Ante un juez del complejo judicial de Paloquemao los abogados del excongresista Oscar Arboleda radicaron un recurso de Habeas Corpus con el fin de solicitar su libertad inmediata.
En el documento se señala que se presentaron irregularidades en la captura adelantada por agentes del CTI de la Fiscalía General, puesto que fue detenido en la sede del Parlamento Andino.
Los abogados consideran que es un organismo de derecho internacional por lo que se presentaría un vicio de ilegalidad en esta captura que fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con fines de indagatoria por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.
En la diligencia de indagatoria se adelantará en la tarde de este jueves en el búnker de la Fiscalía General ante un magistrado auxiliar.
El miércoles agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en la ciudad de Bogotá al expresidente de la Cámara de Representantes, Óscar Arboleda Palacio, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención del exparlamentario investigado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Su caso se desprende de la misma investigación por la cual resultó condenado Óscar Suárez Mira y por la que la Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento el pasado 5 de septiembre al excandidato del partido Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos.
El expediente señala que a principios de 2005 en la finca de Hugo Albeiro Quintero, alias 'el patrón de Bello', se reunieron los entonces congresistas conservadores Óscar Suárez Mira, Luis Alfredo Ramos, Manuel Ramiro Velásquez y Oscar Arboleda Palacio. A ese encuentro asistieron los jefes paramilitares 'Ernesto Báez', 'Julián Bolívar', 'Alberto Guerrero' y 'El patrón de Bello'.
El objetivo de la reunión era pactar un acuerdo para que los parlamentarios apoyaran la Ley de Justicia y Paz que hacía tránsito en el Congreso. El problema es que ninguno de los congresistas tenía autorización del gobierno Uribe para realizar este tipo de reuniones.
La Corte basó su decisión en las declaraciones entregadas por un grupo de paramilitares que salpicaron a varios dirigentes políticos quien habrían pactado estos acuerdos a cambio de legislar a favor de este grupo armado ilegal.
Por El Espectador
