Durante las dos últimas semanas, el servicio de vigilancia privada ha estado en el ojo del huracán. Desde que se conoció el caso de la celadora Edy Fonseca, otras denuncias del mismo calibre se han conocido. Es el caso de Herbert Bolívar, un vigilante que denunció que llevaba 50 días viviendo en una bodega donde presta el servicio de guardia. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le puso atención a la situación y expresó que el problema de los abusos laborales que se han denunciado tiene origen en la contratación de personas naturales para la vigilancia, acción que es ilegal y por la cual la Supervigilancia ya anunció consecuencias.
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A través de un documentom la Supervigilancia anunció que con el propósito de dignificar “la labor del vigilante, valorando, protegiendo y agradeciendo a los guardas de seguridad que aún en momentos de crisis están velando por la seguridad de las familias y sus intereses”, ordenó una visita de inspección de la bodega de Inversiones Santa Bárbara RBR S.A.S., donde Bolívar está trabajando. Lo delicado del asunto y que preocupa a la entidad es que nuevamente se confirmen irregularidades en la contratación de vigilancia.
De acuerdo con lo comunicado por la Supervigilancia ,“de comprobarse que hubo una contratación directa entre el contratante y el señor Bolívar conllevaría la imposición de una medida cautelar que ordene la suspensión inmediata de las actividades”. Además, la empresa tendría que pagar una multa de 10 salarios mínimos vigentes si no acata la medida. Por otra parte, si en la visita se identifica la contratación de una empresa de vigilancia no certificada por la Superintendencia, la multa oscilaría entre 20 y 40 salarios mínimos, es decir, que las sanciones no bajarían de $19 millones.
Luego de las denuncias por parte de los vigilantes, la entidad señaló que “rechaza categóricamente esta clase de contrataciones ilegales que no solo afectan al sector, sino que podría encubrir casos de explotación y abusos en contra del personal que desarrolla actividades de vigilancia”. Así mismo, el día de ayer, la Superintendencia anunció medidas cautelares para el edificio Luz Marina de Maez, luego de hacer una visita el pasado 8 de mayo en la que se encontraron irregularidades en la contratación con Edy Fonseca, celadora que denunció haber sido obligada a permanecer durante semanas en la edificación, sin poder ir a su casa o compartir con su familia.
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De acuerdo con el documento que conoció El Espectador, María Fernanda Vargas y Óscar Leonardo Osorio, representante legal y presidente del consejo de administración, respectivamente, les indicaron a los funcionarios de la Supervigilancia que no tienen vigilancia privada con una empresa.
Como se puede leer en el documento, en el edificio “tiene contratado el servicio de vigilancia y seguridad privada con personas naturales directamente, que se encuentran desarrollando actividades para el cuidado y protección del edificio bajo la modalidad de vigilancia fija sin armas, lo cual configura una actividad ilegal, no autorizada por esta Superintendencia”.
Luego de la visita se le ordenó, como medida cautelar, la suspensión de este modelo de contratación, Asimismo, especificó los pasos a seguir en caso de encontrar irregularidades de este tipo en el servicio de vigilancia en residencias y otros lugares. Recomendó visitar la página de la Supervigilancia para verificar que todo esté en orden con la empresa de vigilancia y, en casos contrarios, denunciarlos ante esta entidad.
Hasta el momento, ni edificio ni la Supervigilancia han anunciado qué pasará con la vigilancia luego de suspender la contratación de personas naturales en el servicio de vigilancia. Sin embargo, la entidad invitó a la ciudadanía a contratar empresas vigiladas y certificadas por su jurisdicción para evitar hechos lamentables como el de la vigilante Edy Fonseca.
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De acuerdo con lo que Miguel Ángel Días, presidente de la Confederación Nacional De Empresas de Vigilancia Privada, le dijo a este diario el pasado mes de marzo, hay aproximadamente 400.000 guardias de seguridad en Colombia. Por cuenta de la pandemia, los esquemas de seguridad privada se han reducido entre un 30% y 40% según esta confederación.
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Por Redacción Judicial
