Trabas para obtener una pensión

Cada vez que al área de pensiones de la empresa Puertos de Colombia —liquidada en 1992— se envía una solicitud de pensión, cualquiera que sea, las alarmas se encienden. No es para menos, luego del boquete que se abrió en el erario por causa de las pensiones fraudulentas de Foncolpuertos. Por eso, cuando a ese despacho llegó la petición de Elsy Leticia Mosquera Rincón de que su hermana Cindy Lorena, menor de edad, recibiera el 100% de la pensión que devengaba su padre, el ex portuario Edilberto Mosquera, la respuesta de la compañía fue el requerimiento a la Fiscalía de una investigación penal contra Elsy Leticia.

Así comenzó el viacrucis judicial de esta mujer de Buenaventura, señalada de los delitos de fraude procesal y tentativa de estafa agravada. El Grupo Interno de Trabajo (GIT), creado por el Ministerio de la Protección Social para tramitar el pasivo laboral de Puertos de Colombia, le pidió a la justicia en 2004 que estudiara este caso, que llevaba cuatro años a su consideración. El coordinador de pensiones encontró altamente sospechoso que Mosquera Rincón exigiera la pensión para la hija de un hombre que no la había registrado en el último censo de beneficiarios, y de una mujer que, de haberla dado a luz, lo habría hecho con 50 años de edad.

Elsy Leticia —quien se convirtió en la representante legal de Cindy Lorena en enero de 2000, cuando murió la madre de ambas— no sólo pidió el 100% de la pensión de su padre, sino que también pidió para su hermana las mesadas dejadas de recibir, que eran unos $117 millones. Pero el pronunciamiento del área de pensiones del GIT fue uno solo: “No pagar suma alguna hasta que la justicia penal se pronuncie”. En septiembre de 2004, Elsy Leticia fue llamada a indagatoria. La mujer sostuvo que su madre concibió a su hermana en su madurez y que por eso los vecinos se burlaban de ella.

Agregó que el nacimiento fue atendido por una partera conocida como Pompa, quien ya había muerto, y que ignoraba por qué su padre no la incluyó en el censo de pensionados. Pero, para la justicia, este testimonio no fue suficiente y se ordenó obtener las declaraciones de vecinas de sus padres. Basilia Tamayo y María Ceferina López secundaron la declaración hecha por Elsy Leticia. Clara Luz Martínez y Tomás Antonio Cruz aseguraron que Edilberto y María Leticia eran los padres de Cindy Lorena Mosquera Rincón. Pero el GIT persistía en su duda y la Fiscalía ordenó una prueba de ADN.

El examen se practicó el 30 de enero de 2007, con una muestra sanguínea de Cindy Lorena y restos óseos de su padre, pero el alto grado de degradación de los huesos impidió completarlo. En octubre de 2007 se ordenó un segundo cotejo pero, de nuevo, no pudo llevarse a cabo. La Fiscalía optó entonces por localizar a los hermanos de Elsy Leticia y Cindy Lorena, Edilberto y Alexánder Mosquera Rincón, quienes mencionaron a Pompa y reconfirmaron que su madre tenía unos 50 años cuando parió a la menor. Pero estas declaraciones tampoco fueron suficientes y se practicó una prueba de ADN de Cindy Lorena con ellos.

La probabilidad de parentesco arrojada por el examen fue de 99,99% y el caso, finalmente, llegó a su término. La Fiscalía admitió que existe una “altísima posibilidad de que la joven sea hija biológica del ex trabajador marítimo” y le exigió al GIT que le pagara las sumas adeudadas, así como que fuera incluida en su nómina de pensiones, derecho del que podrá gozar hasta que cumpla 25 años. El ente investigativo también se abstuvo de postergar el proceso penal contra Elsy Leticia Mosquera y la investigación por los delitos de fraude procesal y tentativa de estafa agravada contra esta mujer de 41 años de edad, viuda y madre de un hijo fue descartada.

El de Foncolpuertos ha sido de los más grandes descalabros a las finanzas estatales. Miles de ex trabajadores de Puertos de Colombia —empresa liquidada en 1992—, con ayuda de funcionarios, jueces y abogados, obtuvieron fraudulentamente pensiones superiores a lo estipulado por la ley, acreditando liquidaciones y pagos sin soportes legales. En diciembre de 2006, el Gobierno manifestó que para esa fecha ya se habían recuperado unos $400 mil millones, pero el temor a nuevas estafas siempre está latente. No obstante, ese miedo también ha generado errores garrafales, como todo el proceso penal al que fue sometida Elsy Leticia, quien sólo quería que su hermana menor recibiera aquello a lo que tenía derecho.

Cada vez que al área de pensiones de la empresa Puertos de Colombia —liquidada en 1992— se envía una solicitud de pensión, cualquiera que sea, las alarmas se encienden. No es para menos, luego del boquete que se abrió en el erario por causa de las pensiones fraudulentas de Foncolpuertos. Por eso, cuando a ese despacho llegó la petición de Elsy Leticia Mosquera Rincón de que su hermana Cindy Lorena, menor de edad, recibiera el 100% de la pensión que devengaba su padre, el ex portuario Edilberto Mosquera, la respuesta de la compañía fue el requerimiento a la Fiscalía de una investigación penal contra Elsy Leticia.

Así comenzó el viacrucis judicial de esta mujer de Buenaventura, señalada de los delitos de fraude procesal y tentativa de estafa agravada. El Grupo Interno de Trabajo (GIT), creado por el Ministerio de la Protección Social para tramitar el pasivo laboral de Puertos de Colombia, le pidió a la justicia en 2004 que estudiara este caso, que llevaba cuatro años a su consideración. El coordinador de pensiones encontró altamente sospechoso que Mosquera Rincón exigiera la pensión para la hija de un hombre que no la había registrado en el último censo de beneficiarios, y de una mujer que, de haberla dado a luz, lo habría hecho con 50 años de edad.

Elsy Leticia —quien se convirtió en la representante legal de Cindy Lorena en enero de 2000, cuando murió la madre de ambas— no sólo pidió el 100% de la pensión de su padre, sino que también pidió para su hermana las mesadas dejadas de recibir, que eran unos $117 millones. Pero el pronunciamiento del área de pensiones del GIT fue uno solo: “No pagar suma alguna hasta que la justicia penal se pronuncie”. En septiembre de 2004, Elsy Leticia fue llamada a indagatoria. La mujer sostuvo que su madre concibió a su hermana en su madurez y que por eso los vecinos se burlaban de ella.

Agregó que el nacimiento fue atendido por una partera conocida como Pompa, quien ya había muerto, y que ignoraba por qué su padre no la incluyó en el censo de pensionados. Pero, para la justicia, este testimonio no fue suficiente y se ordenó obtener las declaraciones de vecinas de sus padres. Basilia Tamayo y María Ceferina López secundaron la declaración hecha por Elsy Leticia. Clara Luz Martínez y Tomás Antonio Cruz aseguraron que Edilberto y María Leticia eran los padres de Cindy Lorena Mosquera Rincón. Pero el GIT persistía en su duda y la Fiscalía ordenó una prueba de ADN.

El examen se practicó el 30 de enero de 2007, con una muestra sanguínea de Cindy Lorena y restos óseos de su padre, pero el alto grado de degradación de los huesos impidió completarlo. En octubre de 2007 se ordenó un segundo cotejo pero, de nuevo, no pudo llevarse a cabo. La Fiscalía optó entonces por localizar a los hermanos de Elsy Leticia y Cindy Lorena, Edilberto y Alexánder Mosquera Rincón, quienes mencionaron a Pompa y reconfirmaron que su madre tenía unos 50 años cuando parió a la menor. Pero estas declaraciones tampoco fueron suficientes y se practicó una prueba de ADN de Cindy Lorena con ellos.

La probabilidad de parentesco arrojada por el examen fue de 99,99% y el caso, finalmente, llegó a su término. La Fiscalía admitió que existe una “altísima posibilidad de que la joven sea hija biológica del ex trabajador marítimo” y le exigió al GIT que le pagara las sumas adeudadas, así como que fuera incluida en su nómina de pensiones, derecho del que podrá gozar hasta que cumpla 25 años. El ente investigativo también se abstuvo de postergar el proceso penal contra Elsy Leticia Mosquera y la investigación por los delitos de fraude procesal y tentativa de estafa agravada contra esta mujer de 41 años de edad, viuda y madre de un hijo fue descartada.

El de Foncolpuertos ha sido de los más grandes descalabros a las finanzas estatales. Miles de ex trabajadores de Puertos de Colombia —empresa liquidada en 1992—, con ayuda de funcionarios, jueces y abogados, obtuvieron fraudulentamente pensiones superiores a lo estipulado por la ley, acreditando liquidaciones y pagos sin soportes legales. En diciembre de 2006, el Gobierno manifestó que para esa fecha ya se habían recuperado unos $400 mil millones, pero el temor a nuevas estafas siempre está latente. No obstante, ese miedo también ha generado errores garrafales, como todo el proceso penal al que fue sometida Elsy Leticia, quien sólo quería que su hermana menor recibiera aquello a lo que tenía derecho.