contempladas en el pliego para considerarlo habilitado”, señaló la abogada al tiempo que cuestionó la forma en la que la entidad ha manejado el proceso de selección.

“Cuando hace la proyección del puntaje final de cada uno de los proponentes observamos que hay un consolidado de puntos, más no está la motivación y aclaración a esas respuestas. Entonces, consideramos que sería muy apresurado que la entidad adjudique sin existir la motivación a detalle del por qué el puntaje final de cada uno de estos proponentes (...) Objetamos, por ejemplo, que para el caso de Servisoft, tiene una puntuación diferente el día de hoy a la que conocíamos el día lunes y no hay una motivación de por qué hubo un cambio de ese puntaje”, reiteró Gómez el pasado viernes. (En contexto: Consejo Superior de la Judicatura suspendió la atención presencial en despachos judiciales)

Volviendo a Softplan, el apoderado Guillermo Francisco Reyes, pidió en su solicitud de revocar la adjudicación que, además, se proteja el derecho fundamental al debido proceso de la compañía y se efectúe una nueva adjudicación contractual, excluyendo del proceso al consorcio Linktic-Muscogee Rama Judicial. Asimismo, solicitó que mientras se resuelve esta solicitud de revocatoria, se suspenda el proceso de firma del contrato “en aras de la defensa y garantía del debido proceso y del principio de legalidad”.

Vea la solicitud de revocatoria presentada por Softplan al director ejecutivo de la Administración Judicial de la Judicatura: