Con las condenas de 8 y 6 años de prisión a los ex representantes Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, respectivamente, la Corte Suprema de Justicia le puso punto final, en lo que a ese tribunal respecta, al proceso que adelantó en el llamado escándalo de la yidispolítica, y quedó a la espera de la suerte de las investigaciones impulsadas por la Fiscalía respecto de los altos funcionarios del Gobierno que ofrecieron cuotas burocráticas para garantizar la aprobación de la reelección presidencial.
Sobre Teodolindo, la Corte estableció que el 3 de junio de 2004, día en que iba a ser votado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes este proyecto de ley, se ausentó de manera injustificada, no para atender un asunto familiar derivado de un accidente automovilístico de uno de sus hijos en Cali, sino como parte de un acuerdo por el que recibió $450 millones producto de la venta de la Notaría 67 “como prebenda por abstenerse de participar en la sesión”.
De la misma manera, el alto tribunal constató que el 2 de junio de 2004, súbitamente, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, se reunió con Teodolindo Avendaño en la oficina de este último supuestamente para tratar algunas inquietudes sobre la red hospitalaria del Valle del Cauca, explicación que no fue compartida por la Corte, porque tras su polémica ausencia en la sesión del día siguiente literalmente el ex parlamentario “desapareció del mapa”. Pero además se descubrió que el 3 de junio de ese año Avendaño no recibió ninguna llamada de su hijo Gilberto, supuestamente accidentado, pero sí varias de los conmutadores de la Presidencia y Vicepresidencia.
De acuerdo con la Sala Penal de la Corte, este hecho denotó “el interés del Palacio de Nariño por comunicarse con él momentos antes de iniciarse el debate de la reelección y también durante su desarrollo”. Luego vendría, al decir de la Corte, la factura que le pasó Teodolindo al Gobierno y que se concretó con la entrega de una notaría por la cual Luis Camilo O’meara le pagó $450 millones a través de cheques que le giró. Hecho que fue corroborado tras un allanamiento a su casa en Caicedonia (Valle), en la que se encontraron documentos sobre 15 notarías en Bogotá y un directorio en el que aparecieron llamadas pendientes al ex viceministro Hernando Angarita y al asesor presidencial Juan David Ortega.
Por el lado de Iván Díaz Mateus, la Corte determinó que abusó de su cargo como titular de la curul para presionar a la ex parlamentaria Yidis Medina, su segundo renglón, para que votara a favor de la reelección presidencial. “Cuando, como aquí sucedió, el funcionario pone por encima de los más altos intereses de la función pública, que demanda transparencia, decoro y respeto, sus particulares preferencias, haciendo objeto de indebidas presiones y no tan veladas amenazas a quien ostenta similar dignidad”, constituye el delito de concusión y, de paso, afecta la confianza que los ciudadanos han de tener en sus instituciones cuando se desvía “del camino correcto”.
La corporación, basada en los testimonios de Yidis Medina y de su asesor, César Guzmán Areiza, condenó a Díaz Mateus porque amenazó a Medina con no renovarle la licencia de tres meses en el Congreso y con retirarle de su Unidad de Trabajo Legislativo a Guzmán si no votaba favorablemente la reelección. También le dejó mensajes intimidantes en los que le manifestó que si ella no le hacía “el favor al Gobierno era fácil que en cualquier momento apareciera muerta”. Yidis Medina también declaró que delante del ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, Díaz Mateus le aseguró que si apoyaba el proyecto le otorgaría más tiempo en el Legislativo.
Lo particular es que la Procuraduría absolvió disciplinariamente a Díaz Mateus argumentando que no se probó que hubiera presionado a Medina. En igual sentido, el Ministerio Público, en una decisión que causó polémica, archivó la investigación disciplinaria que seguía en contra de Sabas Pretelt, Diego Palacio, Hernando Angarita, José Félix Lafaurie y Jorge Noguera porque no encontró evidencias que los relacionara con la supuesta compra del voto de Yidis Medina. Ahora será la Fiscalía la que determinará si estos y otros funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Uribe influyeron en la decisión de Medina y de Avendaño a la hora de aprobar la reelección presidencial.
Por Redacción Judicial
