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El nombre del general (r) Lelio Fadúl Suárez Tocarruncho fue mencionado en repetidas oportunidades por el fiscal 16 anticorrupción, Francisco Villarreal durante la presentación de la imputación de cargos contra seis personas en el proceso por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc, registrada en marzo de 2006.
Las mismas menciones hizo el procurador del caso, Jairo Acosta, al señalar que el entonces jefe de inteligencia del Ejército se reunió en repetidas ocasiones en la cárcel La Picota de Bogotá con el desmovilizado guerrillero Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’ con el fin de tratar temas relacionados con la desmovilización de 62 hombres.
Fue el general Suárez Tocarruncho, según la Procuraduría, la persona que le “ordenó” a sus subalternos, el coronel Jaime Joaquín Ariza y el coronel (r) Hugo Alberto Castellanos que estuvieran pendientes y manejaran las tareas relacionadas con el transporte, vigilancia, ubicación y cuidado de unas armas que venían de Santa Marta hacia Bogotá, las cuales fueron almacenadas en el Batallón de Inteligencia No. 5.
Durante sus dos intervenciones en la diligencia judicial que duró más de 80 horas, el representante del Ministerio Público fue enfático en asegurar que el general fue el encargado de hacer los “actos de verificación”, como eran las tareas de revisar qué personas se iban a desmovilizar, su deseo de abandonar las armas y principalmente su pertenencia a la compañía guerrillera.
Fue el militar quien le entregó al entonces comisionado de Paz Luis C. Restrepo la lista y los detalles de la desmovilización de La Cacica, siendo, para la Fiscalía y la Procuraduría, la persona con “más información” sobre el tema por el cual hoy son procesadas 12 personas, entre las que se encuentran el exfuncionario, dos militares, un narcotraficantes, civiles y una serie de guerrilleros.
“El general Suárez Tocarruncho fue el encargado por parte de la alta oficina del alto comisionado para la paz de desarrollar todo el proceso”, precisó el delegado del Ministerio Público señalando que ni siquiera los investigadores, ni los agentes estatales, ni el mismo Luis C. Restrepo tenían acceso a toda la información que manejó el militar quien después de reunirse con ‘Saldaña’ entregó los datos oficiales de los desmovilizados.
Estas listas fueron recibidas por Restrepo quien le dio “el toque administrativo” oficial con el cual se dio inicio a la desmovilización. Y es que el general, hoy en retiro, fue la persona que más contacto tuvo con ‘Olivo Saldaña’, el mismo guerrillero quien aseguró en la diligencia judicial que había “inflado las cifras” de los desmovilizados, engañando de esta forma al Estado y al comisionado de Paz.
“El general Suárez Tocarruncho tenía un conocimiento privilegiado frente a la estructura guerrillera que se iba a desmovilizar. Tenía todos los elementos y el conocimiento de los hombres, hecho por el cual podemos deducir que la desmovilización se hizo en parte gracias a él”, precisó el fiscal del caso señalando que fue el entonces jefe de inteligencia quien entregó todos los detalles en la lista de los 42 cuestionados desmovilizados.
¿Presión contra de testigos?
El nombre del general Suárez Tocarruncho también apareció en la presentación de una de las principales pruebas de la Fiscalía, en la que se señaló que el abogado Emilio Oviedo contactó al desmovilizado paramilitar José Gregorio Díaz para que no contara nada sobre la manera en cómo se fraguó la falsa desmovilización.
Según el testimonio presentado por el fiscal 16 anticorrupción, en octubre de 2011, Díaz recibió una serie de llamadas en las que el abogado le ofreció 500 millones de pesos para que guardara silencio.
“Yo tengo acá para entregar una SIM Card en la que se comunicaban constantemente conmigo, me llamaron para ofrecerme plata por medio del abogado Emilio Oviedo que me hablaba del señor (general Lelio) Suárez Tocarruncho y Santiago Gaviria. También me mencionó al señor Luis C. Restrepo”, precisó el fiscal en referencia al testimonio del ex paramilitar durante la diligencia judicial celebrada la semana pasada.
La Procuraduría hizo alusión a este punto, señalando la importancia del general Sánchez Tocarruncho en todo el proceso de desmovilización, centrándose en el hecho de que era la persona de las Fuerzas Militares con más información que los mismos agentes estatales y gubernamentales en este caso.
Entonces la pregunta de muchos de los asistentes a las audiencias y partes interesadas en el mismo proceso es simple: ¿Por qué este general retirado hace más de un año de la Institución, y que controló toda la información, no fue llamado por la Fiscalía para imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en el caso de la falsa desmovilización?
Fuentes cercanas al proceso han sido reiterativas en manifestar que según la información recolectada hasta el momento, el general Suárez Tocarruncho era y es uno de los personajes centrales para desenmarañar esta trama, sin embargo se cuestionan el hecho de hasta el momento no se sabe qué pasó con el interrogatorio que rindió en agosto de 2011, puesto que no fue mencionado por la Fiscalía durante toda la diligencia judicial.
“¿Por qué le imputan cargos a los coroneles que cumplieron sus ordenes?” Manifestó una de las partes procesales aclarando que la juez 62 de garantías fue clara en señalar que el coronel Jaime Joaquín Ariza cumplió a cabalidad las ordenes que le dio su superior, hecho por el cual la funcionaria judicial se abstuvo de cobijarlo con medida de aseguramiento en centro penitenciario.
Hasta el momento se sabe muy poco del paradero del militar, lo último que se conoce es que su último cargo lo desempeñó hace un año como comandante de la VI Brigada del Ejército en el Tolima, coincidencialmente el mismo departamento en el que se adelantó la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana.