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En un documento de 21 páginas, la Procuraduría General le pidió a la Corte Suprema que condene a tres militares retirados que habrían participado en la desaparición de una persona durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. Se trata del general (r) Iván Ramírez Quintero, el coronel (r) Fernando Blanco Gómez y Gustavo Arévalo Gómez como coautores de la desaparición forzada del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez Vera.
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Como lo han contado fallos judiciales sobre la Toma del Palacio, el Ejército retomó el edificio luego de que la guerrilla del M-19 se tomara las instalaciones y secuestrara a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, empleados y visitantes. En medio de este enfrentamiento entre la fuerza pública y el grupo ilegal, fueron asesinadas 94 y 11 fueron desaparecidas, entre ellos Carlos Augusto Rodríguez Vera. El Espectador conoció detalles de la solicitud del Ministerio Público sobre uno de los capítulos violentos más emblemáticos del Conflicto Armado colombiano.
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Uno de los argumentos de la Procuraduría es que, para el momento de los hechos, Ramírez Quintero era comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici). En ese cargo, dice la Procuraduría, conoció y controló la salida de civiles que fueron rescatados del Palacio de Justicia. Incluso, hay videos que confirman que Rodríguez Vera salió con vida del edifico y luego trasladado a la Casa del Florero, en donde fue retenido por los militares y en donde se perdió su rastro hace casi 40 años.
“Se perciben plenamente reunidos los requisitos que la Ley y la jurisprudencia han acuñado para la configuración de esa forma de participación criminal (...) fue por cuenta de los miembros del COICI, a cargo del Mayor General (r) Ramírez Quintero y su subalterno el coronel (r) Blanco Gómez, que quedaron las personas que luego de haber sido sacadas con vida del Palacio de Justicia, fueron trasladadas al Museo Casa del Florero, en lugar y en un día a partir de los cuales la existencia de Carlos Augusto Rodríguez Vera, se convierte en una absoluta estructuración del delito”, señaló el procurador del caso, Jaime Gutiérrez Millán.
A renglón seguido, el Ministerio Público agregó: “Téngase en cuenta, que el comandante del Coci para las fechas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, era Ramírez Quintero, y el segundo al mando, Blanco Gómez, cuyas alegaciones de mostrarse ajenos a la producción de dicho resultado, devienen absolutamente descartadas por la fuerza probatoria de los elementos que los comprometen, al punto de poder pregonarse la demostración plena de sus responsabilidades en los hechos”.
Ramírez Quintero y Blanco Gómez ya fueron condenados por otro crimen en medio de la toma y retoma del Palacio de Justicia. En junio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó, en segunda instancia, por la desaparición forzada Irma Franco, integrante del M-19. Los magistrados de esa corporación señalaron que la respuesta del Estado fue desmedida y que la identificación de los restos estuvo plagada de errores que podían poner en duda la existencia de desaparecidos.
Sin embargo, aclaró lo que las víctimas llevan años insistiendo: no hay duda alguna de que sí hubo desaparecidos y, en uno de esos casos, hay pruebas suficientes para condenar a quien fuera la cabeza de la inteligencia militar a 31 años cárcel. Ese extenso fallo también deja claro otro aspecto: el Coici y el B2 de Inteligencia de la Brigada XIII, se encargaron de perfilar a las personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron llevadas a la Casa del Florero. Bajo estricta custodia militar, todos los sobrevivientes fueron entrevistados y, bajo cualquier sospecha de que se trataba de guerrilleros, eran rotulados y separados.
El hombre de la inteligencia
Ramírez Quintero pasó toda su carrera en el Ejército como un hombre clave de la inteligencia militar, ya que hizo parte de las principales estructuras de la fuerza pública enfocadas en ese rubro: el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y el Batallón Charry Solano de la Brigada XX de Bogotá, la cual fue cerrada en 1998 luego de los constantes señalamientos de ser un centro de tortura, asesinato de civiles y de desapariciones forzadas.
El 15 de mayo de ese año, el gobierno de Estados Unidos canceló su visa. Un gesto diplomático que era, a todas luces, una cachetada a quien había comandado la Brigada XX, pues su trayectoria había quedado totalmente cuestionada de un escándalo que apuntaba a que ese comando estaba detrás de cientos de violaciones de derechos humanos. Cinco días después de esa cancelación de visa, el gobierno de Ernesto Samper le puso fin a la Brigada XX. Sin embargo, continuó con su carrera militar.
Hace más de 30 años se decía que era parte de la Alianza Anticomunista Americana, señalada de cometer atentados contra medios como Voz Proletaria, aunque nunca se comprobó nada. Sin embargo, su nombre salió mencionado en cables diplomáticos de organismos de inteligencia de Estados Unidos en que es señalado de liderar esa organización ilegal.
Luego de ser designado en Chile como agregado militar, volvió a Colombia y fue contratado como asesor del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, justamente durante la administración en la que ese departamento de inteligencia interceptó ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas y periodistas. Por toda su trayectoria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha pedido que cuenta su versión, por ejemplo, sobre los asesinatos y persecución contra integrantes de la Unión Patriótica.
El general (r) ya había pedido pista en esa instancia de justicia transicional, precisamente por su papel en el caso del Palacio de Justicia. Sin embargo, en agosto de 2022, la JEP le cerró sus puertas porque incumplió de forma sistemática los requerimientos de jurisdicción y no hizo ningún aporte de verdad para poder ganarse un cupo. Desde entonces, el emblemático general de la inteligencia ya tiene una condena encima y espera que la Corte Suprema de Justicia determine si también participó en los hechos que rodearon la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera.
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