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Con granadas y fusiles, hombres armados ingresaron, el 30 de mayo de 2001, a tres casas en Los Tupes y masacraron a ocho personas, entre ellas, cinco menores de edad. Ubicado en zona rural del municipio de San Diego (Cesar), este corregimiento fue víctima de integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) e integrantes de la fuerza pública. Tras 22 años de que ocurrieron los hechos, la violencia contra las familias Suárez Camargo, Reyes Pérez y Torres, fue declarada por la Fiscalía como delito de lesa humanidad.
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Para la Corte Suprema de Justicia, los violentos hicieron “en forma insensible, sin el menor escrúpulo, sin importar la suerte que corrían los moradores de dichas viviendas”. Incineraron las casas cerca de la media noche. Pues, aunque el municipio de San Diego estaba fuertemente militarizado para esa época, en el corregimiento Los Tupes, ubicado a unos tres kilómetros de la cabecera urbana, la fuerza pública solo hizo presencia en la madrugada, cuando ya se había perpetrado la masacre.
Según detalla la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas), los hechos ocurrieron de la siguiente manera. En la primera casa, donde permanecían siete menores de edad, los paramilitares llamaron al jefe del hogar desde la parte exterior, dispararon en diversas ocasiones y lanzaron una granada. Sin embargo, cesaron el ataque cuando se dieron cuenta de que la persona que buscaban había escapado por una puerta trasera. Esto, con la intención de avisarles a las autoridades de San Diego.
Cinco de los menores que murieron eran los hermanos Deimer José, de 12 años; Dayanis Silellis, de 11; Fainer Antonio, de 9, y Farlenis Zulaina Reyes Pérez, eran hermanos. Sus cuerpos calcinados fueron encontrados al interior de su casa. El otro niño, Moisés Andrés Suárez Camargo, de apenas un año de edad, falleció en el hospital Rosario Pumarejo de López (Valledupar), debido a que una de las granadas lanzadas por los paramilitares le destrozó el pie izquierdo.
Luego de atacar el hogar de los Reyes Pérez, los paramilitares atacaron con granadas y ráfagas de fusil a los habitantes de otros dos hogares. Cuatro personas murieron, entre ellas un menor de edad, y dos más resultaron con heridas que permanecen hasta el presente. Mientras tanto, la persona que escapó de la primera casa atacada logró llegar hasta la estación de Policía de San Diego a las 2:00 de la mañana, cuando aún se escuchaban los estallidos.
De acuerdo con información de los representantes de las víctimas, Coljuristas, el comandante de Policía se contactó con el del Batallón de Contraguerrilla Guajiros No. 2. Sin embargo, testificó que los integrantes de la fuerza pública no le creyeron, lo acusaron de loco y lo responsabilizaron de ser uno de los culpables de la masacre. Apenas pasaron par de horas, los agentes enviaron personal a Los Tupes, cuando había solo silencio y muerte.
Con el tiempo, y de forma lenta y tardía, se ha conocido parte de la verdad de lo ocurrido. Un miembro del Ejército fue condenado en justicia ordinaria y seis integrantes del Bloque Norte de las AUC aceptaron su participación en los hechos en la jurisdicción de Justicia y Paz. A pesar de ello, los antecedentes han empañado aquellos resultados en materia de justicia. Tiempo después de la masacre, cuando aún no había vinculados ni condenas, familiares de las víctimas directas que participaban activamente en el proceso penal fueron amenazados y dos de ellos asesinados.
En 2022, las familias y sus representantes presentaron un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relativo a este caso y se encuentran a la espera de si la masacre de Los Tupes será priorizada en el macrocaso 08. Este caso investiga sobre crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
Después de tantos años de los hechos, a los familiares todavía les preocupa las represalias que puedan darse en su contra. Ahora, con la declaratoria como delito de lesa humanidad por parte de la Dirección Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía, se espera que el no vencimiento de los términos para investigar y responsabilizar a todos los culpables de la masacre de Los Tupes pueda favorecer a las familias en términos de verdad, justicia y reparación.
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