La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector que estarían presuntamente infiltradas por estructuras criminales, en medio de una ofensiva contra la ilegalidad en los servicios de seguridad privada.
La decisión fue confirmada por el superintendente Larry Álvarez Morales, quien advirtió sobre un patrón reiterado: compañías que obtienen permisos legales para operar, pero que posteriormente pondrían personal, armamento o recursos al servicio de organizaciones ilegales.
Según la entidad, las investigaciones han permitido identificar posibles vínculos entre empresas de vigilancia y actividades delictivas, incluyendo el uso de armas autorizadas en hechos criminales y la relación de algunos trabajadores con estructuras ilegales. Estas conductas, aseguró la entidad, podrían derivar en delitos como lavado de activos y otras economías ilícitas.
En el marco de estas actuaciones, se adoptaron medidas en distintas regiones del país. En Barranquilla (Atlántico), por ejemplo, se ordenó la cancelación de licencias en primera instancia a las empresas Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda. Además, la Superintendencia anticipó que al menos ocho compañías más podrían ser sancionadas como resultado de procesos en curso.
El avance de las investigaciones ha sido conjunto con la Fiscalía General de la Nación y entidades del sector Defensa, permitiendo fortalecer el control sobre armas en manos de particulares, así como el cruce de información para detectar irregularidades. De acuerdo con el superintendente, las actuaciones se adelantan en el marco del debido proceso.
Aunque la entidad resaltó que la mayoría de las empresas de vigilancia operan dentro del marco legal y generan empleo para más de 360.000 familias, reiteró que aquellas que incumplan la normativa o sean utilizadas como fachada para actividades ilícitas serán objeto de sanciones.
El presunto plan para crear una empresa de seguridad para disidencias de alias “Calarcá”
Uno de los casos más delicados sobre el posible uso de empresas de seguridad como fachada para favorecer a estructuras armadas se conoció en noviembre de 2025. En ese momento, una serie de chats, documentos internos y comunicaciones incautadas a disidencias de las Farc de alias “Calarcá” evidenciaron la supuesta participación de un alto oficial del Ejército y funcionarios de inteligencia en la entrega de información sensible a ese grupo ilegal.
En el centro de los señalamientos aparece el general (r) Juan Miguel Huertas, hoy reintegrado a la institución y al frente del Comando de Personal, quien, según los archivos analizados, habría sostenido contactos con hombres de la estructura liderada por alias “Calarcá”. El material, divulgado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, proviene de dispositivos electrónicos —computadores, celulares y memorias USB— incautados durante un operativo realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).
Pese a que esta información llegó a la Fiscalía hace más de un año, no se conocen avances sustanciales en la investigación. Por el contrario, en ese momento la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la libertad de la mayoría de los capturados bajo la figura de gestores de paz. Entre los elementos recolectados figuran correos electrónicos, fotografías, documentos internos de la fuerza pública y una carta atribuida a un hombre cercano a “Calarcá”, en la que se menciona directamente al general Huertas.
De acuerdo con ese documento, el oficial habría sostenido reuniones en Bogotá con un presunto integrante de las disidencias para plantear la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal. El objetivo, según la hipótesis investigativa, sería facilitar la movilidad en vehículos blindados y el porte de armas con permisos oficiales, un esquema que recuerda modelos utilizados por estructuras paramilitares en la década de los noventa.
En este mismo episodio también fue mencionado Wilmar Mejía, entonces funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien, según los señalamientos, habría participado junto a Huertas en encuentros con emisarios de alias “Calarcá” para impulsar la iniciativa. Un exintegrante de esa estructura, citado por Noticias Caracol, aseguró que ambos presentaron el proyecto como una inversión a futuro ante un eventual fracaso de los procesos de paz.
La carta, fechada el 8 de febrero de 2024, recoge la supuesta propuesta en los siguientes términos: “Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal”.
Estos hechos motivaron la intervención de la Procuraduría, que ordenó la suspensión provisional de Huertas y Mejía al considerar que ambos ocupan cargos estratégicos con acceso a información sensible. Sin embargo, tres meses después que se cumpliera la suspensión provisional, la medida no fue prorrogada por el Ministerio Público.
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Actualmente, Huertas continúa en su cargo, mientras que Wilmar Mejía presentó su renuncia irrevocable el pasado 1 de abril a la Dirección de Inteligencia. El exfuncionario ha negado cualquier vínculo con estructuras ilegales. Días después de su salida, el Ministerio de Hacienda oficializó su nombramiento como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
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