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El pasado 9 de enero hombres con armas largas llegaron a la comunidad de Agua Blanca, un corregimiento de Nuquí (Chocó) y asesinaron al líder indígena Anuar Rojas Isaramá. Luego del crimen, por lo menos 80 indígenas embera Wounaan, comunidad a la que pertenecía el defensor de derechos humanos, huyeron del lugar y se desplazaron, forzados por la violencia, hasta el corregimiento de Tribugá y posteriormente a la cabecera municipal, donde están siendo atendidos por las autoridades locales y la Fuerza Pública.
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El alcalde del municipio le contó a medios de comunicación que, una vez en Tribugá, las 17 familias que llegaron allí denunciaron en la Inspección de Policía del corregimiento la muerte de su líder. Posteriormente, llegaron hasta la parte urbana de Nuquí para recibir atención de la Unidad de Víctimas. Mientras tanto, la Armada envió tropas a la zona para verificar la situación de seguridad y una comisión de la Alcaldía, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo se dirigen hacia la zona, para esclarecer lo ocurrido.
Según le contó a El Espectador el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, contralmirante John Fabio Giraldo, los hechos, que todavía son materia de investigación ocurrieron así: “Tres sujetos armados, que desconocemos a qué grupo delincuencial pertenecen, llegaron a la comunidad de Agua Blanca preguntando por supuestos miembros del Eln que dizque se estaban escondiendo entre los indígenas. Procedieron a matar al líder y esto genera que varias familias salgan del lugar”.
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La identificación de los hombres armados no ha sido tarea fácil, pues los militares se basan en los testimonios de los habitantes. Y, según le dijo el contralmirante Giraldo a este diario, los indígenas con los que han hablado “manifestaron que llegaron tres sujetos en pantaloneta con unos suéteres negros, sin distintivos y que tenían armas largas”. Por ahora, agregó el oficial, “las tropas en el área están buscando información para poder desarrollar operaciones en el golfo de Tribugá”.
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Aunque el comandante no se aventuró a establecer responsabilidades a un grupo armado en específico, sí se refirió a la compleja situación de seguridad de la región: “En este sector existe el interés de tener un corredor de movilidad para poder acopiar clorhidrato de cocaína y marihuana y poder sacar desde nuestro litoral pacífico ese alijo para financiar sus actividades de extorsión, narcotráfico e inseguridad”.
A través de un comunicado, la Mesa Indígena del Chocó rechazó el asesinato de su compañero. Según la organización, Rojas era un guardia indígena y agricultor, cuya muerte llenó de "temor y zozobra" a los demás pobladores de Agua Blanca. Por eso, ante la escalada violenta de la región, piden acciones inmediatas del Gobierno nacional, ya que en varias comunidades la situación es de tal complejidad que "ya no hay la posibilidad de sembrar y cazar para garantizar los alimentos a la población".