"Trabajo de la firma de Springer no fue útil": reporte interno de la Fiscalía

“No es útil para el desarrollo del trabajo que se viene adelantando”: esas fueron las palabras que Mónica María Suárez, jefe encargada de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UNAC) en diciembre de 2013, usó para resumir lo que los fiscales y analistas de la UNAC habían observado sobre el primer informe que la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, cuya representante legal es Natalia Springer, le había entregado a la Fiscalía como parte del contrato que había firmado con el ente investigativo en 2013.

La revelación la hizo la revista Semana este jueves 10 de septiembre, cuando el día estaba por acabarse, divulgando de paso el documento de cinco páginas que la fiscal Mónica Suárez le envió a Carlos Ariel Useda, jefe de la Oficina Informática de la Fiscalía. En ese informe, la fiscal advierte puntualmente por qué el trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg “no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato” con respecto al primer avance de la firma: el capítulo del secuestro.

En ese momento, diciembre de 2013, la firma Springer Von Schwarzenberg había entregado el primero de cuatro informes que debía elaborar como parte de su contrato, suscrito por $895 millones con el propósito de que la firma diera “apoyo jurídico y técnico especializado al señor Fiscal General de la Nación para el procesamiento de datos” sobre los siguientes crímenes: ataque al pueblo awá, secuestro, reclutamiento de niños y adolescentes y violencia sexual. El supervisor era Montealegre o quien él designara.

Hace poco más de un mes, tanto el fiscal Montealegre como Springer respondieron por escrito unos cuestionarios de El Espectador. Este diario tomó las respuestas de ambos y las comparó con tres puntos fundamentales de este informe interno de la Fiscalía:

• Lo que dijo Natalia Springer: “Nosotros aportamos análisis cuantitativo que ayudan a soportar su trabajo (de la DINAC, antigua UNAC), y ofrecemos apoyo en la estrategia y los aspectos metodológicos”.
• Lo que dijo el fiscal Montealegre: “El dilema al que nos enfrentamos era si valía la pena que la Fiscalía arrancara prácticamente de cero en la ejecución de unas tareas especialísimas de recolección, sistematización y análisis cuantitativo y cualitativo de datos criminales, o si era más conveniente contratar a un equipo externo que sabe cómo hacerlo”.
• Lo que dice el informe: “Metodológicamente el documento se fundamenta principalmente en las publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, como Una verdad secuestrada, Una sociedad secuestrada, y la base de datos del CNMH y Cifras y Conceptos”.

• Lo que dijo Natalia Springer: “El trabajo de investigación que desarrollamos directamente para su despacho (el del fiscal general) cumple con el fin de: 1. Apoyar el trabajo que se surte en la DINAC (antigua UNAC) que en días pasados ha iniciado el proceso de imputación por Crímenes de Guerra”.
• Lo que dijo el fiscal Montealegre: “El trabajo que han adelantado los contratistas no es independiente de las labores de la Dinac o de otras direcciones de la fiscalía. Hay un diálogo permanente. La experiencia ha sido muy satisfactoria”.
• Lo que dice el informe: “La falta de articulación del documento con las investigaciones adelantadas por la UNAC preocupa, en tanto la Oficina Jurídica concluyó que los productos de la firma contratista debían ser sustentados en juicio con el objeto de asegurar que con éstos sí se cumpliera con los estudios de necesidad del contrato”.

• Lo que dijo Natalia Springer: “Esa información es considerada de ‘seguridad nacional’ por cuanto se trata de material de investigación que ayuda a soportar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación contra las FARC-EP por Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad y Graves Violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La audacia de proceder por estas categorías de crímenes tiene unas implicaciones extraordinarias. Nunca en nuestra historia se había hecho”
• Lo que dijo el fiscal Montealegre: “El nivel de innovación de este trabajo será sin duda revolucionario por los hallazgos encontrados”.
• Lo que dice el informe: “El documento no identifica patrones de conducta por parte de los victimarios, no explora alternativas de imputación como los crímenes de guerra, y en últimas no contribuye a la investigación penal adelantada por la UNAC”.

En ese contrato de 2013 se leen, además, varias anotaciones que no dejan en buen lugar a una firma que se contrató porque, según le dijo el fiscal a este diario, su idoneidad y credenciales académicas eran irrefutables, y porque en la Fiscalía no había nadie “con calificaciones para hacer el trabajo que ellos desarrollan”:

• 1. La firma no entregó formatos establecidos para recolección de datos y establecimiento de criterios de análisis de la información.
• 2. El informe no plasmaba actividades que exigía el contrato como análisis de datos multivariables, representación matemática de algoritmos o georreferenciación de datos.
• 3. Las justificaciones metodológicas para establecer las modalidades de secuestro no eran claras.
• 4. El hilo conductor a lo largo de todo el documento no era claro.
• 5. A las interpretaciones cuantitativas les faltaba análisis.
• 6. No se elaboró un perfil geográfico para determinar patrones y dinámicas del secuestro.
• 7. Los funcionarios de la UNAC le aclararon que ellos “siempre” habían entendido que existían sentencias condenatorias contra máximos responsables por secuestros, que lo se estaba buscando estructurar era las posibles torturas y tratos crueles, aspecto que la firma de Springer dejó de lado.

El contenido de este reporte interno es lo más detallado que se ha conocido hasta ahora sobre el trabajo que la firma de Springer hizo para la Fiscalía, aunque vale aclarar que después de la entrega del capítulo secuestro debieron hacerse tres informes más (ataques al pueblo awá, reclutamiento y violencia sexual), cuya calidad no ha sido aún establecida públicamente. Actualmente la Fiscalía tiene otro contrato con esa misma firma par, de nuevo, procesamiento de datos, pero con el ELN y las Bacrim. Ese tuvo un costo de $3.085 millones. El Espectador le ha pedido a la Fiscalía que divulgue los resultados de 2013, pero los dos derechos de petición que se enviaron fueron negados.

En conversaciones informales con este diario, Natalia Springer reiteró que era “la más interesada” en que su trabajo se hiciera público, pero luego, en entrevista formal, señaló que lo que ella y su equipo hacían era de seguridad nacional. El fiscal Montealegre, por su parte, señaló también que el trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg era de carácter reservado y que sólo se conocería en los juicios contra los máximos líderes de las Farc, porque hacerlo antes dañaría su estrategia jurídica. Ese es, sin duda, un argumento válido. Sin embargo, este reporte interno que divulgó la revista Semana deja muy mal parados a todos los protagonistas de esta historia.