Tres crímenes más en categoría de lesa humanidad

Un triple homicidio que hace 27 años enlutó a Medellín y que confirmó la arremetida mortal que estaban sufriendo los defensores de derechos humanos a finales de los 80, se desempolvó este lunes. La Fiscalía declaró crímenes de lesa humanidad los asesinatos de los líderes antioqueños Luis Felipe Vélez, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, quienes el 25 de agosto de 1987 cayeron bajo las balas de sicarios que envió la casa paramilitar de los Castaño.

Ese día, a las siete de la mañana, cuando ingresaba a la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), que entonces presidía, fue asesinado a tiros Luis Felipe Vélez. Enterados del suceso, Abad y Betancur decidieron acudir a la velación de su colega, cuando fueron atacados por otro sicario. Eran las 5:30 de la tarde. Frente a la sede de Adida, Héctor Abad recibió seis disparos. Betancur intentó refugiarse en las instalaciones del sindicato, pero fue acribillado.

En criterio del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, estas muertes fueron “ataques generalizados y reiterados de forma sistemática contra defensores de derechos humanos”, como parte de una ofensiva lanzada por el grupo criminal de las autodefensas de la Casa Castaño. Por eso, la decisión de la Fiscalía implica reabrir los procesos, sumando información aportada por John Jairo Velásquez, alias Popeye, y por el exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna.

En febrero de 2012, este último sostuvo que el crimen lo ordenó Carlos Castaño. “Él y su hermano Fidel consideraban que Héctor Abad hacía parte del Epl en Medellín, ya que él hacía denuncias contra las Fuerzas Armadas. Carlos tomó la decisión de ejecutarlo y personalmente fue con un trabajador que le decían Argiro”. Además agregó que el menor del clan Castaño ostentaba el poder de la guerra en Medellín a finales de los 80. En el libro Mi confesión, del periodista Mauricio Aranguren, el propio Castaño admitió ser el líder de las autodefensas urbanas en la capital antioqueña.

Los crímenes de Vélez, Abad y Betancur fueron precedidos por una ola de violencia contra profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia: 15 de ellos fueron asesinados en diez meses. Ese mismo agosto, 22 días antes del triple homicidio, otro sicario asesinó al profesor Carlos López. También ese día ocurrió lo mismo con el estudiante de periodismo José Ignacio Londoño. La racha de asesinatos suscitó rechazo en la población y el 13 de agosto de 1987 motivó una protesta que sería recordada como La marcha de los claveles rojos.

Al día siguiente empezaron las represalias. El 14 de agosto, cinco sujetos vestidos con uniformes de la Policía llegaron hasta la casa del senador de la Unión Patriótica y catedrático Pedro Luis Valencia y lo asesinaron a tiros. Después del triple asesinato de Abad, Vélez y Betancur, el exilio fue el camino que debieron tomar otros líderes de derechos humanos, como Carlos Gaviria, Jaime Borrero y César Muñoz. “Yo era el vicepresidente del Comité y tuve que salir para evitar que me asesinaran”, recordó Gaviria en conversación con El Espectador.

Y fue cierto. La ola asesina siguió. El 15 de noviembre de 1987, tres sicarios asesinaron a seis activistas de la Juventud Comunista Colombiana (Juco) en su sede de Medellín. Luego de obligarlos a tenderse en el piso de la cocina, los acribillaron con armas provistas de silenciador. Una de las voces que rechazaron este crimen fue el diputado y coordinador de la Unión Patriótica Gabriel Jaime Santamaría, blanco de un atentado el 17 de diciembre.

Ese mismo día fue encontrado muerto a balazos el abogado Luis Fernando Vélez, quien había reemplazado a Héctor Abad en la presidencia del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. El 26 de octubre de 1989, en su oficina en Medellín, Gabriel Jaime Santamaría corrió la misma suerte. “Es evidente que el propósito fue exterminar el grupo de los defensores de derechos humanos, aunque en ese momento también fueron asesinados muchos profesores de la Universidad de Antioquia”, agregó Carlos Gaviria Díaz.

Es decir, no fueron hechos aislados, correspondieron a la estrategia sistemática de una empresa criminal para dominar y callar voces críticas. Hoy, 27 años después, la Fiscalía lo admite. Sin embargo, preocupa constatar que en 2010, los crímenes del exministro de Justicia Rodrigo Lara y del exdirector de este diario Guillermo Cano fueron declarados de lesa humanidad y los avances judiciales son ínfimos. Como reza el poema de Jorge Luis Borges encontrado en la camisa de Héctor Abad: “Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término. La caja, la obscena corrupción y la mortaja”.

mrincon@elespectador.com

@macamilarincon

Un triple homicidio que hace 27 años enlutó a Medellín y que confirmó la arremetida mortal que estaban sufriendo los defensores de derechos humanos a finales de los 80, se desempolvó este lunes. La Fiscalía declaró crímenes de lesa humanidad los asesinatos de los líderes antioqueños Luis Felipe Vélez, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, quienes el 25 de agosto de 1987 cayeron bajo las balas de sicarios que envió la casa paramilitar de los Castaño.

Ese día, a las siete de la mañana, cuando ingresaba a la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), que entonces presidía, fue asesinado a tiros Luis Felipe Vélez. Enterados del suceso, Abad y Betancur decidieron acudir a la velación de su colega, cuando fueron atacados por otro sicario. Eran las 5:30 de la tarde. Frente a la sede de Adida, Héctor Abad recibió seis disparos. Betancur intentó refugiarse en las instalaciones del sindicato, pero fue acribillado.

En criterio del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, estas muertes fueron “ataques generalizados y reiterados de forma sistemática contra defensores de derechos humanos”, como parte de una ofensiva lanzada por el grupo criminal de las autodefensas de la Casa Castaño. Por eso, la decisión de la Fiscalía implica reabrir los procesos, sumando información aportada por John Jairo Velásquez, alias Popeye, y por el exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna.

En febrero de 2012, este último sostuvo que el crimen lo ordenó Carlos Castaño. “Él y su hermano Fidel consideraban que Héctor Abad hacía parte del Epl en Medellín, ya que él hacía denuncias contra las Fuerzas Armadas. Carlos tomó la decisión de ejecutarlo y personalmente fue con un trabajador que le decían Argiro”. Además agregó que el menor del clan Castaño ostentaba el poder de la guerra en Medellín a finales de los 80. En el libro Mi confesión, del periodista Mauricio Aranguren, el propio Castaño admitió ser el líder de las autodefensas urbanas en la capital antioqueña.

Los crímenes de Vélez, Abad y Betancur fueron precedidos por una ola de violencia contra profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia: 15 de ellos fueron asesinados en diez meses. Ese mismo agosto, 22 días antes del triple homicidio, otro sicario asesinó al profesor Carlos López. También ese día ocurrió lo mismo con el estudiante de periodismo José Ignacio Londoño. La racha de asesinatos suscitó rechazo en la población y el 13 de agosto de 1987 motivó una protesta que sería recordada como La marcha de los claveles rojos.

Al día siguiente empezaron las represalias. El 14 de agosto, cinco sujetos vestidos con uniformes de la Policía llegaron hasta la casa del senador de la Unión Patriótica y catedrático Pedro Luis Valencia y lo asesinaron a tiros. Después del triple asesinato de Abad, Vélez y Betancur, el exilio fue el camino que debieron tomar otros líderes de derechos humanos, como Carlos Gaviria, Jaime Borrero y César Muñoz. “Yo era el vicepresidente del Comité y tuve que salir para evitar que me asesinaran”, recordó Gaviria en conversación con El Espectador.

Y fue cierto. La ola asesina siguió. El 15 de noviembre de 1987, tres sicarios asesinaron a seis activistas de la Juventud Comunista Colombiana (Juco) en su sede de Medellín. Luego de obligarlos a tenderse en el piso de la cocina, los acribillaron con armas provistas de silenciador. Una de las voces que rechazaron este crimen fue el diputado y coordinador de la Unión Patriótica Gabriel Jaime Santamaría, blanco de un atentado el 17 de diciembre.

Ese mismo día fue encontrado muerto a balazos el abogado Luis Fernando Vélez, quien había reemplazado a Héctor Abad en la presidencia del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. El 26 de octubre de 1989, en su oficina en Medellín, Gabriel Jaime Santamaría corrió la misma suerte. “Es evidente que el propósito fue exterminar el grupo de los defensores de derechos humanos, aunque en ese momento también fueron asesinados muchos profesores de la Universidad de Antioquia”, agregó Carlos Gaviria Díaz.

Es decir, no fueron hechos aislados, correspondieron a la estrategia sistemática de una empresa criminal para dominar y callar voces críticas. Hoy, 27 años después, la Fiscalía lo admite. Sin embargo, preocupa constatar que en 2010, los crímenes del exministro de Justicia Rodrigo Lara y del exdirector de este diario Guillermo Cano fueron declarados de lesa humanidad y los avances judiciales son ínfimos. Como reza el poema de Jorge Luis Borges encontrado en la camisa de Héctor Abad: “Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término. La caja, la obscena corrupción y la mortaja”.

mrincon@elespectador.com

@macamilarincon