“Temo por mi vida”: Luis Gustavo Moreno sobre su traslado a la cárcel La Modelo
En una tutela, el abogado representante del exfiscal anticorrupción señala que ese centro de reclusión se caracteriza por la vulneración de derechos fundamentales y garantías.
Aún con la orden expresa de un juez de que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno cuando pisara suelo nacional debía ser trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), por los riesgos que corre su vida, el condenado exaltofuncionario del ente investigador fue traslado a la cárcel La Modelo de Bogotá, en el último día de 2020. Esa decisión motivó a que su abogado, David Benavides, elevara una acción de tutela que busca echar para atrás esta última determinación y “se proteja su derecho a la vida y a la integridad personal”.
El pasado 4 de diciembre de 2020, Moreno llegó deportado de Estados Unidos, luego de pagar una pena de 48 meses de prisión en ese país por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. La condena de Moreno fue dictada en enero de 2019 luego de que él y su socio, el abogado Luis Pinilla, se declararan culpables por haberle pedido $100 millones en territorio estadounidense al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons a cambio de entregarle información reservada de un expediente en su contra.
Minutos antes de ser trasladado a la cárcel La Modelo, el exfiscal anticorrupción se comunicó con El Espectador y fue categórico en que lo quieren silenciar, que teme por su vida, que es inadmisible que un testigo protegido como él que ha denunciado a expresidentes de la Corte Suprema de Justicia pueda ser puesto en peligro en una cárcel común y no en Cespo, como lo había determinado desde el año pasado un juez de la República.
“Le comunicó que me están llevando ahora a la Modelo. Temo por mi vida y mi seguridad allá. Es muy triste que no se cumplan en Colombia las decisiones judiciales y es mentira que en Cespo no haya cupo para mí, pues allá han pagado sus condenas personajes como el general en retiro Miguel Maza Márquez”, dijo Moreno a este diario.
Y añadió: “Yo no estoy pidiendo un trato preferencial, yo no estoy levantando mi voz para burlar a la justicia, al contrario, yo ya pagué por lo que hice en Estados Unidos, a donde fui extraditado, y regresé a Colombia hace unos días para purgar mi condena. Además, tengo un compromiso de colaboración que honraré y le seguiré diciendo al país la verdad que conocí. Por todo lo que he dicho, y por lo que me falta aún por decir, es que temo por mi vida en La Modelo”.
En la tutela, el abogado narra que para hacer efectiva la reclusión de Moreno en Cespo hubo un cruce de comunicaciones entre el Inpec y la Policía en el que el entonces director de esta última entidad, Óscar Atehortúa, señaló que no había disponibilidad ya que estaba ocupada en un 100 %. Seguidamente, se señala que el brigadier general Norberto Mujica dijo que el Cespo no era un centro penitenciario ni carcelario y que para esos fines había 132 lugares en el país para que el Inpec escogiera.
Según el abogado Benavides, en La Modelo están personas que Moreno ayudó a encarcelar y se ha caracterizado por ser un sitio en el que hay hacinamiento incontrolable, situaciones de violencia y vulneración de garantías y derechos fundamentales.
Aún con la orden expresa de un juez de que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno cuando pisara suelo nacional debía ser trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), por los riesgos que corre su vida, el condenado exaltofuncionario del ente investigador fue traslado a la cárcel La Modelo de Bogotá, en el último día de 2020. Esa decisión motivó a que su abogado, David Benavides, elevara una acción de tutela que busca echar para atrás esta última determinación y “se proteja su derecho a la vida y a la integridad personal”.
El pasado 4 de diciembre de 2020, Moreno llegó deportado de Estados Unidos, luego de pagar una pena de 48 meses de prisión en ese país por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. La condena de Moreno fue dictada en enero de 2019 luego de que él y su socio, el abogado Luis Pinilla, se declararan culpables por haberle pedido $100 millones en territorio estadounidense al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons a cambio de entregarle información reservada de un expediente en su contra.
Minutos antes de ser trasladado a la cárcel La Modelo, el exfiscal anticorrupción se comunicó con El Espectador y fue categórico en que lo quieren silenciar, que teme por su vida, que es inadmisible que un testigo protegido como él que ha denunciado a expresidentes de la Corte Suprema de Justicia pueda ser puesto en peligro en una cárcel común y no en Cespo, como lo había determinado desde el año pasado un juez de la República.
“Le comunicó que me están llevando ahora a la Modelo. Temo por mi vida y mi seguridad allá. Es muy triste que no se cumplan en Colombia las decisiones judiciales y es mentira que en Cespo no haya cupo para mí, pues allá han pagado sus condenas personajes como el general en retiro Miguel Maza Márquez”, dijo Moreno a este diario.
Y añadió: “Yo no estoy pidiendo un trato preferencial, yo no estoy levantando mi voz para burlar a la justicia, al contrario, yo ya pagué por lo que hice en Estados Unidos, a donde fui extraditado, y regresé a Colombia hace unos días para purgar mi condena. Además, tengo un compromiso de colaboración que honraré y le seguiré diciendo al país la verdad que conocí. Por todo lo que he dicho, y por lo que me falta aún por decir, es que temo por mi vida en La Modelo”.
En la tutela, el abogado narra que para hacer efectiva la reclusión de Moreno en Cespo hubo un cruce de comunicaciones entre el Inpec y la Policía en el que el entonces director de esta última entidad, Óscar Atehortúa, señaló que no había disponibilidad ya que estaba ocupada en un 100 %. Seguidamente, se señala que el brigadier general Norberto Mujica dijo que el Cespo no era un centro penitenciario ni carcelario y que para esos fines había 132 lugares en el país para que el Inpec escogiera.
Según el abogado Benavides, en La Modelo están personas que Moreno ayudó a encarcelar y se ha caracterizado por ser un sitio en el que hay hacinamiento incontrolable, situaciones de violencia y vulneración de garantías y derechos fundamentales.