Todos quieren con la Contraloría

En todo un viacrucis se ha convertido el proceso de elección del nuevo contralor general de la República. Supuestas componendas políticas, veladas acusaciones judiciales, señalamientos de apoyos incondicionales del Gobierno con la aquiescencia del presidente Santos, peloteras en las altas cortes para definir a los ternados, y ahora una acción de tutela que dejó en el limbo la posibilidad de que el exprocurador general Edgardo Maya Villazón se monte en el bus de una victoria que hace dos semanas parecía cantada en los mentideros políticos.

Una radiografía sobre un choque de poderes que tiene en la trasescena a dos expresidentes de la República, Ernesto Samper y César Gaviria; al hoy vicepresidente electo Germán Vargas Lleras; a varios caciques políticos del Partido de la U y a otros protagonistas de la política regional, que reclaman al tiempo esa entidad y el ungido que ellos determinen para administrarla. En medio de esos cálculos cruzados, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no ha dudado en resaltar que Santos lo que busca es blindarse con un contralor “de bolsillo”.

Sobre la terna, integrada por Edgardo Maya, Gilberto Rondón y Carlos Ardila Ballesteros, se ha dicho de todo en las últimas 48 horas. Sin embargo, el más resistido de los tres resultó siendo el exprocurador. Primero, los magistrados Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle, de la Corte Constitucional —entidad que lo postuló—, rechazaron que sus colegas incluyeran a Maya, pues, en su criterio, se había violado el reglamento de la corporación, ya que en una primera votación su nombre no había alcanzado el respaldo necesario y se estiraron las normas para favorecerlo.

De inmediato, desde distintos flancos comenzaron las acusaciones de que el Gobierno estaba poniendo toda la carne en el asador para garantizar que Maya fuera el sucesor de la hoy contralora Sandra Morelli. De hecho, en una cena en la casa del fiscal general, Eduardo Montealegre, realizada en mayo pasado, se promovió la candidatura del exprocurador y a dicha reunión asistió, entre otros, el hoy presidente de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas. Un encuentro que abrió el camino de la controversia y que todavía le enrostran a Edgardo Maya para descalificar su candidatura.

Y cuando empezaba a debatirse en el Partido de la U si el Congreso debía devolver la terna por cuenta de estas denuncias, el jueves pasado, al resolver una tutela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente la inclusión del exprocurador en la terna hasta tanto examine de fondo su elección en la Corte Constitucional. Acogiendo la petición del demandante, Carlos Mario Isaza, como medida cautelar frenó la postulación de Maya mientras no se determine si el alto tribunal violó su reglamento para favorecerlo, tal como lo denunciaron los magistrados Calle y Palacio.

Al margen de lo que defina el Tribunal de Cundinamarca, en el plano político las cosas no están menos difíciles para Edgardo Maya. En la U crece el consenso de vetar su nombre, barajar de nuevo e incluso se sabe que el presidente de esa colectividad, Sergio Díaz Granados, ya le habría notificado al presidente Santos que no quieren saber nada del exprocurador. Un giro que ni siquiera logró anticipar el escudero del jefe de Estado Juan Mesa, de quien se dice fue uno de los principales promotores de su postulación en la Corte Constitucional.

“En el sondeo que hemos hecho en la bancada, se ve que no hay acompañamiento y que es casi unánime el rechazo a la aspiración de Maya. Ojalá hubiese otro nombre”, le contó a El Espectador el senador de la U Armando Benedetti. Mientras tanto, otro legislador, pidiendo la reserva de su nombre, reconoció que el partido se siente inconforme, indignado e incómodo con esa postulación y que ven al exprocurador como una ficha personal del expresidente Samper y como una persona sectaria, politiquera y que no da garantías.

De ahí que la idea de buscar razones jurídicas para intentar devolver la terna, una vez sea presentada oficialmente al Congreso, sigue en pie. Además, en la U ven también a Gilberto Rondón, el candidato ternado por el Consejo de Estado, como una ficha del expresidente César Gaviria y del liberalismo, y a Carlos Ardila Ballesteros como el ungido de Germán Vargas Lleras. “Ya es hora de que entremos a pelear por esos cargos de los organismos de control”, agregó una fuente de esa colectividad. Por ahora solo hay una cosa clara: si esta terna va, Maya no tendrá el respaldo de la U, el partido del primer mandatario.

Pero sobre el exprocurador no caen todos los reproches. Tres fuentes consultadas por El Espectador aseguraron que Gilberto Rondón asesoró a la sombra al hoy detenido exgobernador de La Guajira Francisco Kiko Gómez, cuando resultó detenido por sus presuntos vínculos con la banda criminal de Marquitos Figueroa, señalado de ser el autor intelectual de por lo menos seis homicidios. Las mismas fuentes sostuvieron que Rondón participó en reuniones con el grupo de defensores de Gómez e incluso que su hermano, Aquilino Rondón, figuró en algún momento como apoderado del acusado exgobernador.

Un señalamiento que le negó con vehemencia Gilberto Rondón a este diario: “(A Kiko) sí lo conocí cuando era gobernador, pero no tuve ningún encuentro con él”. Y añadió que en el camino de ascenso para cualquier cargo público en Colombia “a uno le resultan muchos enemigos. Es absurdo lo que dicen y afecta que me endilguen cosas que no tienen ningún asidero. Yo soy un hombre de extracción campesina. No tengo absolutamente nada que esconder”. De Rondón se sabe que además de una larga carrera política, ofició como conjuez del Tribunal Superior de Tunja y como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), cargo al que renunció en agosto del año pasado.

Además, como parlamentario integró la Comisión de Acusación de la Cámara y le tocó investigar al expresidente Uribe por cuenta del escándalo de la yidispolítica. Nada pasó con ese caso. En el CNE fue la cuota del Partido Liberal y se sabe que también defendió al exgobernador de Boyacá Miguel Ángel Bermúdez, condenado a 11 años de prisión por peculado. También se ha dicho que su amistad con Julio César Ortiz podría resultarle perjudicial, pues este es el abogado de Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, a quien la contralora Sandra Morelli halló responsable de desviar recursos de la salud por $1,4 billones.

El último integrante de la terna, Carlos Ardila Ballesteros, nominado por la Corte Suprema de Justicia, es un político curtido que llegó al Congreso y que, como Rondón, también fue magistrado del CNE. Por estos dos casos es que ya se habla, además del “yo te elijo, tu me eliges”, de la puerta giratoria del máximo tribunal electoral del país. En el año 2000, la misma Contraloría le abrió una investigación preliminar por supuestas irregularidades en contratos celebrados cuando actuó como presidente de la Cámara de Representantes. Investigación que no prosperó.

Además, hay quienes le cuestionan a Ardila su cercanía con el procurador Alejandro Ordóñez y Ruth Marina Díaz, la magistrada de la Corte Suprema del famoso crucero. En el plano estrictamente político, hay quienes creen que en su contra juega el ser de la cuerda de Vargas Lleras, quien ya tendrá poder suficiente desde la Vicepresidencia. “Se ha dicho que desde ahí va a manejar lo de infraestructura, vivienda y agua potable. Es suficiente poder, ¿para qué más?”, señaló una fuente del Partido de la U.

Queda claro que la pelea por la Contraloría atraviesa una cantidad de poderes enfrentados que no será fácil poner de acuerdo y que inevitablemente dejará incómodos a muchos. Se trata de una entidad con casi 5.000 funcionarios, con un multimillonario presupuesto y con una inmensa capacidad burocrática. Parafraseando una novela de otra época, se podría decir que “todos quieren con la Contraloría”. El poder del jefe de esa entidad está a la par con otros organismos de control como la Fiscalía o la Procuraduría. Por algo hay quienes dicen que los gobiernos siempre querrán tener un contralor amigo.

@jdlaverde9

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