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La lideresa Alfamir Castillo guardaba una esperanza sobre el pasado 8 de febrero. Creía que iba a presenciar una disculpa “de corazón” del Ejército, el cual, por una orden judicial, admitió en público que un grupo antiguerrilla engañó con promesas de trabajo y asesinaron a su hijo Darbey Mosquera en 2008, en la vereda Java de Manizales. Además, que lo presentaron como un criminal muerto en combate para lograr permisos y felicitaciones. No fue el día que esperaba. Castillo escuchó la mera lectura, “parca”, de un documento por parte de la Tercera Brigada. Horas después del evento recibió una amenaza de muerte.
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Castillo no es procesada por ningún delito, pero dice sentirse en “casa por cárcel”. Hace años tiene un esquema de seguridad que la acompaña a sol y sombra, pues a su celular han llegado decenas de mensajes con el peor de los deseos y hasta han intentado balearla en vía pública, un hecho que la obligó a exiliarse en 2019. Su voz es la de las familias de los falsos positivos en el Eje Cafetero, una región que no ha sido priorizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero también la voz de una defensora de derechos humanos que sigue adelante con su lucha, a pesar de vivir en un país donde entre 2016 y 2020, según la Defensoría, fueron asesinados 753 líderes sociales.
“Los siete militares asesinos de mi hijo fueron condenados a 40 años, pero la JEP los dejó en la libertad. ¿Por qué me tengo que esconder mientras que los militares están haciendo su vida? No es fácil, pero quiero seguir alzando mi voz. No voy a decaer hasta que Dios decida qué va a pasar con todo esto y con mi vida. Seguiré visibilizando lo que el Ejército hizo con los jóvenes de Colombia”, le dijo Castillo a El Espectador. La foto de su hijo permanece en la funda transparente de su celular, el mismo repleto de sentencias de muerte de anónimos que, al parecer, siguen de cerca sus procesos judiciales y cada vez que uno se mueve, arrecian las amenazas.
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El acto de perdón lo ordenó el Consejo de Estado en 2019, dentro de una sentencia de reparación. Flores rodearon las fotos de Darbey Mosquera y Álex Ramírez, quienes fueron seducidos hace 14 años para dejar el municipio de Pradera y aventurarse en un trabajo ofrecido por el entonces soldado Alonso Iván Palacios. El Tribunal de Manizales lo condenó en 2014, pero se acogió a la JEP y está bajo libertad condicionada. Lo mismo pasó con los otros seis sentenciados. Al terminar el evento, Castillo se dirigió a la Casa de las Mujeres Corteras. Allí la esperaba el panfleto que tornó un acto de perdón en uno de victimización.
“No hay deuda que no se pague. Así que los invitamos al funeral de esta lideresa quien en vida se llamó Alfamir Castillo. No pida más la cabeza de nuestro comandante, porque la que va a caer es la suya”, se lee en el papel que ya está en poder de la Fiscalía. Antes de esta amenaza, en octubre y noviembre pasado recibió un par más de intimidaciones en su celular, mientras su esposo entraba en la fase final de una grave enfermedad. “¿Después del panfleto que sigue? ¿Me van a asesinar? En diciembre me dijeron: ‘Vieja hp. ¿Qué pensaste? ¿Que nos habíamos olvidado de vos? Te tenemos en la mira. Sabemos que andas con dos escoltas y que no hacen bien su trabajo’”, dijo leyendo sus mensajes de texto.
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La representación de Castillo denuncia que las amenazas se presentan mientras se mueven los casos en los que es víctima. “Cada pequeño avance, tanto en la Fiscalía como en la JEP, ha representado una amenaza para Alfamir”, dijo la abogada Alejandra Garzón, de DH Colombia. Recuerda que cuando imputaron a los siete militares, en 2009, los abogados que estaban en ese momento con Castillo fueron perseguidos y la lideresa amenazada con arma de fuego. Pese a que han pasado más de 10 años desde ese suceso, y que las llamadas y anónimos no han parado, la Fiscalía le respondió que hasta ahora está identificando y en proceso de recopilar material probatorio.
DH Colombia fue una de las organizaciones que alimentaron la investigación de la Fiscalía, que el año pasado iba a imputarle cargos al general (r) Mario Montoya por 104 ejecuciones. Entre ellas, el homicidio de Darbey Mosquera Castillo. Pero la audiencia nunca ocurrió, pues un tribunal consideró que es competencia de la JEP. El excomandante ha señalado que no tiene culpa en los falsos positivos. “No exigí bajas, exigí operaciones. Nadie puede decir que el general (r) Montoya mandó a matar o que me enteré de que había matado. Lo primero que se pierde en la guerra es la verdad”, argumentó Montoya en 2019, cuando la JEP escuchó su versión de los hechos.
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Mientras la Jurisdicción se toma su tiempo en determinar responsabilidades y define qué pasará con el general (r) Montoya, Alfamir Castillo promete seguir de pie. Pero, dice, podrá hacerlo si y solo si las autoridades garantizan su seguridad. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2021 fueron asesinados 171 líderes sociales. En 2020, la institución ya tiene registradas 24 muertes. “Quiero que la Fiscalía sea más diligente en avanzar en estas investigaciones. Quiero saber desde dónde y quiénes están haciendo estas amenazas a mi vida”, concluyó. A la JEP, además, le pide que excluya al excomandante del Ejército.
La abogada Alejandra Gallo, también de DH, acompañó a Castillo en Pradera. Adhiere a que las disculpas del Ejército fueron apenas suficientes y lamenta que la representación de la Tercera Brigada leyera mal los nombres de las víctimas. “Alfamir es una mujer muy cariñosa, maravillosa, muy fuerte, muy guerrera, que ha emprendido con todo el valor su rol como presidenta de la Asociación de Mujeres Corteras, pero también como madre, frente a la ejecución extrajudicial de su hijo. El mayor temor es un atentado contra su vida, como pasó en 2019 y, que en algún momento, enfrente un escenario bastante fuerte que la lleve a perder su vida”, dijo.
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Alfamir Castillo estuvo unos días en Bogotá entregándole a la Fiscalía la evidencia de las amenazas que no la dejan tranquila. Dio un corto paseo por el centro, donde encontró un mural de Raúl Carvajal, quien durante 14 años visibilizó la muerte de su hijo, un cabo que se negó a asesinar a inocentes en Norte de Santander. A “don Raúl” solo lo calló el covid-19 el año pasado. Se ve reflejada en él, pues se sentirá en paz cuando los victimarios de su hijo estén en prisión y además pueda, sin escoltas, caminar con tranquilidad.
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