Exdirectivos de Odebrecht no serán procesados por colaborar con la investigación

Los exdirectivos ya fueron judicializados en Brasil y han colaborado por esclarecer el entramado de corrupción en Colombia.

Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, exdirectivos de la multinacional brasileña Odebrecht y protagonistas del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica no serán procesados por sus delitos en Colombia. Así lo determinó el juez 68 de garantías de Bogotá, quien le dio luz verde a la decisión de la Fiscalía de conceder inmunidad total de manera definitiva a los brasileros por una razón que no es menor: con base en sus testimonios y en pruebas que han allegado, se ha logrado esclarecer el entramado y condenar a, por lo menos, cuatro personas.

(En contexto: Exdirectivos de Odebrecht piden perdón por la corrupción cometida en Colombia)

Según aclaró el abogado de los tres brasileños en la audiencia, los exdirectivos de Odebrecht ya fueron judicializados en Brasil por los hechos delictivos del entramado de corrupción y se encuentran pagando las consecuencias de esa sentencia. Además, la Fiscalía confirmó que Bueno, Mameri y Da Rocha ya pagaron a Colombia una indemnización por USD$6,5 millones, cifra a que se comprometieron por ser la misma que pagó la compañía a funcionarios estatales para quedarse con el jugoso contrato de la Ruta del Sol 2.

Ya desde 2019, el juez 30 de garantías de Bogotá había autorizado que la Fiscalía suspendiera la judicialización de Bueno, Mameri y Da Rocha y los tres exdirectivos de Odebrecht se comprometieron a colaborar con la justicia. Además, en la misma diligencia, que tuvo lugar en enero de 2019, los tres pidieron perdón a la sociedad por las acciones delictivas, como el pago de sobornos, en que incurrieron para asegurarse de que la multinacional brasileña se quedara con el contrato de construcción de la Ruta del Sol 2. “Puedo garantizar que estoy totalmente comprometido en actuar con base en los valores de honestidad y ética”, dijo ese día Mameri.

“El 10 de enero de 2017 Bueno, Mameri y Da Rocha, a través de apoderado, presentaron denuncia contra Gabriel Ignacio García Morales por el pago que dicho funcionario habría recibido a cambio de favorecer a uno de los consorcios que concursaban por el contrato de la Ruta del Sol 2”, relató la fiscal del caso en la audiencia de este jueves. Para ese momento, García Morales era presidente del INCO (hoy ANI), entidad al frente de la licitación y la coima que pagó Odebrecht le permitió presentar una propuesta perfecta que le asegurara quedarse con el contrato.

(Le puede interesar: Bancos y socios de Odebrecht vuelven a perder ante el Consejo de Estado)

Pero en el consorcio del que hacía parte Odebrecht, también estaban Episol (de Corficolombiana) y Cass Constructores. Y, precisamente, por los testimonios de Bueno, Mameri y Da Rocha, así como por pruebas que allegaron, dijo la fiscal, se logró vincular al proceso al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, condenado en 2019. Según dijo la justicia ya en dos instancias, Melo sabía del pago de sobornos y se reunió con los exdirectivos de Odebrecht “para corromper al adjudicatario de la obra para ganar la licitación”, según el juez que lo sentenció.

La fiscal del caso aclaró: “no fue requerida la participación como testigos en el juicio de Gabriel García, pero brindaron información para procesarlo. De otra parte, sí testificaron en el juicio contra José Elías Melo”. Y, asimismo, se logró la condena de otras dos personas: Enrique José Ghisays (condenado en julio de 2017), Eduardo Asaad Ghisays (condenado el 24 de agosto de 2017); quienes fueron los responsables de crear en Panamá la empresa de papel Lurion Trading, a través de la cual se blanquearon los US$6,5 millones que Odebrecht le pagó al exviceministro García Morales.

(Lea también: Odebrecht, un caso varado en la era del fiscal Francisco Barbosa)

“La colaboración de Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, fue de mucha importancia y los resultados obtenidos fueron posibles por la aplicación del principio de oportunidad”, reconoció la fiscal este jueves al pedirle al juez 68 que accediera a su resolución. Tanto la Procuraduría como la Contraloría, que representa en este proceso los intereses patrimoniales del Estado, estuvieron de acuerdo con que los brasileños no fueran más judicializados, pues su colaboración permitió alcanzar mayores estándares de justicia.