Suscriben protocolo para evitar batidas e irregularidades durante reclutamiento militar
El documento establece una ruta de orientación para definir la situación militar en procesos de incorporación en los que deben primar los derechos humanos.
Redacción Judicial
Con el propósito de orientar a los jóvenes en los procedimientos de incorporación militar y policial, así como para resolver sus dudas e inquietudes respecto al proceso, este miércoles fue suscrito un documento que facilitará la definición de la situación militar.
Se trata de un protocolo de orientación suscrito entre la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional y la Policía, que establece una ruta de actuación para asesorar a los jóvenes que acuden a las instituciones del Estado con el fin de pedir acompañamiento en esta materia.
El documento comprende una serie de parámetros que fueron concertados entre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el defensor, Jorge Armando Otálora, el comandante del Ejército, general Jaime Alfonso Lasprilla, el jefe de Reclutamiento de la institución y altos mandos de la Policía.
- Explicar la clasificación de las situaciones en las que se pueden encontrar los ciudadanos durante el proceso de definición de su situación militar.
- Establecer canales de comunicación directa entre las autoridades de reclutamiento y la Defensoría del Pueblo para gestionar adecuada y oportunamente los casos, solicitudes, peticiones y quejas que sean presentadas por la ciudadanía ante la entidad.
- Establecer una ruta para la desincorporación, desacuartelamiento o retiro de los jóvenes que ya se encuentran en alguna de las fuerzas y deban ser retirados por estar inmersos en una causal de exención, aplazamiento o ser objetores de conciencia.
- Incluir un directorio de enlaces directos, que en lo sucesivo existirán entre las Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para el trámite de los casos de incorporación al servicio militar obligatorio.
En el documento, las entidades se comprometen a brindar información sobre las causales de exención, a gestionar oportunamente las solicitudes de objeción de conciencia, a evitar la retención de jóvenes no inscritos en el sistema y a realizar un registro fílmico de los procedimientos de reclutamiento para verificar la transparencia de los mismos.
Con el propósito de orientar a los jóvenes en los procedimientos de incorporación militar y policial, así como para resolver sus dudas e inquietudes respecto al proceso, este miércoles fue suscrito un documento que facilitará la definición de la situación militar.
Se trata de un protocolo de orientación suscrito entre la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional y la Policía, que establece una ruta de actuación para asesorar a los jóvenes que acuden a las instituciones del Estado con el fin de pedir acompañamiento en esta materia.
El documento comprende una serie de parámetros que fueron concertados entre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el defensor, Jorge Armando Otálora, el comandante del Ejército, general Jaime Alfonso Lasprilla, el jefe de Reclutamiento de la institución y altos mandos de la Policía.
- Explicar la clasificación de las situaciones en las que se pueden encontrar los ciudadanos durante el proceso de definición de su situación militar.
- Establecer canales de comunicación directa entre las autoridades de reclutamiento y la Defensoría del Pueblo para gestionar adecuada y oportunamente los casos, solicitudes, peticiones y quejas que sean presentadas por la ciudadanía ante la entidad.
- Establecer una ruta para la desincorporación, desacuartelamiento o retiro de los jóvenes que ya se encuentran en alguna de las fuerzas y deban ser retirados por estar inmersos en una causal de exención, aplazamiento o ser objetores de conciencia.
- Incluir un directorio de enlaces directos, que en lo sucesivo existirán entre las Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para el trámite de los casos de incorporación al servicio militar obligatorio.
En el documento, las entidades se comprometen a brindar información sobre las causales de exención, a gestionar oportunamente las solicitudes de objeción de conciencia, a evitar la retención de jóvenes no inscritos en el sistema y a realizar un registro fílmico de los procedimientos de reclutamiento para verificar la transparencia de los mismos.