Solicitarán desarchivar investigación contra Petro por irregularidades en modelo de aseo
En la acción se argumentará que la Fiscalía General no tuvo en cuenta todas las pruebas presentadas
Redacción Judicial
En los próximos días se presenará una solictud ante un juez de garantías que busca que se desarchive el proceso contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por las irregularidades en la planeación y puesta en marcha del nuevo esquema de aseo en la capital de la República implementado en diciembre de 2013.
En la petición se argumentará que este proceso no puede calificarse como cosa juzgada. En este sentido se manifestará que la Fiscalía General no estudió todas las pruebas relacionadas con las irregularidades en el proceso de contratación que adelantó el Distrito con la Empresa Aguas de Bogotá, filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB).
Para el jurista, existen pruebas documentales y testimoniales, que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General, para inferir la responsabilidad del burgomaestre en las fallas contractuales y daño al medio ambiente por la implementación de este modelo de aseo el 18 de diciembre de 2013.
En el recurso se solicitará la declaración del vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo para que explique los motivos que llevaron a que el ente investigador archivara la investigación en favor del mandatario distrital, quien era indagado por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción.
El pasado viernes la Fiscalía General manifestó que no existían elementos para considerar la comisión de delitos en lo relacionado con otros hechos que fueron objeto de denuncia, tales como la celebración del contrato 017 entre la Uaesp y la EAB, la expedición del Decreto 564 de 2012, la importación de vehículos compactadores, y la autorización temporal para utilizar volquetas para la recolección de basuras.
Igualmente, se archivó la investigación frente al supuesto complot de operadores privados contra la Administración Distrital, y las presuntas irregularidades en la falta de devolución de los camiones por parte de dichos operadores.
En los próximos días se presenará una solictud ante un juez de garantías que busca que se desarchive el proceso contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por las irregularidades en la planeación y puesta en marcha del nuevo esquema de aseo en la capital de la República implementado en diciembre de 2013.
En la petición se argumentará que este proceso no puede calificarse como cosa juzgada. En este sentido se manifestará que la Fiscalía General no estudió todas las pruebas relacionadas con las irregularidades en el proceso de contratación que adelantó el Distrito con la Empresa Aguas de Bogotá, filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB).
Para el jurista, existen pruebas documentales y testimoniales, que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General, para inferir la responsabilidad del burgomaestre en las fallas contractuales y daño al medio ambiente por la implementación de este modelo de aseo el 18 de diciembre de 2013.
En el recurso se solicitará la declaración del vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo para que explique los motivos que llevaron a que el ente investigador archivara la investigación en favor del mandatario distrital, quien era indagado por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción.
El pasado viernes la Fiscalía General manifestó que no existían elementos para considerar la comisión de delitos en lo relacionado con otros hechos que fueron objeto de denuncia, tales como la celebración del contrato 017 entre la Uaesp y la EAB, la expedición del Decreto 564 de 2012, la importación de vehículos compactadores, y la autorización temporal para utilizar volquetas para la recolección de basuras.
Igualmente, se archivó la investigación frente al supuesto complot de operadores privados contra la Administración Distrital, y las presuntas irregularidades en la falta de devolución de los camiones por parte de dichos operadores.