Todavía no hay decisión de fondo en el tema de la recuperación del Galeón San José

Gran revuelo causó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que allí se adelanta hace más de un mes sobre la extracción del Galón San José de aguas colombianas. Se trata de un auto en el que el juzgado negó unas medidas cautelares que habían pedido abogados y académicos a través de una acción popular. En ese recurso judicial, los demandantes piden frenar el proceso y lograr que el Estado colombiano se encargue de toda la extracción del tesoro, en vez de una empresa extranjera, tal y como está contemplado en el proceso que inició el presidente Juan Manuel Santos hace más de dos años.

(En contexto: No baja la marea por el Galeón San José)

El Tribunal explicó en la providencia judicial que actualmente no existe un prejuicio a los derechos de los demandantes, pues el proceso de extracción ni siquiera ha empezado y que, por eso, no había ninguna evidencia que le permitiera otorgar las medidas cautelares. Sin embargo, esto no significa que el Estado tiene vía libre para extraer las piezas preciosas que se encuentran bajo el mar desde 1708 pues, para que esto sea así, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene que fallar de fondo la acción popular que busca frenar que la recuperación del tesoro esté en manos de empresas extranjeras a través de una asociación público privada (APP).

En diálogo con El Espectador, uno de los abogados demandantes, César Augusto Duarte Acosta, señaló que la decisión del Tribunal es diferente al fondo del asunto que es, precisamente, quién va a sacar el Galón del mar. “Lo más importante en este proceso es que se establezca que el organizador no puede cobrar su trabajo con elementos que reposan en el Galeón, sino que se le pague con dinero. Esto no solo es para proteger el patrimonio cultural del país sino también el de la humanidad”, recalcó Duarte.

(Le puede interesar: Gobierno suspende licitación de la empresa que rescatará al Galeón San José)

Uno de los mayores temores frente al navío, hundido en 1708 por un barco inglés en la bahía de Cartagena, es que sus despojos queden en manos de los cazatesoros. “La historia no nos perdonará que unos nuevos y sofisticados conquistadores, conocidos, en palabras de la Unesco, como cazatesoros, con artilugios y supuestos beneficios de tanto valor como los seductores espejitos de aquella azarosa época, nos vuelvan a saquear, apropiándose en una rapiña del Galeón”, dice la acción popular que todavía no se ha fallado.

Por su parte, el Ministerio de Cultura, a través de un comunicado de prensa publicado en su página web, señaló que, con esta solución a las medidas cautelares, el proceso para encontrar a la empresa que se lleve la APP. La cartera ministerial señaló que hasta el próximo 10 de agosto estará abierta la convocatoria para que los oferentes hagan llegar sus propuestas para concursar para ser el ganador de tan cotizado proyecto. Para Duarte, si bien la decisión del Tribunal es respetable y se va a acatar, esto no significa que hay un pronunciamiento de fondo.

(Lea también: Transparencia, lo que más se reclama en el proceso del Galeón San José)

Según el jurista, el próximo gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto para definir qué pasará con esta negociación, que ha liderado hasta el momento el presidente Juan Manuel Santos. Mientras se conoce la posición del gobierno de Iván Duque, el Tribunal Superior de Cundinamarca todavía tiene que resolver a fondo las peticiones planteadas por los demandantes, quienes no dudan en afirmar que las reglas de la APP deben cambiar pues a la empresa que ayude a sacar el galeón del mar, no se le puede pagar con los objetos preciosos que allí se encuentran.

Gran revuelo causó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que allí se adelanta hace más de un mes sobre la extracción del Galón San José de aguas colombianas. Se trata de un auto en el que el juzgado negó unas medidas cautelares que habían pedido abogados y académicos a través de una acción popular. En ese recurso judicial, los demandantes piden frenar el proceso y lograr que el Estado colombiano se encargue de toda la extracción del tesoro, en vez de una empresa extranjera, tal y como está contemplado en el proceso que inició el presidente Juan Manuel Santos hace más de dos años.

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El Tribunal explicó en la providencia judicial que actualmente no existe un prejuicio a los derechos de los demandantes, pues el proceso de extracción ni siquiera ha empezado y que, por eso, no había ninguna evidencia que le permitiera otorgar las medidas cautelares. Sin embargo, esto no significa que el Estado tiene vía libre para extraer las piezas preciosas que se encuentran bajo el mar desde 1708 pues, para que esto sea así, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene que fallar de fondo la acción popular que busca frenar que la recuperación del tesoro esté en manos de empresas extranjeras a través de una asociación público privada (APP).

En diálogo con El Espectador, uno de los abogados demandantes, César Augusto Duarte Acosta, señaló que la decisión del Tribunal es diferente al fondo del asunto que es, precisamente, quién va a sacar el Galón del mar. “Lo más importante en este proceso es que se establezca que el organizador no puede cobrar su trabajo con elementos que reposan en el Galeón, sino que se le pague con dinero. Esto no solo es para proteger el patrimonio cultural del país sino también el de la humanidad”, recalcó Duarte.

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Uno de los mayores temores frente al navío, hundido en 1708 por un barco inglés en la bahía de Cartagena, es que sus despojos queden en manos de los cazatesoros. “La historia no nos perdonará que unos nuevos y sofisticados conquistadores, conocidos, en palabras de la Unesco, como cazatesoros, con artilugios y supuestos beneficios de tanto valor como los seductores espejitos de aquella azarosa época, nos vuelvan a saquear, apropiándose en una rapiña del Galeón”, dice la acción popular que todavía no se ha fallado.

Por su parte, el Ministerio de Cultura, a través de un comunicado de prensa publicado en su página web, señaló que, con esta solución a las medidas cautelares, el proceso para encontrar a la empresa que se lleve la APP. La cartera ministerial señaló que hasta el próximo 10 de agosto estará abierta la convocatoria para que los oferentes hagan llegar sus propuestas para concursar para ser el ganador de tan cotizado proyecto. Para Duarte, si bien la decisión del Tribunal es respetable y se va a acatar, esto no significa que hay un pronunciamiento de fondo.

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