La defensa del general (r) Jaime Uscatégui interpondrá en los próximos días una solicitud de medidas cautelares con la que busca que se le otorgue la libertad al oficial condenado a 37 años de prisión por su participación en la masacre de Mapiripán perpetrada en junio de 1997.
La acción será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de que se le otorguen estas medidas “con base en las irregularidades que el país conoce en relación con las falsas víctimas”.
En este sentido aseguró que en este proceso se han presentado falsos testigos que han acusado al general de permitir el paso de los paramilitares por la región hasta el municipio de Mapiripán. “Son 15 años de vejámenes del Estado colombiano en este caso”.
Igualmente presentará ante el organismo internacional los documentos con los que se busca sustentar la inocencia del general, quien actualmente se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar.
Este jueves se conoció que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición de revisión de su proceso presentada por el general en retiro alegando violaciones al debido proceso y otras garantías personales.
Con el informe de admisibilidad, expedido por la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, se da apertura al expediente No. 12.977 y se fija un periodo de 4 meses para sustentar el fondo del caso, que según el hijo del general, presenta serias irregularidades que involucran a falsas víctimas, falsos testigos y falsas pruebas. “Todo ha estado orientado a culpar a mi padre por una supuesta omisión, mientras los verdaderos responsables de la masacre no han sido sancionados”, ha declarado José Jaime Uscátegui.
“En criterio de la CIDH, existen suficientes méritos para considerar que al General Uscátegui se le han violado los siguientes artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos: 5º (Derecho a la Integridad Personal), 7º (Derecho a la Libertad Personal), 8º (Garantías Judiciales) y 25º (Protección Judicial)”, dice el texto de ese organismo internacional.
Esta es la primera vez en la historia del país que un alto oficial del Ejército Nacional recibe el respaldo de la CIDH para intentar demostrar que su proceso habría sido manipulado con la existencia de falsas víctimas, falsos testigos y otros abusos graves por las cuales el Estado debe ahora responder.
Por Redacción Judicial
