Supuesta mafia habría dejado a 44.000 personas en Santa Marta sin agua

Una de las grandes preocupaciones que tienen las ciudades del país en tiempos de sequía es la provisión de agua potable para sus habitantes. La Alcaldía de Santa Marta, por ejemplo, entre marzo y abril de este año, declaró calamidad pública en la capital del Magdalena por el déficit del preciado líquido, e incluso, tuvo que solicitar ayuda del Gobierno Nacional para solucionar la delicada situación. En su momento, el alcalde encargado del municipio, Andrés Rugeles, atribuyó la problemática a la debilidad de las redes de distribución de agua y a factores climáticos. "Es un problema de vieja data", indicó el exmandatario local en su momento.  

(Vea: Calamidad pública en Santa Marta por escasez de agua) 

Sin embargo, en la últimas horas, La Fiscalía General logró poner en evidencia una mafia que se estaría robando el agua en Santa Marta y que afectó a cerca de 44.000 samarios. El ente investigador capturó e investiga a dos personas señaladas de conectar, de manera ilícita, tubos para extraer agua del acueducto de la capital del Magdalena. Se trata de Pablo Castro, de 59 años de edad; y de Germán David Paredes Duarte de 60, quienes fueron capturados en momentos en que extraían el preciado líquido.Los residentes de la Vereda Puerto Mosquitos, según el ente investigador, eran los más afectados por esta maniobra. Además,  habría generado una grave afectación económica a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar).

La Fiscalía General les imputó los delitos de daño en obra de utilidad social, defraudación de fluidos agravado y usurpación de aguas agravada. El juez del caso señaló que los implicados, aunque permanecerán en libertad, tendrán que portar brazaletes electrónicos suministrados por el Inpec, y cumplir con la obligación de presentarse, cada 15 días, a la estación de policía de Mamatoco en la capital del Magdalena. "Castro y Paredes, además, no podrán visitar los inmuebles allanados, y deberán mantener buena conducta", señaló el vicefiscal general encargado, Jaime Camacho, durante una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón señaló que "Las pérdidas técnicas en los acueductos de América Latina oscilan entre el 20 y 35 %, una ciudad que sobrepase estos porcentajes difícilmente podrá cumplir con su misión de proveer agua potable". El jefe de la cartera ministerial indicó que hay un grupo de ciudades que superan estas pérdidas, llegando incluso al 70% del agua que se potabiliza. "Santa Marta es un caso emblemático y cuando se rebasa estos topes de pérdida técnica suele haber robo de agua", dijo Malagón. A renglón seguido manifestó que "este es uno de los delitos más miserables porque se afecta a las poblaciones más pobres. Luego estos grupos criminales van a las zonas que se quedaron sin agua a venderla y posando como sus benefactores".

Además, Malagón indicó que desde la semana pasada los pobladores de esta zona ya cuenta con el servicio de agua que les había sido quitado de manera ilegal. Por último, el jefe de esta cartera anunció que, de la mano de las autoridades, seguirán combatiendo el robo de agua en lugares donde las pérdidas del 35% como en Huila, La Guajira y Buenaventura. José Rodrigo Dajud Durán, el gerente de la Essmar señaló que hay más personas involucradas en este masivo robo del que, según el ente investigador, fue víctima la empresa.

Una de las grandes preocupaciones que tienen las ciudades del país en tiempos de sequía es la provisión de agua potable para sus habitantes. La Alcaldía de Santa Marta, por ejemplo, entre marzo y abril de este año, declaró calamidad pública en la capital del Magdalena por el déficit del preciado líquido, e incluso, tuvo que solicitar ayuda del Gobierno Nacional para solucionar la delicada situación. En su momento, el alcalde encargado del municipio, Andrés Rugeles, atribuyó la problemática a la debilidad de las redes de distribución de agua y a factores climáticos. "Es un problema de vieja data", indicó el exmandatario local en su momento.  

(Vea: Calamidad pública en Santa Marta por escasez de agua) 

Sin embargo, en la últimas horas, La Fiscalía General logró poner en evidencia una mafia que se estaría robando el agua en Santa Marta y que afectó a cerca de 44.000 samarios. El ente investigador capturó e investiga a dos personas señaladas de conectar, de manera ilícita, tubos para extraer agua del acueducto de la capital del Magdalena. Se trata de Pablo Castro, de 59 años de edad; y de Germán David Paredes Duarte de 60, quienes fueron capturados en momentos en que extraían el preciado líquido.Los residentes de la Vereda Puerto Mosquitos, según el ente investigador, eran los más afectados por esta maniobra. Además,  habría generado una grave afectación económica a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar).

La Fiscalía General les imputó los delitos de daño en obra de utilidad social, defraudación de fluidos agravado y usurpación de aguas agravada. El juez del caso señaló que los implicados, aunque permanecerán en libertad, tendrán que portar brazaletes electrónicos suministrados por el Inpec, y cumplir con la obligación de presentarse, cada 15 días, a la estación de policía de Mamatoco en la capital del Magdalena. "Castro y Paredes, además, no podrán visitar los inmuebles allanados, y deberán mantener buena conducta", señaló el vicefiscal general encargado, Jaime Camacho, durante una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón señaló que "Las pérdidas técnicas en los acueductos de América Latina oscilan entre el 20 y 35 %, una ciudad que sobrepase estos porcentajes difícilmente podrá cumplir con su misión de proveer agua potable". El jefe de la cartera ministerial indicó que hay un grupo de ciudades que superan estas pérdidas, llegando incluso al 70% del agua que se potabiliza. "Santa Marta es un caso emblemático y cuando se rebasa estos topes de pérdida técnica suele haber robo de agua", dijo Malagón. A renglón seguido manifestó que "este es uno de los delitos más miserables porque se afecta a las poblaciones más pobres. Luego estos grupos criminales van a las zonas que se quedaron sin agua a venderla y posando como sus benefactores".

Además, Malagón indicó que desde la semana pasada los pobladores de esta zona ya cuenta con el servicio de agua que les había sido quitado de manera ilegal. Por último, el jefe de esta cartera anunció que, de la mano de las autoridades, seguirán combatiendo el robo de agua en lugares donde las pérdidas del 35% como en Huila, La Guajira y Buenaventura. José Rodrigo Dajud Durán, el gerente de la Essmar señaló que hay más personas involucradas en este masivo robo del que, según el ente investigador, fue víctima la empresa.