Tiempos de cambios en la Policía

La Policía amaneció con nuevo director: el general Jorge Hernando Nieto Rojas. Su hoja de vida incluye haber sido comandante de la Policía del Meta en 2003 y de la Escuela de Estudios Superiores en 2006, agregado en México en 2007 y estuvo a cargo de la Dijín en 2013. Nieto, además, se ha formado especialmente en inteligencia y ha trabajado de la mano con el exdirector de la Policía, el general (r) Óscar Naranjo: mientras éste perseguía al cartel de Cali desde el Bloque de Búsqueda, conformado con participación de agencias estadounidenses, Nieto ayudaba al desmantelamiento financiero del emporio de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali.

Desde enero de este año hasta ayer, el general Nieto ejerció como subdirector de la institución. Llegó a ese cargo para reemplazar a la general Luz Marina Bustos, quien, el pasado 13 de enero, renunció. Los motivos de su retiro nunca se hicieron públicos, y como ésta se dio cuando el escándalo de la Policía comenzaba a crecer. Nueve días más tarde vino un segundo retiro que se manejó con igual hermetismo: el del general Luis Gilberto Ramírez Calle, quien fungía como secretario de seguridad de la Presidencia de la República. Sin la dimisión de Ramírez Calle y de Bustos, el general Nieto no habría podido alcanzar la dirección de la Policía, pues ellos estaban primero que él en orden.

De esta manera, en medio de un bochornoso escándalo que atraviesa el organismo por señalamientos de una presunta red de prostitución interna y de posibles seguimientos e interceptaciones ilegales a algunos periodistas, dejó su cargo el general Rodolfo Palomino. Hasta el último segundo, el alto oficial sostuvo que su hoja de vida era impecable, que nunca había cometido algún acto ilícito o antiético y que él era el primer interesado en que lo investigaran, para que así la justicia comprobara también su inocencia. El presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistieron hasta el final en que el general Palomino era un hombre intachable. Su carrera de más de 35 años, sin embargo, se resumió en un retiro por la puerta de atrás. El general salió de una institución cuya credibilidad se ha debilitado en los últimos meses, tanto por las denuncias de la red de prostitución, llamada la Comunidad del Anillo, como por las posibles interceptaciones y seguimientos ilegales que miembros de esa entidad habrían realizado contra periodistas que han investigado a la Comunidad del Anillo y hasta el incremento patrimonial del exdirector de la Policía, asunto que está hoy en el radar de la Procuraduría. Específicamente, a Vicky Dávila, quien ayer renunció como directora de la La FM (ver nota anexa), y Claudia Morales, subdirectora de La Luciérnaga. El general Palomino renunció con una investigación disciplinaria formal en su contra y una imagen y reputación malogradas por cuenta de este conjunto de escándalos.

En la Fiscalía, con el fiscal del caso amenazado y con un esquema de seguridad recién asignado, el tema de las “chuzadas” avanza de a pocos. Y el de la red de prostitución, cuya existencia está todavía por determinarse, también.

¿Qué se viene para la Policía?

La seguidilla de escándalos, y la necesidad de una Fuerza Pública consolidada para un escenario de un acuerdo de paz firmado con las Farc, son dos circunstancias que plantean la urgencia de que la Policía haga una exhaustiva revisión interna. Con bastante incredulidad por parte de algunos sectores, las esperanzas igual estaban puestas en la comisión especial que el presidente Santos anunció como creada el pasado 9 de diciembre, integrada por los exministros Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, y por Jorge Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Sin embargo, como la comisión apenas se creó oficialmente este martes, antes de mayo no se conocerán sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Policía.

“Hay tres ministerios desarrollando acciones propias de la Policía que tienen que ver con la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana: el de Defensa, el de Justicia y el del Interior. Lo ideal sería retirarla del Ministerio de Defensa, del cual depende jerárquicamente, y crear el Ministerio de Seguridad y Convivencia, para que ejecute las funciones propias de la filosofía policial”, le dijo a este diario el abogado José Andrés O’Meara, quien desde 2011 viene estudiando el tema y ha hecho publicaciones al respecto. Según O’Meara, “el principal problema es que la Policía se adscribió al Ministerio de Defensa en un contexto histórico que ya no existe. En los años 40, la política de Estado permeaba la Policía y para despolitizarla la trasladaron al Ministerio de Defensa. Ese contexto histórico hoy no existe”.

El senador Mauricio Lizcano, que pertenece a la Comisión Segunda del Senado –la encargada de todos los temas relacionados con la Fuerza Pública–, le dijo a este diario que “la Policía requiere una reforma de fondo”. Para el congresista, su estructura piramidal es una de los principales causantes de las pugnas internas que se han denunciado, especialmente desde que el general (r) Óscar Naranjo fue nombrado director, lo que le implicó al gobierno Uribe retirar a once generales que estaban por encima de él en la línea de mando. “El sistema de ascensos está mal diseñado desde su inicio –afirma Lizcano–. Genera un canibalismo, crea bandos que tratan de escalar sobre los demás. Habría que cambiar varios aspectos, entre ellos que el director tenga un período fijo en su cargo y que se garantice que los ascensos se hagan por méritos y no por un bloque de personas que suben a sus amigos”, manifestó.

A raíz de la compleja situación que atraviesa la Policía, se hace evidente que son varias las voces en la arena pública que abogan por un cambio profundo. Para el también senador Luis Fernando Velasco, el tema de los ascensos es clave a la hora de una posible reestructuración. Velasco le dijo a El Espectador que “el excesivo rigor en las jerarquías militares, que se han trasladado a la Policía, generan que la voz del superior sea algo incontrovertible”. Para el senador es fundamental que el poder civil que se supone ejercen sobre los uniformados los gobernadores y alcaldes, sea palpable en temas como los ascensos. Que, por ejemplo, a la hora de ascender a un oficial, el alcalde o gobernador de la región en donde trabaje ese uniformado, haga un informe que pueda incidir en la decisión.

El congresista Velasco expresó además que “los problemas no solo están en la cúpula sino en todos los niveles. Esto ha generado una pérdida de confianza del ciudadano en la institución, un hecho grave”. Por esto, Velasco pone sobre la mesa el debate por el carácter “militarizado” que han permeado a la Policía, a causa del conflicto armado. Este país, dice, “necesita una policía más centrada en la seguridad ciudadana. Yo me inclino a creer que es necesario que la Policía se acerque mucho más al Ministerio del Interior, que tiene un carácter más civil, que al de Defensa, que acentuaría esta tendencia militar”.

El historiador y profesor en temas de seguridad nacional de la Universidad Javeriana, César Torres del Río, exhibe una postura similar. “Ha llegado el momento de plantear una reforma radical en las estructuras de defensa del Estado. Una reforma radical significaría que el Estado asumiera una concepción de seguridad ciudadana antes que de la seguridad del Estado o seguridad nacional”. Torres, plantea que “se trataría de un cambio en el que la Policía, como órgano perteneciente a la inteligencia del Estado, asumiese su verdadera condición de civil y, con base en ello, pudiera garantizar plenamente y con base en la legislación internacional, y una seguridad ciudadana, que no signifique interferencias en las vida íntima de los ciudadanos ni los funcionarios públicos, que signifique no asumir un control de vigilancia que culpabilice de antemano”.

La renuncia del general Rodolfo Palomino poco o nada podría impactar en la Policía a menos que se tomen medidas drásticas y significativas. El último revolcón que se recuerde en esta entidad ocurrió a finales de los años 90, cuando su director de la época, el general (r) Rosso José Serrano, retiró a cuando menos 300 oficiales y 2.500 suboficiales y agentes. En esos tiempos, como ahora, integrantes de la Policía se habían dejado alcanzar por los tentáculos del narcotráfico. El problema es que hoy, además de esos escándalos pequeños de corrupción que se evidencian en titulares diarios de policías capturados por sus nexos con el tráfico de drogas, están en el panorama las denuncias por interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas y por la supuesta red de prostitución. El tema, es claro, requiere mucho más que un relevo de director.

La Policía amaneció con nuevo director: el general Jorge Hernando Nieto Rojas. Su hoja de vida incluye haber sido comandante de la Policía del Meta en 2003 y de la Escuela de Estudios Superiores en 2006, agregado en México en 2007 y estuvo a cargo de la Dijín en 2013. Nieto, además, se ha formado especialmente en inteligencia y ha trabajado de la mano con el exdirector de la Policía, el general (r) Óscar Naranjo: mientras éste perseguía al cartel de Cali desde el Bloque de Búsqueda, conformado con participación de agencias estadounidenses, Nieto ayudaba al desmantelamiento financiero del emporio de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali.

Desde enero de este año hasta ayer, el general Nieto ejerció como subdirector de la institución. Llegó a ese cargo para reemplazar a la general Luz Marina Bustos, quien, el pasado 13 de enero, renunció. Los motivos de su retiro nunca se hicieron públicos, y como ésta se dio cuando el escándalo de la Policía comenzaba a crecer. Nueve días más tarde vino un segundo retiro que se manejó con igual hermetismo: el del general Luis Gilberto Ramírez Calle, quien fungía como secretario de seguridad de la Presidencia de la República. Sin la dimisión de Ramírez Calle y de Bustos, el general Nieto no habría podido alcanzar la dirección de la Policía, pues ellos estaban primero que él en orden.

De esta manera, en medio de un bochornoso escándalo que atraviesa el organismo por señalamientos de una presunta red de prostitución interna y de posibles seguimientos e interceptaciones ilegales a algunos periodistas, dejó su cargo el general Rodolfo Palomino. Hasta el último segundo, el alto oficial sostuvo que su hoja de vida era impecable, que nunca había cometido algún acto ilícito o antiético y que él era el primer interesado en que lo investigaran, para que así la justicia comprobara también su inocencia. El presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistieron hasta el final en que el general Palomino era un hombre intachable. Su carrera de más de 35 años, sin embargo, se resumió en un retiro por la puerta de atrás. El general salió de una institución cuya credibilidad se ha debilitado en los últimos meses, tanto por las denuncias de la red de prostitución, llamada la Comunidad del Anillo, como por las posibles interceptaciones y seguimientos ilegales que miembros de esa entidad habrían realizado contra periodistas que han investigado a la Comunidad del Anillo y hasta el incremento patrimonial del exdirector de la Policía, asunto que está hoy en el radar de la Procuraduría. Específicamente, a Vicky Dávila, quien ayer renunció como directora de la La FM (ver nota anexa), y Claudia Morales, subdirectora de La Luciérnaga. El general Palomino renunció con una investigación disciplinaria formal en su contra y una imagen y reputación malogradas por cuenta de este conjunto de escándalos.

En la Fiscalía, con el fiscal del caso amenazado y con un esquema de seguridad recién asignado, el tema de las “chuzadas” avanza de a pocos. Y el de la red de prostitución, cuya existencia está todavía por determinarse, también.

¿Qué se viene para la Policía?

La seguidilla de escándalos, y la necesidad de una Fuerza Pública consolidada para un escenario de un acuerdo de paz firmado con las Farc, son dos circunstancias que plantean la urgencia de que la Policía haga una exhaustiva revisión interna. Con bastante incredulidad por parte de algunos sectores, las esperanzas igual estaban puestas en la comisión especial que el presidente Santos anunció como creada el pasado 9 de diciembre, integrada por los exministros Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, y por Jorge Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Sin embargo, como la comisión apenas se creó oficialmente este martes, antes de mayo no se conocerán sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Policía.

“Hay tres ministerios desarrollando acciones propias de la Policía que tienen que ver con la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana: el de Defensa, el de Justicia y el del Interior. Lo ideal sería retirarla del Ministerio de Defensa, del cual depende jerárquicamente, y crear el Ministerio de Seguridad y Convivencia, para que ejecute las funciones propias de la filosofía policial”, le dijo a este diario el abogado José Andrés O’Meara, quien desde 2011 viene estudiando el tema y ha hecho publicaciones al respecto. Según O’Meara, “el principal problema es que la Policía se adscribió al Ministerio de Defensa en un contexto histórico que ya no existe. En los años 40, la política de Estado permeaba la Policía y para despolitizarla la trasladaron al Ministerio de Defensa. Ese contexto histórico hoy no existe”.

El senador Mauricio Lizcano, que pertenece a la Comisión Segunda del Senado –la encargada de todos los temas relacionados con la Fuerza Pública–, le dijo a este diario que “la Policía requiere una reforma de fondo”. Para el congresista, su estructura piramidal es una de los principales causantes de las pugnas internas que se han denunciado, especialmente desde que el general (r) Óscar Naranjo fue nombrado director, lo que le implicó al gobierno Uribe retirar a once generales que estaban por encima de él en la línea de mando. “El sistema de ascensos está mal diseñado desde su inicio –afirma Lizcano–. Genera un canibalismo, crea bandos que tratan de escalar sobre los demás. Habría que cambiar varios aspectos, entre ellos que el director tenga un período fijo en su cargo y que se garantice que los ascensos se hagan por méritos y no por un bloque de personas que suben a sus amigos”, manifestó.

A raíz de la compleja situación que atraviesa la Policía, se hace evidente que son varias las voces en la arena pública que abogan por un cambio profundo. Para el también senador Luis Fernando Velasco, el tema de los ascensos es clave a la hora de una posible reestructuración. Velasco le dijo a El Espectador que “el excesivo rigor en las jerarquías militares, que se han trasladado a la Policía, generan que la voz del superior sea algo incontrovertible”. Para el senador es fundamental que el poder civil que se supone ejercen sobre los uniformados los gobernadores y alcaldes, sea palpable en temas como los ascensos. Que, por ejemplo, a la hora de ascender a un oficial, el alcalde o gobernador de la región en donde trabaje ese uniformado, haga un informe que pueda incidir en la decisión.

El congresista Velasco expresó además que “los problemas no solo están en la cúpula sino en todos los niveles. Esto ha generado una pérdida de confianza del ciudadano en la institución, un hecho grave”. Por esto, Velasco pone sobre la mesa el debate por el carácter “militarizado” que han permeado a la Policía, a causa del conflicto armado. Este país, dice, “necesita una policía más centrada en la seguridad ciudadana. Yo me inclino a creer que es necesario que la Policía se acerque mucho más al Ministerio del Interior, que tiene un carácter más civil, que al de Defensa, que acentuaría esta tendencia militar”.

El historiador y profesor en temas de seguridad nacional de la Universidad Javeriana, César Torres del Río, exhibe una postura similar. “Ha llegado el momento de plantear una reforma radical en las estructuras de defensa del Estado. Una reforma radical significaría que el Estado asumiera una concepción de seguridad ciudadana antes que de la seguridad del Estado o seguridad nacional”. Torres, plantea que “se trataría de un cambio en el que la Policía, como órgano perteneciente a la inteligencia del Estado, asumiese su verdadera condición de civil y, con base en ello, pudiera garantizar plenamente y con base en la legislación internacional, y una seguridad ciudadana, que no signifique interferencias en las vida íntima de los ciudadanos ni los funcionarios públicos, que signifique no asumir un control de vigilancia que culpabilice de antemano”.

La renuncia del general Rodolfo Palomino poco o nada podría impactar en la Policía a menos que se tomen medidas drásticas y significativas. El último revolcón que se recuerde en esta entidad ocurrió a finales de los años 90, cuando su director de la época, el general (r) Rosso José Serrano, retiró a cuando menos 300 oficiales y 2.500 suboficiales y agentes. En esos tiempos, como ahora, integrantes de la Policía se habían dejado alcanzar por los tentáculos del narcotráfico. El problema es que hoy, además de esos escándalos pequeños de corrupción que se evidencian en titulares diarios de policías capturados por sus nexos con el tráfico de drogas, están en el panorama las denuncias por interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas y por la supuesta red de prostitución. El tema, es claro, requiere mucho más que un relevo de director.