Tras decisión de la Corte sobre Marmato, podría venir demanda multimillonaria para el Estado

En el corazón del cerro El Burro, en el municipio de Marmato (Caldas), hay por lo menos 9,8 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata. Ese es el cálculo que realizó la firma SRK Consulting Ltd para la empresa canadiense Gran Colombia Gold, una multinacional que hasta hoy estaba en la pelea con los mineros artesanales del lugar por quedarse con el permiso de explotar la codiciada mina. Los ganadores, sin embargo, fueron los raizales. Y ahora, los extranjeros planean una millonaria demanda en contra del Estado.

La Corte Constitucional resolvió hoy en una sala extraordinaria la disputa entre la firma canadiense y los mineros colombianos. La Sala Plena, con una votación de cinco contra tres, estuvo de acuerdo con la ponencia que presentó el magistrado Luis Ernesto Vargas, la última de su carrera como magistrado de este alto tribunal. En el documento de 159 páginas, Vargas expuso que los derechos de los indígenas deben prevalecer por encima de los títulos otorgados a Gran Colombia Gold para explotar en el cerro El Burro.

Aunque la Corte es clara hoy en decir que los títulos mineros no tienen sustento cuando se trata de territorios habitados por indígenas y afrodescendientes, no siempre ha mantenido la misma posición. En 2008, el alto tribunal estudió por primera vez una tutela presentada por mineros artesanales de Marmato, quienes alegaban que la presencia de la firma canadiense iba en contra de su derecho al trabajo. El fallo de la Corte entonces permitió que, en septiembre de 2010, la Agencia Nacional de Minería expidiera una resolución en la que ordenaba el desalojo de los pobladores del cerro.

Por problemas en la notificación de la resolución y por la resistencia de los pobladores a no abandonar sus tierras, el desalojo nunca pasó. Como respuesta a la falta de amparo del Gobierno, los mineros presentaron una segunda tutela que en febrero de 2015 llegó de nuevo a la Corte. Ese expediente lo revisó el exmagistrado Jorge Pretelt y, al identificar los daños que estaban viviendo los pobladores el cerro, unas 5.000 familias cuyo sustento depende en un 80%, según el Dane, del trabajo en los socavones, suspendió la explotación por parte de los canadienses en Marmato.

La tranquilidad en el cerro no duró mucho. En agosto de 2015, solo cinco meses después de la suspensión del desalojo, la propia Corte volvió a pronunciarse en el caso. Esta vez, amparo los derechos de Alberto Castro Saldarriaga, dueño de un título minero en este sector, quien alegó que su defensa no había sido tenido en cuenta durante todo el proceso judicial y que por eso, su derecho al debido proceso había sido vulnerado. El alto tribunal falló a su favor y suspendió la orden de parar toda la actividad minera en el cerro.

Los mineros entonces, volvieron a pedir la protección de su derecho al trabajo y a una consulta previa. La Corte, de nuevo, los escuchó. En una segunda revisión a la tutela que había fallado Pretelt, que es el fallo que salió hoy, el alto tribunal dijo que la consulta previa se debía realizar en el cerro El Burro y que, cuando la Agencia Nacional de Minería le otorgó el título a Gran Colombia Gold, se desconocieron las tradiciones ancestrales de los mineros de la región, agrupados en la comunidad indígena Cartama, y la comunidad afrodescendiente Asojomar.

Con la decisión de hoy de la Corte Constitucional, la pelea jurídica por la protección de los derechos de la comunidad de Marmato alcanza su última instancia en Colombia. Sin embargo, todo pareciera indicar que a la disputa por la posesión de la mina de oro todavía le queda un round en estrados judiciales. Se trata de una demanda que estaría dispuesta a presentar Gran Colombia Gold en contra del Estado colombiano para que la indemnice con US$700 millones.

Aunque varios medios de comunicación han confirmado que la demanda ya se presentó, El Espectador pudo establecer que ni el Ministerio de Minas, ni el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o la Agencia Jurídica del Estado han recibido el documento. Sin embargo, lo que sí ha llegado hasta Colombia es una comunicación de la empresa con la intención de demandar.

Mientras se espera el pronunciamiento oficial de Gran Colombia Gold, en el cerro El Burro no paran de celebrar. “Eso es lo que se esperaba hace mucho rato y lo que ha debido hacer el Gobierno Nacional”, expresó el alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, quien se había opuesto, junto a las 5.000 familias de su comunidad, a desalojar el municipio. El siguiente paso para estos mineros artesanales será su organización para la consulta previa, mientras el Estado tendrá que alistarse para la pelea que se le puede venir encima con Gran Colombia Gold.

(Le puede interesar: El espejismo de Marmato, escrito por Alfredo Molano Bravo)

En el corazón del cerro El Burro, en el municipio de Marmato (Caldas), hay por lo menos 9,8 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata. Ese es el cálculo que realizó la firma SRK Consulting Ltd para la empresa canadiense Gran Colombia Gold, una multinacional que hasta hoy estaba en la pelea con los mineros artesanales del lugar por quedarse con el permiso de explotar la codiciada mina. Los ganadores, sin embargo, fueron los raizales. Y ahora, los extranjeros planean una millonaria demanda en contra del Estado.

La Corte Constitucional resolvió hoy en una sala extraordinaria la disputa entre la firma canadiense y los mineros colombianos. La Sala Plena, con una votación de cinco contra tres, estuvo de acuerdo con la ponencia que presentó el magistrado Luis Ernesto Vargas, la última de su carrera como magistrado de este alto tribunal. En el documento de 159 páginas, Vargas expuso que los derechos de los indígenas deben prevalecer por encima de los títulos otorgados a Gran Colombia Gold para explotar en el cerro El Burro.

Aunque la Corte es clara hoy en decir que los títulos mineros no tienen sustento cuando se trata de territorios habitados por indígenas y afrodescendientes, no siempre ha mantenido la misma posición. En 2008, el alto tribunal estudió por primera vez una tutela presentada por mineros artesanales de Marmato, quienes alegaban que la presencia de la firma canadiense iba en contra de su derecho al trabajo. El fallo de la Corte entonces permitió que, en septiembre de 2010, la Agencia Nacional de Minería expidiera una resolución en la que ordenaba el desalojo de los pobladores del cerro.

Por problemas en la notificación de la resolución y por la resistencia de los pobladores a no abandonar sus tierras, el desalojo nunca pasó. Como respuesta a la falta de amparo del Gobierno, los mineros presentaron una segunda tutela que en febrero de 2015 llegó de nuevo a la Corte. Ese expediente lo revisó el exmagistrado Jorge Pretelt y, al identificar los daños que estaban viviendo los pobladores el cerro, unas 5.000 familias cuyo sustento depende en un 80%, según el Dane, del trabajo en los socavones, suspendió la explotación por parte de los canadienses en Marmato.

La tranquilidad en el cerro no duró mucho. En agosto de 2015, solo cinco meses después de la suspensión del desalojo, la propia Corte volvió a pronunciarse en el caso. Esta vez, amparo los derechos de Alberto Castro Saldarriaga, dueño de un título minero en este sector, quien alegó que su defensa no había sido tenido en cuenta durante todo el proceso judicial y que por eso, su derecho al debido proceso había sido vulnerado. El alto tribunal falló a su favor y suspendió la orden de parar toda la actividad minera en el cerro.

Los mineros entonces, volvieron a pedir la protección de su derecho al trabajo y a una consulta previa. La Corte, de nuevo, los escuchó. En una segunda revisión a la tutela que había fallado Pretelt, que es el fallo que salió hoy, el alto tribunal dijo que la consulta previa se debía realizar en el cerro El Burro y que, cuando la Agencia Nacional de Minería le otorgó el título a Gran Colombia Gold, se desconocieron las tradiciones ancestrales de los mineros de la región, agrupados en la comunidad indígena Cartama, y la comunidad afrodescendiente Asojomar.

Con la decisión de hoy de la Corte Constitucional, la pelea jurídica por la protección de los derechos de la comunidad de Marmato alcanza su última instancia en Colombia. Sin embargo, todo pareciera indicar que a la disputa por la posesión de la mina de oro todavía le queda un round en estrados judiciales. Se trata de una demanda que estaría dispuesta a presentar Gran Colombia Gold en contra del Estado colombiano para que la indemnice con US$700 millones.

Aunque varios medios de comunicación han confirmado que la demanda ya se presentó, El Espectador pudo establecer que ni el Ministerio de Minas, ni el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o la Agencia Jurídica del Estado han recibido el documento. Sin embargo, lo que sí ha llegado hasta Colombia es una comunicación de la empresa con la intención de demandar.

Mientras se espera el pronunciamiento oficial de Gran Colombia Gold, en el cerro El Burro no paran de celebrar. “Eso es lo que se esperaba hace mucho rato y lo que ha debido hacer el Gobierno Nacional”, expresó el alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, quien se había opuesto, junto a las 5.000 familias de su comunidad, a desalojar el municipio. El siguiente paso para estos mineros artesanales será su organización para la consulta previa, mientras el Estado tendrá que alistarse para la pelea que se le puede venir encima con Gran Colombia Gold.

(Le puede interesar: El espejismo de Marmato, escrito por Alfredo Molano Bravo)