Teresita Barrera, la jueza rebelde

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Su nombre era Óscar Rico Calderón. Tenía 28 años, no llevaba tanto tiempo de haber sido ordenado como sacerdote en la Diócesis de Barrancabermeja y resultó siendo el hombre de su vida. 

 

Teresita Barrera no alcanzó a durar ni un año como personera de Puerto Berrío. Integrante del directorio liberal desde los años 80, cuando estudiaba en la Universidad de Medellín, había conseguido el puesto a través de un padrino político, el diputado Luis Caro Morales, el mismo que, cuando las cosas se pusieron feas, le pidió que dejara de hablar de derechos humanos en una zona tan complicada. Pero en septiembre de 1990, cuando el cargo apenas estaba para estrenarse y la promesa de una Constituyente era la excusa para preguntarle a la gente con qué tipo de país soñaba, Teresita Barrera estaba muerta de la dicha: por fin era abogada, como su padre, y con un trabajo que le gustaba.

 

Anhelaba tener una placa como la que su padre tenía en su biblioteca, en una casa en Planeta Rica (Córdoba) que su familia poco gozó: “Dr. Francisco Barrera. Abogado Titulado”. Él murió después de cuatro infartos, cuando ella no llegaba a los 5 años. “Yo ya voy en infarto y medio”, dice. El primero lo tuvo hace unos años, cuando la Fiscalía la llamó a juicio por “fraude a resolución judicial”, por haber acatado una tutela a destiempo. La tutela la obligaba a reintegrar a una empleada del Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá a quien le había ido pésimo en su evaluación de desempeño laboral, pero ella se rehusaba y se rehusaba. En mayo del año pasado terminó el suplicio: la Corte Suprema confirmó su inocencia, pero el corazón ya estaba fregado.

 

El medio infarto del que habla es el trastorno de ansiedad diagnosticado la noche del pasado viernes 31 de julio, horas antes de entregarse en la Estación de Policía de Tausa (Cundinamarca) para cumplir la orden de arresto de tres días que le había dado el Tribunal Superior de Bogotá y que fue confirmada por la Corte Suprema. Fue el castigo que le impusieron por haberle concedido la libertad a Liliana Pardo, exdirectora del IDU procesada por el carrusel de la contratación –cuya ubicación es un misterio desde que Barrera anuló su arresto por considerarlo ilegal–. Es curioso, pero el día que Teresita Barrera más necesitó de su débil corazón, él no le falló: fue cuando le hicieron el atentado.

 

Ese día, noviembre de 1996, en Medellín, un taxi les cerró la vía a las motos en que se movían ella y los guardaespaldas que le habían asignado. Los guardaespaldas se esfumaron al ver que dos hombres se bajaban armados del carro. A uno se le trabó la pistola y terminó disparándose en su propio pie, pero al otro el arma le funcionó muy bien, apuntó contra la entonces fiscal, que había empezado a recibir amenazas y ofertas de sobornos por investigar a una banda de sicarios tan peligrosa como La Terraza, ella que caminaba hacia atrás cerró los ojos, se apoyó sobre un muro, murmuró alguna oración y ¡pum! ¡pum! ¡pum! Ni una herida. Ni un infarto.

 

“Eran tiempos dificilísimos”, recuerda su exesposo, el que fue sacerdote, Óscar Rico. “Cuando le llegó la primera amenaza yo llevaba ocho días en Puerto Nare (Antioquia) de profesor. Mire, Teresita, yo no hago nada yéndome para Medellín, no me van a dar licencia, lo mejor que puedo hacer es encomendarla a Dios, le dije. Le pedí que siguiera las recomendaciones, que no se despegara de los escoltas. Igual yo viajaba cada ocho días”. Ellos se casaron en noviembre del 91; se divorciaron 11 años después; aún viven juntos. “Yo dejé de ser cura con optimismo, pero ese optimismo no valía nada. Estuve hasta vendiendo libros en la calle. El matrimonio no cuajó del todo por razones laborales: la distancia fue mermando y un maestro no se gana nada, lo que yo me gano ella lo cuatriplica”.

 

Con su sueldo de funcionaria judicial de rango medio, Teresita Barrera mantuvo a mamá Carola hasta que murió en 2001; paga el apartamento en Medellín donde vive su hermana Alicia, quien perdió casi toda la audición cuando era joven y ha vivido con su trabajo de profesora particular; sostiene a sus dos hijos, Susana y Julián Andrés, universitarios; y responde por préstamos como el que sacó para pagarle a su abogado y exprofesor en la Universidad Nacional, Guillermo Angulo, por defenderla en juicio. “A la doctora Teresita siempre la han perseguido mucho. Yo creo que es, y meto mis manos a la candela, porque ha sido una funcionaria demasiado honesta y digna”, dice Angulo.

 

En la Fiscalía no piensan lo mismo. En junio de 2014 anuló la imputación que el organismo había preparado contra Andrés Sepúlveda –el hacker condenado a 10 años de prisión en abril de este año, tras haber aceptado delitos como espiar el proceso de paz en La Habana– y no hubo cámara de televisión o fotográfica que no capturara la molestia y contrariedad que el fiscal Eduardo Montealegre reflejaba en la cara. El alto funcionario no entendía cómo esa jueza consideraba “gaseosa” una imputación que se había basado en “abundantes elementos materiales probatorios y evidencia legalmente obtenida”, y pidió que la investigaran por prevaricato: por hacer lo contrario a lo que dicen las normas.

 

La jueza 10 penal del Circuito de Bogotá, en la otra orilla, no entiende cómo es que todos los casos de connotación van a parar a su despacho: “No puedo creer que de 44 jueces que somos del Circuito Penal de Bogotá, tenga yo tan mala espalda”. Porque no fue solo Liliana Pardo o el hacker Sepúlveda. Fueron Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas de la muerte de Luis Andrés Colmenares, a quienes les concedió la libertad en 2012 por vencimiento de términos en contravía de un país que las creía culpables. Fueron también cuatro investigados por Interbolsa, entre ellos Alessandro Corridori, que en julio pasado recobraron su libertad también por considerar que los términos se habían vencido.

 

Esas determinaciones la tienen hoy con dos investigaciones penales y dos disciplinarias sobre su espalda, confirma Francisco Bernate, quien trabajó con ella para evitar que fuera detenida por el caso de Liliana Pardo: “Resulta muy preocupante que en Colombia los jueces puedan ir a la cárcel por sus decisiones. Para cuestionarlos están los recursos de ley”. María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación Jueces y Magistrados, expresa la misma preocupación: “Hemos tenido debates de jueces penales quejándose porque los fiscales, que son sus interlocutores, también les pueden imputar delitos”. Carlos Moreno, juez, sostiene: “La Fiscalía no debería investigar a los jueces, ellos no pueden volverse juez y parte”.

 

Hace cuatro días, Teresita Barrera se declaró impedida para conocer del proceso de Ómar Figueroa, exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes con quien la Fiscalía negocia un principio de oportunidad que fue negado por otro juez este abril por no cumplir con un requisito de forma. “¿Para qué asumo ese caso, otro más de connotación nacional, si sé que no puedo trabajar con independencia?”, es el resumen más preciso del impedimento. La jueza dice que no puede dejar su trabajo hasta que sus hijos terminen la universidad, que será en un año y medio, y porque “siendo penalista no me imagino ejerciendo desde el otro lado, recibiendo dinero por defender a quienes se apartan de la ley”.

 

Hubo una vez que su entonces esposo, Óscar Rico, le pidió que dejara su trabajo como fiscal. Teresita Barrera llegó a la Fiscalía en febrero de 1994 y para 1995 era una de las fiscales más amenazadas de la ciudad. Comenzó a investigar a la Banda de Franklin, que era el par de La Terraza en la comuna nororiental, y en cuestión de meses su cabeza tenía un precio. Habían matado a cinco testigos, a dos investigadores del CTI y ella, probablemente, era la próxima. Fueron tiempos oscuros. La empleada de su casa, María Ofelia, quien le ayudó a criar a sus hijos, se los llevó a la finca de su mamá en Titiribí (Antioquia) mientras la marea bajaba. “Le dije que evitara los chicharrones, pero ella se apasionó con el derecho penal”.

 

Ella era así, apasionada, desde que él la conoció el 4 de septiembre de 1990 dando misa en Puerto Berrío. En esos ocho meses como personera del pueblo, Teresita Barrera hizo lo que le ordenaron: poner a los ciudadanos a debatir la Constituyente que se venía. Y velar por los derechos humanos de la región. Aunque en una época en que el paramilitarismo florecía en el Magdalena Medio esa tarea era una bomba de tiempo en manos de cualquier persona sensata. Al principio, sus relaciones con la Brigada 14 fluían divinamente; el comandante, el coronel Rodolfo Herrera Luna, la invitaba a polígono y le enseñaba a disparar. “No se le ocurra volver, esas invitaciones no son gratuitas”, le advertía quien entonces era solo su amigo, el padre Óscar.

 

Pero el ambiente se volvió rancio desde que, el 6 de enero de 1991, el alcalde Fernando Zuluaga fue asesinado. “Al principio tuve mis encontronazos con él, pero era un hombre muy bueno, preocupado por el municipio. Era homosexual y de muy buen humor. Por la calle los sardinos cansones le gritaban: ‘¡alcalde marica!’. Y él les respondía: ‘¡más maricas ustedes que votaron por mí!’ Nunca supe por qué lo mataron”.

 

Luego, un día se apareció en la Personería un soldado que le pidió reunirse en secreto con un compañero de él. Ese otro soldado le contó que tenía la hipótesis de que habían matado a un amigo suyo porque el comandante de la brigada, que ya no era el coronel Herrera Luna sino un general, lo había convertido en su enlace para extorsionar a un ganadero. Teresita Barrera llamó a la jefa del CTI del pueblo y ella le ayudó a sacar al soldado a escondidas. El soldado, antes de irse, les mostró lugares donde, aseguraba, yacía gente que había muerto torturada en la brigada. Teresita Barrera le pidió a la Presidencia que indagara y en mayo de 1991 una corona fúnebre colgada en su puerta fue señal de que debía irse.

 

Antes de ser personera de Puerto Berrío trabajó como inspectora de espacios públicos, de donde la echaron por haber quitado unas vallas del Partido Conservador que estaban en lugares no autorizados. “¡¿Usted es que no entiende que la orden es la orden tal cual se la dieron?!”, le gritó su jefa antes de despedirla. La orden era quitar solo las vallas liberales. “Pero es que había muchas vallas también de los otros partidos en lugares no permitidos, y si me sobró tiempo, pues, ¿por qué no cumplir?”, fue lo último que le dijo a su jefa del momento. Cuando ya era fiscal, el agarrón fue peor: en 2003 su jefe inmediato, David Rincón, le pidió tomar una decisión que iba en contra de su propia conciencia.

 

La decisión era absolver a unas personas que ella consideraba, según las pruebas, culpables. Denunció a su jefe y al director seccional de Fiscalías de Bogotá, Carlos Arias Pineda, quien también la habría presionado. El primero ya fue condenado por la Corte Suprema; el segundo está en proceso en ese mismo tribunal. “Puerto Berrío fue ese espacio para empezar a pensar que uno pierde el tiempo en un cargo si no se inmiscuye realmente”, dice Teresita Barrero, quien de niña peleó contra el paludismo, la pobreza que no le permitía estudiar sin becas –que siempre obtuvo por sus notas– y hasta la mala fortuna: los ladrones les robaron la plata que mamá Carola había destinado para sobrevivir hasta que saliera su pensión.

 

Esta jueza pide que le quiten los casos famosos porque cree que esos procesos la tienen en la picota pública sin necesidad. Igual, seguirá fallando según le dicte su conciencia. Si Teresita Barrera fuera un animal, sin duda sería un salmón. 

 

 

La Brigada XIV de Puerto BerríoEl 3 de abril de 1983 comenzó a funcionar la Brigada XIV del Ejército, en la zona del Magdalena Medio y nordeste antioqueño, como una estrategia para contrarrestar la presencia de grupos ilegales que ejecutaron masacres como las que se vivieron en los municipios de Segovia y Remedios entre 1982 y 1997.

Aunque para comenzar su operación ubicaron la sede principal en el aeropuerto de Cimitarra (Santander), a los pocos días la trasladaron más al norte y llegó hasta Puerto Berrío (Antioquia), donde sigue funcionando. Una de las primeras operaciones que realizó esta brigada se llamó “Reconquista”, planeada para recuperar la confianza de la población civil, recolectar información para operaciones militares y conseguir un poco de tranquilidad.

Por el trabajo que realizó la Brigada XIV en municipios como Segovia, en 1999 recibió el Premio Nacional de Paz, una distinción creada por medios de comunicación con el objetivo de reconocer a las instituciones o personas dedicadas a promover la paz en Colombia.

“El clan de Frank” y el control del transporte

El transporte público en la Comuna Noroccidental de Medellín estuvo controlado por un grupo de hombres conocidos como el ‘Clan de Frank’ en la década de los 90. Comenzaron lavando carros y buses en esta zona de Medellín en 1994 y, después de cinco años, consolidaron un sistema de vacunas que alcanzó a costar $71.000 por cada ingreso.

La víctima de este cobro era la flota de buses de las empresas Transportes Medellín y Transportes Hato Viejo, que intentaban ingresar a barrios como Robledo, El Picacho y París. La cabeza de esta banda fue Franklin Alonso Vásquez Gómez, alias Franklin, quien además, organizó una estructura de sicarios en esta zona de Medellín, junto a alias Tino.

Fue tal el control social que tuvo esta banda que, por ejemplo, las mujeres les pagaban a sus sicarios para vengarse de sus maridos infieles.