Solicitan pruebas a Medicina Legal en investigación por muerte de grafitero
La Procuraduría investiga disciplinariamente al patrullero de la Policía Metropolitana Wilmer Antonio Alarcón.
El Espectador
La Procuraduría General le solicitó al Instituto de Medicina Legal que le envie todos los informes y conceptos forenses que se le practicaron al cuerpo del joven grafitero, Diego Felipe Becerra quien murió por un disparo propinado por un patrullero de la Policía Metropolitana en confusos hechos registrados el 19 de agosto de 2010.
El Ministerio Público solicitó estas pruebas dentro del proceso disciplinario que se adelanta contra el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, por abuso de fuerza, en la acción cuando le disparó al joven de 16 años después de perseguirlo por varias cuadas en hechos que son investigados también por la Fiscalía.
Entre las prueba solicitadas por la Procuraduría se encuentran los dictámenes de “absorción atómica” en los cuales se indicó que pese a las declaraciones del patrullero y de un grupo de testigos, el joven grafitero no manipuló una pistola.
Igualmente se espera recibir el informe de CTI en el que se indica que el arma de fuego que fue encontrada cerca del cuerpo de Diego Felipe Becerra no funcionaba, hecho con el que la defensa de la familia del joven ha buscado desvirtuar la tesis sobre un cruce de disparos entre el grafitero y el uniformado.
El pasado 23 de noviembre la Procuraduría abrió investigación contra el uniformado asegurando que las normas que rigen a la policía el uso de la fuerza y armas de fuego, "tiene carácter excepcional para prevenir la comisión del delito o restablecer el orden público evitando su uso indiscriminado", señalando así que debe existir un principio de proporcionalidad, aplicando siempre la medida de control menos rigurosa posible.
Igualmente se señala en la decisión que la Constitución obliga a los miembros de la fuerza pública a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida; obligación que habría sido incumplida "ya que presuntamente el patrullero prefirió asumir acciones desproporcionadas en contra de la persona que perseguía causándole la muerte".
Como segundo cargo, el uniformado deberá responder por presuntamente haber participado en la alteración de la escena donde ocurrieron los hechos que concluyeron con el fallecimiento del joven Diego Felipe Becerra.
Estas faltas fueron calificadas en el pliego de cargos como gravísimas cometidas a título de dolo.
El pasado 7 de febrero el patrullero de la policía fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá, luego de que la Fiscalía le imputará el delito de homicidio agravado.
La Procuraduría General le solicitó al Instituto de Medicina Legal que le envie todos los informes y conceptos forenses que se le practicaron al cuerpo del joven grafitero, Diego Felipe Becerra quien murió por un disparo propinado por un patrullero de la Policía Metropolitana en confusos hechos registrados el 19 de agosto de 2010.
El Ministerio Público solicitó estas pruebas dentro del proceso disciplinario que se adelanta contra el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, por abuso de fuerza, en la acción cuando le disparó al joven de 16 años después de perseguirlo por varias cuadas en hechos que son investigados también por la Fiscalía.
Entre las prueba solicitadas por la Procuraduría se encuentran los dictámenes de “absorción atómica” en los cuales se indicó que pese a las declaraciones del patrullero y de un grupo de testigos, el joven grafitero no manipuló una pistola.
Igualmente se espera recibir el informe de CTI en el que se indica que el arma de fuego que fue encontrada cerca del cuerpo de Diego Felipe Becerra no funcionaba, hecho con el que la defensa de la familia del joven ha buscado desvirtuar la tesis sobre un cruce de disparos entre el grafitero y el uniformado.
El pasado 23 de noviembre la Procuraduría abrió investigación contra el uniformado asegurando que las normas que rigen a la policía el uso de la fuerza y armas de fuego, "tiene carácter excepcional para prevenir la comisión del delito o restablecer el orden público evitando su uso indiscriminado", señalando así que debe existir un principio de proporcionalidad, aplicando siempre la medida de control menos rigurosa posible.
Igualmente se señala en la decisión que la Constitución obliga a los miembros de la fuerza pública a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida; obligación que habría sido incumplida "ya que presuntamente el patrullero prefirió asumir acciones desproporcionadas en contra de la persona que perseguía causándole la muerte".
Como segundo cargo, el uniformado deberá responder por presuntamente haber participado en la alteración de la escena donde ocurrieron los hechos que concluyeron con el fallecimiento del joven Diego Felipe Becerra.
Estas faltas fueron calificadas en el pliego de cargos como gravísimas cometidas a título de dolo.
El pasado 7 de febrero el patrullero de la policía fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá, luego de que la Fiscalía le imputará el delito de homicidio agravado.