Tensión por pactos ‘paras’

Con palabras de grueso calibre e intimidaciones directas, testigos e investigadores de los pactos de Chivolo y Pivijay, dos de los acuerdos más significativos que por escrito quedaron de los estrechos vínculos entre paramilitares y la clase política en la Costa Atlántica, vienen siendo objeto de presiones para que dejen de declarar en los procesos o se aparten de las indagaciones que se adelantan por estos hechos.

Uno de los casos es el de Franklin Ramón Lozano Almanza, ex alcalde del municipio de Zapayán, Magdalena, quien mediante una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación el pasado 4 de agosto, señala que ha sido víctima de reiterados mensajes amenazantes a su teléfono celular en los que le advierten que, de colaborar con la justicia, será asesinado. Aunque el ex mandatario, como firmante del Pacto de Chivolo —que evidenció el proyecto político del bloque Norte de las autodefensas de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40—, no se ha presentado ante la justicia, podría ser vinculado al Programa de Protección de Víctimas y Testigos del ente acusador.

“Ya te tengo ubicado, oíste. Ahora que llegues a la finca vas a ver la sorpresa que te tengo. Ya tú sabes, oíste. Ya sé dónde está la finca, con quién vas. Allá vas a esperar la sorpresa por Flores de María”, dice uno de los mensajes, que llegó al celular del ex mandatario el pasado 2 de agosto. Este hecho se suma a la presunta amenaza directa de la que fue víctima un investigador del CTI, enviado desde Bogotá, por parte de William Tomás Ortega González, conocido como Tomasito, ex conductor de la alcaldía de Concordia, Magdalena, para que cesara en sus investigaciones.

Así consta en la denuncia interpuesta por el propio agente de la Fiscalía, conocida por este diario, quien aseguró que tras la intimidación, unos meses atrás, tuvo que salir custodiado por la Policía de la población. Pese a las dificultades que los funcionarios judiciales han tenido a la hora de abordar una investigación tan grande —los firmantes de los pactos de Chivolo y Pivijay fueron más de 400 dirigentes políticos regionales—, un fiscal especializado llamó a indagatoria a los ex alcaldes del municipio de Salamina, Magdalena, Daniel Solano y Alfonso Celedón.

En virtud de los acuerdos a los que llegaron los ex funcionarios con los ‘paras’, se asignaron millonarios contratos a la Fundación Mujeres de la Provincia, dirigida por la comandante de las Auc Neyla Alfredina Soto, alias Sonia. Los ex alcaldes, procesados por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos, deberán rendir indagatoria el 19 de agosto en Barranquilla. Así las cosas, una las investigaciones de mayor envergadura en la Fiscalía afronta problemas, no sólo por la dificultad de encausar a los más de 400 firmantes, sino porque las presiones empiezan a amenazar un expediente que no puede quedar en el limbo.

Los pactos de Chivolo y Pivijay

El Pacto de Chivolo fue firmado el 13 de septiembre de 2000. A la convocatoria de los paramilitares asistieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a alcaldías. Allí se decidió apoyar la candidatura del ahora detenido José Domingo Dávila a la gobernación del Magdalena. El Pacto de Pivijay fue firmado el 10 de marzo de 2002. Fue  organizado por ‘Jorge 40’ para garantizar la elección al Congreso de Dieb Maloof (condenado), Jorge Castro (llamado a juicio), José Gamarra Sierra (sentencia anticipada) y Gustavo Orozco.

Con palabras de grueso calibre e intimidaciones directas, testigos e investigadores de los pactos de Chivolo y Pivijay, dos de los acuerdos más significativos que por escrito quedaron de los estrechos vínculos entre paramilitares y la clase política en la Costa Atlántica, vienen siendo objeto de presiones para que dejen de declarar en los procesos o se aparten de las indagaciones que se adelantan por estos hechos.

Uno de los casos es el de Franklin Ramón Lozano Almanza, ex alcalde del municipio de Zapayán, Magdalena, quien mediante una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación el pasado 4 de agosto, señala que ha sido víctima de reiterados mensajes amenazantes a su teléfono celular en los que le advierten que, de colaborar con la justicia, será asesinado. Aunque el ex mandatario, como firmante del Pacto de Chivolo —que evidenció el proyecto político del bloque Norte de las autodefensas de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40—, no se ha presentado ante la justicia, podría ser vinculado al Programa de Protección de Víctimas y Testigos del ente acusador.

“Ya te tengo ubicado, oíste. Ahora que llegues a la finca vas a ver la sorpresa que te tengo. Ya tú sabes, oíste. Ya sé dónde está la finca, con quién vas. Allá vas a esperar la sorpresa por Flores de María”, dice uno de los mensajes, que llegó al celular del ex mandatario el pasado 2 de agosto. Este hecho se suma a la presunta amenaza directa de la que fue víctima un investigador del CTI, enviado desde Bogotá, por parte de William Tomás Ortega González, conocido como Tomasito, ex conductor de la alcaldía de Concordia, Magdalena, para que cesara en sus investigaciones.

Así consta en la denuncia interpuesta por el propio agente de la Fiscalía, conocida por este diario, quien aseguró que tras la intimidación, unos meses atrás, tuvo que salir custodiado por la Policía de la población. Pese a las dificultades que los funcionarios judiciales han tenido a la hora de abordar una investigación tan grande —los firmantes de los pactos de Chivolo y Pivijay fueron más de 400 dirigentes políticos regionales—, un fiscal especializado llamó a indagatoria a los ex alcaldes del municipio de Salamina, Magdalena, Daniel Solano y Alfonso Celedón.

En virtud de los acuerdos a los que llegaron los ex funcionarios con los ‘paras’, se asignaron millonarios contratos a la Fundación Mujeres de la Provincia, dirigida por la comandante de las Auc Neyla Alfredina Soto, alias Sonia. Los ex alcaldes, procesados por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos, deberán rendir indagatoria el 19 de agosto en Barranquilla. Así las cosas, una las investigaciones de mayor envergadura en la Fiscalía afronta problemas, no sólo por la dificultad de encausar a los más de 400 firmantes, sino porque las presiones empiezan a amenazar un expediente que no puede quedar en el limbo.

Los pactos de Chivolo y Pivijay

El Pacto de Chivolo fue firmado el 13 de septiembre de 2000. A la convocatoria de los paramilitares asistieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a alcaldías. Allí se decidió apoyar la candidatura del ahora detenido José Domingo Dávila a la gobernación del Magdalena. El Pacto de Pivijay fue firmado el 10 de marzo de 2002. Fue  organizado por ‘Jorge 40’ para garantizar la elección al Congreso de Dieb Maloof (condenado), Jorge Castro (llamado a juicio), José Gamarra Sierra (sentencia anticipada) y Gustavo Orozco.