Los cabos sueltos que la justicia no ha resuelto en crimen de la fiscal Paternina

“Mi madre siempre me enseñó a no rendirme y a seguir luchando. Por eso vamos a seguir insistiendo en que avancen las investigaciones del crimen en su contra”. Esas palabras, pronunciadas por Ketty Martínez Paternina, hija de la fiscal Yolanda Paterina Negrete, asesinada en 2001 por paramilitares, resumen lo que por años ha buscado: que el homicidio de su mamá sea declarado de lesa humanidad, especialmente para que el caso no prescriba. Después de años de lucha, la Fiscalía le acaba de dar la razón, pues así calificó el crimen en contra de la fiscal Paternina, lo que significa que ahora las pesquisas para encontrar a todos los responsables serán imprescriptibles.

“Mi madre siempre me enseñó a no rendirme y a seguir luchando. Por eso vamos a seguir insistiendo en que avancen las investigaciones del crimen en su contra”. Esas palabras, pronunciadas por Ketty Martínez Paternina, hija de la fiscal Yolanda Paterina Negrete, asesinada en 2001 por paramilitares, resumen lo que por años ha buscado: que el homicidio de su mamá sea declarado de lesa humanidad, especialmente para que el caso no prescriba. Después de años de lucha, la Fiscalía le acaba de dar la razón, pues así calificó el crimen en contra de la fiscal Paternina, lo que significa que ahora las pesquisas para encontrar a todos los responsables serán imprescriptibles.

Los abogados de la fiscal y de su familia tienen pistas claves para destrabar y avanzar en las investigaciones. Las han tenido desde hace décadas, pues desde el momento del asesinato, se supo quiénes estaban detrás del crimen. Paternina fue una de las fiscales que, desde Sucre, encontró las primeras cartas para destapar el escándalo de la parapolítica, cuando investigaba las masacres de Macayepo (14 de octubre de 2000) y Chengue (17 de enero de 2001). A partir de esos casos, la Fiscalía determinó que fueron cometidas por el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Rodrigo Mercado, alias Cadena, en complicidad con fuerzas militares y miembros de la política nacional.

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Con sus hallazgos, empezaron las amenazas. Por eso pidió que la trasladaran, pues los panfletos que recibía ya le anunciaban su muerte. El 29 de agosto de 2001 fue ultimada por sicarios, en un atentado en el que también fueron asesinados dos investigadores del CTI que apoyaban sus labores. En 23 años de investigaciones, la Fiscalía ya esclareció que detrás de los asesinatos estuvieron hombres del Bloque de Héroes de Montes de María, los mismos que Paternina empezó a investigar como fiscal. Los hilos fueron llevando al ente investigador a acusar a exjefes paramilitares, como alias Cadena y Diego Vecino, quienes fueron condenados por los crímenes. Alias el Gato, subalterno de Cadena, también fue encontrado culpable.

Con esas condenas, lo que la familia de Paternina y sus abogados han pedido durante años es que quienes ordenaron, planearon y ejecutaron el asesinato también respondan en los estrados judiciales. Por eso, con la declaración de crimen de lesa humanidad, esperan que las autoridades avancen, por fin, en el asunto. Las pistas reposan desde hace años en el expediente, pues varios exparamilitares han revelado que hubo políticos involucrados en el asesinato de la fiscal. Uno de ellos es alias Pitirri, quien habló con nombre propio de dos exfuncionarios. El primero, Salvador Arana, el exgobernador de Sucre condenado a 40 años de cárcel por el asesinato del excalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, ocurrido en abril de 2003.

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Y el segundo, el exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años por ordenar la masacre de Macayepo. Según el testimonio de Pitirri, a quien la Corte Suprema de Justicia le ha dado plena credibilidad, ambos habrían sido determinadores del crimen de Paternina. Los dos exfuncionarios condenados tocaron puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a donde también han llegado testimonios del propio Pitirri y otros exparamilitares. Sin embargo, los abogados y la familia de la fiscal explican que poco es lo que se ha avanzado en ese escenario de justicia transicional. Por eso mismo, con la declaración de lesa humanidad, esperan que haya una articulación mucho más concreta entre la Fiscalía y la JEP.

“En Justicia y Paz (de la Fiscalía), la gran mayoría de paramilitares relacionados con este hecho se encuentran condenados (...) Ante la Fiscalía quedan pendientes todos los que no hacían parte orgánica de ese grupo paramilitar, lo que en la JEP se llama, de una u otra manera, terceros civiles”, explicó Sebastián Bojacá, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas, organización que defiende a la familia Paternina. De acuerdo con el abogado, al búnker le corresponde activar su competencia respecto a los terceros que no han sido vinculados al expediente de la fiscal Paternina y, a su vez, desarrollar acciones de investigación en contra de los nombres que ya se tenían en carpeta y sobre quienes aún no se ha puesto la lupa.

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Dos de ellos son, precisamente, Salvador Arana y Álvaro García Romero. El primero ya le habló a la JEP sobre la conexión entre paramilitares, políticos y la fuerza pública en el departamento de Sucre. Sin embargo, el exgoberndor negó cualquier vínculo con el homicidio de Paternina. Además de los testimonios de Pitirri y otros exparamilitares, la defensa de la fiscal también ha insistido en la importancia de que la Fiscalía y la JEP vuelvan a escuchar la versión de Salvatore Mancuso, quien regresó a Colombia en marzo pasado, con la promesa de contribuir con procesos de paz y la verdad que siguen esperando miles de víctimas, como la familia Paternina.

Ketty Martínez, hija de la fiscal, aseguró que el papel de Salvatore Mancuso sería vital para desenredar el caso de su madre. En diálogo con El Espectador, aseguró que en 2006 se reunió con Mancuso y él mismo le dijo que tanto Salvador Arana, como el también exgobernador de Sucre, Erik Morris (condenado a seis años por nexos con grupos paramilitares), y el excongresista Álvaro García, fueron los autores intelectuales del homicidio de su madre. No obstante, el líder de las AUC se lo negó años después. “Él es conocedor de los autores materiales e intelectuales de lo que le pasó a mi mamá. Este es el momento, ya que fue aceptado por parte de la JEP, para que manifieste su arrepentimiento y diga la verdad”, puntualizó Martínez.

El abogado Bojacá le explicó a este diario que le solicitarán un espacio a la JEP para preguntarle a Mancuso lo que sabe del crimen de la fiscal. Sin embargo, el jurista aseguró que tiene otra preocupación: la seguridad de Ketty Martínez, pues desde hace años es blanco de amenazas cada vez más intensas. “Así como me siento de vulnerable en este momento, así se debió sentir mi madre”, relató Martínez. No obstante a las amenazas, a los años que ha dedicado a esclarecer el crimen y pedir que no quede en la impunidad, la reciente decisión de la Fiscalía le da un aliento para seguir en su lucha inalcanzable por ver a quienes ordenaron acabar con la vida de su madre ante la justicia.

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