Todo lo que se sabe de los militares colombianos presos por el magnicidio en Haití

Hoy, hace dos años, el presidente haitiano Jovenel Moise fue asesinado en su casa. La Policía de ese país encontró en la escena del crimen un grupo de militares en retiro colombianos, que pronto fueron reseñados como probables mercenarios internacionales. Tres de ellos murieron a manos de las autoridades, y sus restos fueron enviados en cenizas a sus familias en Colombia. Dos de los colombianos señalados, Mario Palacios y Germán Rivera, son procesados en Estados Unidos. Los otros 17 militares han vivido por dos años las consecuencias de un proceso absolutamente congelado. Desde su captura, la justicia haitiana no ha hecho nada para intentar juzgarlos, mientras fueron condenados públicamente, y su defensa advierte, contra todo pronóstico, que serían inocentes.

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El único condenado

Rodolph Jaar es el rostro del único avance materializado en sanciones penales por el magnicidio de Moise. Se trata de un haitiano-chileno, quien fue capturado en República Dominicana en enero pasado y quien viajó voluntariamente a Estados Unidos para aceptar cargos. Aunque se confesó por proporcionar las armas a los supuestos cómplices colombianos, tal cual lo acusó la justicia norteamericana, recibió una condena a cadena perpetua. La teoría del caso en su contra es concreta: entregó el dinero para armas, alimentos y alojamientos de los colombianos en República Dominicana y posteriormente en Hairí.

Palacios y Rivera, lejos del infierno

Mientras 17 militares en retiro denuncian tortura en la cárcel de Puerto Príncipe (Haití), y falta de garantías judiciales, dos colombianos señalados enfrentan procesos en Estados Unidos, y viven su propio expediente tras las rejas norteamericanas. Uno de ellos es Mario Palacios, quien logró escapar a Jamaica después del operativo, donde lo capturaron y lo extraditaron a Norteamérica. Allí, se declaró no culpable del asesinato, aunque está acusado, desde 2021, por presuntamente concretar la intención de asesinar a Moise tras ingresar a la residencia presidencial. En palabras de la justicia, por conspirar para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos.

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Norteamérica tiene claro que la conspiración nació allí, específicamente en Miami, donde tuvo sede la empresa CTU Security Service. Esta última fue la que reclutó a los militares en retiro y gestionó los viajes, el hospedaje y los desplazamientos. Con la intención de arropar su teoría del caso, la justicia estadounidense solicitó la presencia del colombiano Germán Rivera, quien tiene en contra una denuncia por conspirar para cometer asesinato o secuestro, y brindar apoyo material y recursos. Fue trasladado en enero de este año a Miami, junto a tres haitianos-americanos: Joseph Vicent, Christian Sanon y James Solages, señalados como determinadores del magnicidio.

¿Y los demás colombianos presos?

En entrevista con El Espectador, la abogada penalista y defensora de derechos humanos, Sandra Macollins, habló sobre la situación jurídica del expediente. Sostiene que después de dos años, la justicia haitiana los ha dejado en un bucle en el cual no han tenido derecho a un juicio justo. Es más, ni siquiera les han legalizado las capturas presentadas como resultado solo horas después del magnicidio. Este es el ABC del proceso, de la voz de Macollins:

Usted ha sostenido una teoría del caso en la cual los militares llegan cuando el presidente ya está muerto, ¿podría ahondar en ella? Los lectores quisieran saber cómo se podrían defender ante un juicio.

Esa teoría está basada en la información que me suministraron la mayoría de ellos a través de cartas y videos. Dicen que fueron contratados por la empresa CTU, con sede en Miami, para brindar seguridad privada a un candidato presidencial de nombre Emmanuel Sanon. Fueron contratados a través de Duberney Capador (muerto), uno de los directivos que estaba al mando de los empresarios que dirigían CTU. Él contactó a los militares. Reunieron a 22, entre compañeros y amigos, contándolo a él.

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El único requisito era tener pasaporte vigente y antecedentes judiciales al día. La empresa CTU les puso los tiquetes de Bogotá a República Dominicana, donde les entregan su visado para llegar a Puerto Príncipe (Haití). Unos llegan por avión, y otros por tierra para ahorrar en temas de viáticos. Ellos documentan todo el viaje. Ellos mandan fotos a sus familias. Todo. Llegan a un hotel. Un día antes de los hechos, dicen ellos, les hicieron reuniones en las que les dijeron que trabajarían con el FBI y la DEA de Estados Unidos.

Además, el superior que los dirigía les dice: “señores, hay que hacer un acompañamiento a la Policía Nacional, para la captura de una persona muy importante, que se va a capturar con fines de extradición para la DEA”. Se les muestra un documento en francés y ellos presumen que es todo lo que hay que hacer. Les entregan ocho fusiles viejos y llegan con las con las camionetas y con la Policía a hacer el supuesto acompañamiento. Entran por una reja, hacen el despliegue de seguridad y los que quedaron de reducir a la seguridad hacen lo que tiene que hacer. Ningún policía de esos está herido o muerto. Les pareció raro que, incluso, todos los que estaban dentro se escondieron y otros estaban en el piso esperándolos a que los esposaran.

Tres de los militares colombianos suben al segundo piso, donde está la habitación del presidente a hacer la captura. Y vieron a Moise muerto. Salen y se quedan esperando órdenes. Nunca llegaron. Lo único que pasó es que llegó la Policía a capturarlos, y matan a quemarropa a los tres que entraron a la habitación del presidente. Los asesinan y los incineran. Los que saben de temas judiciales saben que cuando hay muertes violentas, los cuerpos no se pueden quemar. Esos cuerpos los enviaron a Colombia en cenizas. En Colombia salió una información en la que aceptan cargos, pero era solo un libreto que les obligaron a decir. Las ocho armas fueron incautadas y no hay pruebas de balísticas.

Ahora que habla de las pruebas que se podrían haber recaudado, quisiera que dejáramos claro una situación: en un procedimiento normal penal de la justicia haitiana, ¿qué es lo que debería pasar tras la captura y que dos años después no ha pasado?

El paso siguiente es la legalización de la captura. Eso no ha pasado. Ellos fueron detenidos, puestos en la cárcel de Puerto Príncipe (la capital), y la justicia tenía cinco días para llevarlos ante un juez de instrucción criminal. Ahí se suponía que les legalizarían la captura, les leerían los cargos y ahí sí empieza la investigación. Aquí no ha pasado nada. Solo existe un informe de Policía. La misma que los recibió, que interactuó con ellos. No hay videos. No hay experticia de las armas incautadas. No se ha dado a conocer la necropsia oficial de Jovenel Moise. No le hicieron necropsia a los colombianos que murieron en el operativo.

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Si Haití funcionase como el Estado de Colombia, una alternativa sería interponer un habeas corpus para lograr su liberación por falta de juzgamiento. ¿En Haití existe ese recurso?

Esa figura existe. A nosotros con la doctora Martha Lucía Ramírez nos prometió radicar un habeas corpus después de hablar con ella, pero nunca pasó nada. Luego de eso, logramos que una firma de abogados privados en Haití representar a nueve de ellos y presentara el recurso. Pero el pasado nueve de noviembre, una defensora públicamente dijo que tenía la cita para radicarlo ante un tribunal. Ese despacho le cerró las puertas y el magistrado le respondió que no le podía recibir nada, porque estaba amenazado de muerte. Y no han querido recibir el habeas corpus hasta el día de hoy. Es que ni siquiera tenemos derechos a interponerlo. No es que lo niegan, ni lo reciben. No hay forma de garantizar institucionalidad, ni que el proceso se va a llevar justo, imparcial o público.

¿Haití es miembro de la Comisión Interamericana?

Sí, ellos ratificaron la Convención. Nosotros estamos solicitando medidas cautelares por el tema de seguridad de la cárcel, pero no nos las han aceptado. Son para las garantías del debido proceso.

Volviendo al caso, Mario Palacios y Germán Rivera están a disposición de la justicia estadounidense, la cual ya condenó a cadena perpetua al haitiano-chileno Rodolph Jaar. ¿Cuál es el interés de Norteamérica en este expediente?

Mario logró escaparse. Como él y todos ellos pensaban que estaban haciendo un operativo de capturas confines de extradición para los Estados Unidos, Mario Palacios, a través de un abogado en Colombia, hizo contacto con las autoridades norteamericanas. Todo para que le brindaran la debida protección. Habla con los del FBI y le cuenta todo. Explica que el supuesto capturado iba a ser trasladado en un avión hacia Estados Unidos. Con base en su declaración, ellos abrieron un caso para conspiración de secuestro y asesinato, y lo dejaron capturado. Las autoridades empezaron a investigar y encontraron a tres haitianos-americanos.

Los llevaron para procesarlos, entre ellos Emmanuel Sanon. Este último por haber trasladado chalecos, material bélico de uso privativo, un cargo menor. Ese era el candidato presidencial de Haití. El que condenaron, Rodolph Jaar, fue el que puso la plata para los chalecos y financió el material bélico. Él dijo que estaba ayudando en eso y se declaró culpable. Él pensó que quizás enfrentaría cinco años de prisión, pero le dieron cadena perpetua. Además, la empresa que los contrató tiene sede en Miami. Es americana. De Estados Unidos salió el plan. Sostienen que hubo una conspiración que nació en ese país.

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Otra cosa importante. Mario Palacios aseguró que trabajaban para el FBI. Cuando uno chequea el juicio, ya hubo una declaración de un agente del FBI donde dice que se reunían con CTU, pero que ellos los engañaron. Mi pregunta es, si CTU engañó al FBI, porque no puso engañar a los militares colombianos. Eran personas necesitadas de un trabajo, que simplemente les propusieron ayudar con la seguridad.

El presidente Gustavo Petro aceptó internacionalmente culpa y ofreció disculpas en nombre de Colombia por el crimen. No obstante, la Cancillería tiene la obligación de proteger los derechos de los colombianos en el exterior, ¿qué ha hecho?

Nosotros presentamos un derecho de petición solicitando la rectificación de esa información, porque fue un tema más moral, que judicial. Porque no hay proceso. Ni voluntad para hacerlo. Pero nuestro presidente tiene la obligación de velar y hacer respetar las garantías de los colombianos. En el derecho nos contestaron que él solo dijo lo que la prensa dijo. Y en otros puntos nos remitieron a la Cancillería, que no nos han contestado. Ellos dicen que han enviado 35 oficios diplomáticos, pero nada. Nosotros, de hecho, tenemos un embajador haitiano en Bogotá. Y Colombia tiene forma de presionarlo, porque el país entrega becas a haitianos en el país. Pero no han querido hacer nada.

¿Cómo están los militares colombianos presos en Haití?

Lo que sabemos es de oídas, porque algunas de las esposas de haitianos que están detenidos están en contacto de las esposas de los militares. Literalmente desde que salió el doctor Zampa, cónsul honorario hasta julio del año pasado, no volvimos a saber nada concreto. Estamos a la espera de que este gobierno dijo que iba a hacer una visita humanitaria y va a permitir que dos o tres de los familiares viajen en el avión presidencial, y verifiquen el estado en que se encuentran. Estamos a la expectativa de conocer su situación.

Un llamado familiar por un “juicio justo”

Los familiares de los colombianos presos asistieron a un plantón en la Plaza de Bolívar y la Cancillería para solicitar ayuda. De Relaciones Exteriores les respondieron que Vilma Velásquez iniciará labores la próxima semana en Haití como cónsul oficial. Los familiares piden ayuda para trasladar el expediente a un tribunal ad hoc, “con el objetivo de que (los detenidos) sean escuchados en ley, en transparencia, y en concordancia de toda la Constitución Política de Haití y un tribunal en otra instancia”, señaló Milena Carmona, esposa del subteniente en retiro Jheyner Alberto Carmona.

Así mismo, pidieron una comisión de verificación, la cual ingrese a la cárcel de Puerto Príncipe a verificar la situación de derechos humanos de los detenidos, los cuales ni siquiera han podido llamar a casa en dos años. Asimismo, la ejecución del habeas corpus que les permita salir y enfrentar el proceso en libertad. “Ha sido muy terrible las navidades y los cumpleaños. Nosotros lo único que pedimos es un juicio justo. Mi hijo es criado en el campo. Le salió una oportunidad con la cual le iba a dar universidad a mi nieto”, concluyó durante el plantón María Irene Gómez, madre de Jon Jairo Ramírez.

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