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El trasfondo del proceso judicial que tiene al expresidente Álvaro Uribe detenido desde el pasado 12 de agosto por presunto fraude procesal y soborno, relacionado con una supuesta intención de manipular testigos, es otra pesquisa que la justicia ha adelantado de manera lenta y con tropiezos: establecer la veracidad de varios testimonios de paramilitares que han vinculado al también exgobernador de Antioquia y exsenador con esa organización ilegal. La Corte Suprema remitió a la Fiscalía ese expediente, que suma a la presunta conformación de grupos ilegales en la hacienda Guacharacas los casos de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque (entre 1996 y 1997) y el homicidio de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, perpetrado en 1998.
El Espectador tiene en su poder el auto de 44 páginas con el cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema hizo esa remisión el pasado 15 de septiembre, al considerar que ya no tenía competencia para investigar a Uribe Vélez luego de que este renunciara al Senado y a su fuero el pasado 18 de agosto. Se trata de una indagación previa; es decir, una pesquisa apenas preliminar por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado, a raíz de hechos que fueron declarados de lesa humanidad por ese mismo alto tribunal en mayo de 2018. El documento da pistas sobre los elementos más importantes que deberá ahora examinar la Fiscalía General.