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Solicitarán aplazamiento de audiencia contra implicadas en caso Colmenares

Espera que la Corte Suprema resuelva la acción judicial interpuesta en contra del Tribunal Superior de Bogotá.

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El Espectador
26 de abril de 2012 - 06:48 a. m.
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Ante el juez 11 de conocimiento, el fiscal 11 de Vida Antonio Luis González solicitará el aplazamiento de la audiencia en la que iba a presentar el escrito de acusación contra las estudiantes de la Universidad de los Andes, Laura Moreno y Jessy Quintero, implicadas en la muerte de Luis Andrés Colmenares.

Según el fiscal del caso, es primordial y necesario que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva la acción de tutela que interpuso en contra de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de levantarle el delito de falso testimonio a Laura Moreno.

En este sentido indicó que el magistrado José Joaquín Urbano se extralimitó en sus funciones, puesto que no podía anular la imputación de dicho delito, hecho por el cual le solicitó al alto tribunal que se anule dicha decisión y la estudiante de 22 años continúe siendo procesada por dos delitos.

El fiscal González presentó rechazó los argumentos presentados por el togado quien consideró que existía un error por parte de la Fiscalía en la imputación en el proceso que se adelanta por la muerte de Luis Andrés Colmenares.

Ante esto la joven será procesada únicamente por el delito de homicidio agravado, en calidad de coautora.

Según la decisión judicial, se cometieron irregularidades por parte de la Fiscalía en la imputación del cargo de falso testimonio en contra de la estudiante de la Universidad de los Andes puesto que ella se presentó al ente acusador para rendir sus declaraciones en calidad de testigo y no de indiciada.

En este sentido señaló que la joven de 22 años manifestó su versión de los hechos en el proceso que se estaba adelantando por la extraña muerte de Colmenares, dado claridad sobre las actividades que realizó con otro grupo de compañeros la noche del 31 de octubre de 2010.

“Con la lógica de la Fiscalía habría que concluir que cualquier persona que se indague o investigue como posible partícipe de un delito tiene la obligación de acudir a esa institución con el fin de autoincriminarse, puesto que de no hacerlo correría el riesgo de que se le impute un delito por no haber sido incriminado”, preciso el magistrado José Joaquín Urbano.

Ante esto manifestó que se presentaron irregularidades en los controles por parte del juez de garantías que presidió la primera audiencia el pasado 7 de octubre, señalando que la Fiscalía no presentó una prueba fáctica durante la imputación. 

Por El Espectador

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