Solicitud de libertad de Álvaro Uribe debe resolverla un juez: Fiscalía
Según explicó el ente investigador, el proceso se llevará en el Sistema Penal Acusatorio, por lo que el competente para resolver la solicitud es un juez y no el fiscal del caso.
El coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, tomó las dos primeras decisiones del caso Uribe, apenas a un día de haber recibido el expediente. El funcionario resolvió que el proceso por presunta manipulación de testigos que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez se llevará bajo el Sistema Penal Acusatorio (ley 906 de 2004) y no bajo el sistema del Código Penal (ley 600 de 2000). Por ende, rechazó de tajo la solicitud de libertad que había radicado la defensa del exmandatario porque el competente para resolverla será un juez.
(Lea también: Caso Uribe: Corte Suprema se apega al trámite y le pregunta al fiscal si se declarará impedido
La Fiscalía dijo en un comunicado: “el fiscal a cargo de la investigación rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa técnica del exsenador Álvaro Uribe Vélez porque este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías conforme a lo establecido por la ley 906 de 2004 que diseñó el sistema penal acusatorio en Colombia”. Es decir, en el sistema al que pasará ahora el proceso contra el expresidente el fiscal del caso no tiene la facultad de resolver una solicitud así.
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El proceso que adelantó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por más de dos años contra el expresidente Uribe se enmarcó siempre en el procedimiento del Código Penal: los magistrados de esa instancia hacen las veces de fiscales, ordenan pruebas y después de llamar al investigado a indagatoria y decidir si afrontan el proceso en libertad o no, los acusan ante la Sala de Primera Instancia, donde otro grupo de magistrados llevan el juicio. Desde que Uribe renunció al Senado y la Corte resolvió enviar su proceso a la Fiscalía, sin embargo, no se sabía si el ente investigador continuaría con ese sistema.
Y es que, desde 2004, cuando se creó el Sistema Penal Acusatorio los fiscales perdieron las funciones de jueces (que sí conservan los magistrados de la Sala de Instrucción). Es decir: el caso Uribe tendrá que mutar de un procedimiento penal a otro, algo que escasas veces se ha visto. “La complejidad de la investigación y la dispendiosa documentación del expediente exigirá que en los próximos días se haga un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales”, reconoció la Fiscalía en un comunicado este viernes.
(Vea: Fue una decisión unánime: Corte Suprema sobre envío del caso Uribe a la Fiscalía)
Ahora que se definió que el proceso se llevará en el sistema penal acusatorio se resuelve uno de los tantos interrogantes que quedan en el proceso. Por ahora, entonces, si el fiscal Jaimes encuentra mérito, podría acusar expresidente Uribe ante un juez de conocimiento, con lo que el eventual juicio contra el expresidente lo llevaría un juez ordinario. Asimismo, un juez de control de garantías debería resolver cualquier solicitud sobre la medida de aseguramiento que le impuso la Corte Suprema por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Jaimes, a quien Barbosa le entregó el caso Uribe el pasado jueves 3 de septiembre, es un funcionario público de vieja data que trabajó en la Fiscalía en 1994 y desde allí forjó parte de su carrera: en 1999 llegó a Bucaramanga y, en 2007, se fue para la Dirección Seccional de Fiscalías de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Luego, dijo, trabajó en “casos connotados en Colombia” desde la Unidad Anticorrupción. En abril de 2008 pasó al Consejo de Estado como magistrado auxiliar en el despacho del entonces magistrado Alejandro Ordóñez Maldonado, quien luego fue procurador general.
En el proceso que deberá llevar este fiscal cercano a Ordoñez se investigan supuestas presiones de Uribe y de personas cercanas a él a testigos que han hablado en su contra para que cambiaran su versión. Tal es el caso, por ejemplo, de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien el abogado Diego Cadena, al parecer actuando en nombre de Uribe, le entregó millones en “ayudas humanitarias”. O el de Juan Guillermo Monsalve, hijo del exmayordomo de la finca Guacharacas, una propiedad en la que presuntamente nació el Bloque Metro de las Autodefensas, con supuesto apoyo de los Uribe.
El coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, tomó las dos primeras decisiones del caso Uribe, apenas a un día de haber recibido el expediente. El funcionario resolvió que el proceso por presunta manipulación de testigos que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez se llevará bajo el Sistema Penal Acusatorio (ley 906 de 2004) y no bajo el sistema del Código Penal (ley 600 de 2000). Por ende, rechazó de tajo la solicitud de libertad que había radicado la defensa del exmandatario porque el competente para resolverla será un juez.
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La Fiscalía dijo en un comunicado: “el fiscal a cargo de la investigación rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa técnica del exsenador Álvaro Uribe Vélez porque este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías conforme a lo establecido por la ley 906 de 2004 que diseñó el sistema penal acusatorio en Colombia”. Es decir, en el sistema al que pasará ahora el proceso contra el expresidente el fiscal del caso no tiene la facultad de resolver una solicitud así.
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El proceso que adelantó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por más de dos años contra el expresidente Uribe se enmarcó siempre en el procedimiento del Código Penal: los magistrados de esa instancia hacen las veces de fiscales, ordenan pruebas y después de llamar al investigado a indagatoria y decidir si afrontan el proceso en libertad o no, los acusan ante la Sala de Primera Instancia, donde otro grupo de magistrados llevan el juicio. Desde que Uribe renunció al Senado y la Corte resolvió enviar su proceso a la Fiscalía, sin embargo, no se sabía si el ente investigador continuaría con ese sistema.
Y es que, desde 2004, cuando se creó el Sistema Penal Acusatorio los fiscales perdieron las funciones de jueces (que sí conservan los magistrados de la Sala de Instrucción). Es decir: el caso Uribe tendrá que mutar de un procedimiento penal a otro, algo que escasas veces se ha visto. “La complejidad de la investigación y la dispendiosa documentación del expediente exigirá que en los próximos días se haga un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales”, reconoció la Fiscalía en un comunicado este viernes.
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Ahora que se definió que el proceso se llevará en el sistema penal acusatorio se resuelve uno de los tantos interrogantes que quedan en el proceso. Por ahora, entonces, si el fiscal Jaimes encuentra mérito, podría acusar expresidente Uribe ante un juez de conocimiento, con lo que el eventual juicio contra el expresidente lo llevaría un juez ordinario. Asimismo, un juez de control de garantías debería resolver cualquier solicitud sobre la medida de aseguramiento que le impuso la Corte Suprema por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Jaimes, a quien Barbosa le entregó el caso Uribe el pasado jueves 3 de septiembre, es un funcionario público de vieja data que trabajó en la Fiscalía en 1994 y desde allí forjó parte de su carrera: en 1999 llegó a Bucaramanga y, en 2007, se fue para la Dirección Seccional de Fiscalías de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Luego, dijo, trabajó en “casos connotados en Colombia” desde la Unidad Anticorrupción. En abril de 2008 pasó al Consejo de Estado como magistrado auxiliar en el despacho del entonces magistrado Alejandro Ordóñez Maldonado, quien luego fue procurador general.
En el proceso que deberá llevar este fiscal cercano a Ordoñez se investigan supuestas presiones de Uribe y de personas cercanas a él a testigos que han hablado en su contra para que cambiaran su versión. Tal es el caso, por ejemplo, de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien el abogado Diego Cadena, al parecer actuando en nombre de Uribe, le entregó millones en “ayudas humanitarias”. O el de Juan Guillermo Monsalve, hijo del exmayordomo de la finca Guacharacas, una propiedad en la que presuntamente nació el Bloque Metro de las Autodefensas, con supuesto apoyo de los Uribe.