Esta semana, sin mayores detalles, trascendió la súbita renuncia de la abogada Adriana Betancourt Ortiz a la Superintendencia de Sociedades. Hasta el lunes pasado ofició como agente liquidadora de cinco empresas vinculadas con un fraude piramidal –en el que resultó enredado el exfiscal Mario Iguarán–, y como promotora de dos firmas que buscan sobreaguar la crisis económica del país. El diario El Tiempo informó de su salida y la asoció con un presunto escándalo que estaba por estallar con el carrusel de la contratación. El Espectador indagó y conoció que la Fiscalía investiga varios aspectos sobre la abogada Betancourt, quien es especialista en derecho administrativo. La piedra angular de sus pesquisas es una declaración que entregó en julio pasado el excontratista Julio Gómez, condenado por el cartel que desfalcó a Bogotá.
En su testimonio, conocido por este diario, Gómez sostuvo que el 20 de octubre de 2006 obtuvo un contrato por $8.000 millones con la Gobernación de Cundinamarca. Para esa época Betancourt era la secretaria general de Pablo Ardila –quien todavía afronta varios expedientes en la Fiscalía–. Varias cooperativas y constructoras controladas por Gómez formaron la unión temporal Consorcio Municipios 2006. El millonario contrato se destinó para el estudio, diagnóstico, construcción y mejoramiento del parque de Fusagasugá (Cundinamarca). El lío, según el testigo, es que Betancourt intervino para asegurarle la contratación a cambio de una coima del 4% del negocio. De acuerdo con Gómez, como contraprestación por el contrato le pagó con apartamento en el sector de Quinta Paredes en Bogotá por un valor de $300 millones.
“Para ese momento ella era secretaria general de la Gobernación cuando el gobernador era Pablo Ardila. Yo me presenté a esa licitación, tenía una amistad muy cercana con ella (…) Ella me dijo ‘yo le voy a ayudar para que le adjudiquen eso’, entonces adquirí un compromiso con ella si eso pasaba y yo resultaba como adjudicatario, lo que realmente ocurrió”, señaló Julio Gómez. El declarante añadió que ese apartamento se lo entregó el 1° de agosto de 2008 a través de la constructora Arkgo Ltda. de su propiedad. En los registros de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá figura el negocio como si Betancourt hubiera comprado ese inmueble por un valor de $160 millones. No obstante, Gómez aclaro que venta no hubo, pero sí el pago de una recompensa por las gestiones de quien fuera la mano derecha de Pablo Ardila.
Aún más, el testigo refirió que su cuñado William Arévalo Ramírez, quien era el director financiero de la constructora Arkgo –una de las firmas de la telaraña de corrupción que se montó para desangrar el erario del Distrito–, se encargó de los detalles del pago de la coima. Fue así como, siguiendo al parecer instrucciones de la abogada Betancourt, Arévalo puso ese apartamento a nombre de la empresa Inverlami S. A. El Espectador consultó a la Cámara de Comercio de Bogotá y descubrió que como gerente de la compañía figura una hija de Adriana Betancourt. Según su objeto social, Inverlami es una sociedad de inversión de inmuebles y títulos valores creada en septiembre de 2007. La empresa está en el centro internacional de la capital del país. Y desde allí despacha sus demás negocios la exagente liquidadora de la Supersociedades.
Julio Gómez dijo más. Advirtió, por ejemplo, que Betancourt también le “ayudó” con “un contrato pequeño de la CAR”, del que no recordó el monto. “Sé que nos ayudó y pagué comisión, pero no recuerdo cuánto le pagué”. En documentos oficiales se registra que hasta diciembre de 2006 la abogada Adriana Betancourt ofició como presidenta del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Y hay más, esta vez en conexión con otro saqueo al Estado: el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). “Recuerdo que ella se desempeñaba en negocios de bienes inmuebles incautados al narcotráfico, que manejaba la DNE. Me ofreció el Chinauta Resort, que era del capo Justo Pastor Perafán); el Hotel Melgar, que queda frente a la bomba, pero como ese no era mi negocio no me interesé”, indicó el testigo.
Además, la señaló como socia de David Neira, quien también le ofreció a Gómez una casa en el norte de Bogotá para hacer negocios. Neira ha sido salpicado en el expediente de la DNE que adelanta la Fiscalía y se le relaciona con insistencia con el exdirector de esa entidad Carlos Albornoz, investigado por peculado, interés indebido en la celebración de contratos y fraude procesal. Según reseñó el diario El Tiempo en un artículo de agosto de 2013, Neira confesó ser amigo de Albornoz, pero negó cualquier irregularidad o delito. La Fiscalía, en todo caso, indaga las revelaciones de Julio Gómez que parecen conectar dos expedientes mayores: el cartel de la contratación y el desangre de la DNE. Los rumores de que la justicia ya tenía en el radar a la abogada Betancourt hicieron que ella misma le presentara su renuncia al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.
En diálogo con El Espectador, el funcionario manifestó que Betancourt se declaró inocente y que con el ánimo de no provocarle traumatismos a la entidad prefirió hacerse a un lado. Ella había sido designada, por ejemplo, como liquidadora de Link Global, una pirámide en la que terminó enredado el exfiscal Mario Iguarán. Como Iguarán en su momento había investigado a Pablo Ardila, resultaba en todo caso incómodo que una exsubalterna del exgobernador estuviera manejando el caso en la Supersociedades. Justamente la entidad que ordenó embargar los bienes de Iguarán hace mes y medio. Este diario intentó comunicarse con la abogada Betancourt, pero no respondió a las llamadas que se le hicieron a su celular ni en su empresa Inverlami. ¿Llego el carrusel de la contratación a la gobernación de Pablo Ardila? La Fiscalía rastrea este caso.
Una abogada con experiencia