Tribunal Administrativo negó medidas cautelares en caso del magistrado Pretelt
El suspendido magistrado presentó una acción de tutela con la que busca el reintegro a su cargo argumentando una violación a su debido proceso por parte del Senado de la República. El próximo marte se tomará una decisión de fondo.
Redacción Judicial
Días antes que fuera suspendido de su cargo por la Plenaría del Senado, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub instauró varias tutela con el fin de buscar que se le reintegrara a su cargo. En las acciones judiciales el argumento era el mismo: vulneración a sus derechos procesales y a la defensa en las diferentes instancias.
Como si previera el resultado final en el Senado, el expresidente del alto tribunal preparó su estrategia para seguir aferrado al cargo que ha desempeñado durante siete años y medio. Hace dos semanas tuvo su primer revés cuando el Tribunal Superior de Bogotá le negó sus pretensiones, lo mismo ocurrió en el Tribunal Administrativo del Cesar que rechazó la tutela presentada por un ciudadano.
Hace poco el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio de fondo la acción de tutela. Pese a que se negaron las medidas cautelares presentadas por el propio magistrado, fuentes cercanas al caso manifestaron que existe una luz de fondo en caso que podría reintegrar en los próximos días a Pretelt Chaljub a su despacho judicial.
El magistrado sostiene que el Senado incurrió en una violación al debido proceso puesto que no se resolvieron de manera adecuada las recusaciones e impedimentos presentadas por un grupo de parlamentarios para votar en la Sala. Este argumento sería de buen recibo por parte de la Sala conformada por dos magistrados.
En la Sala que estudiará el caso se encuentra el magistrado José María Armenta, recordado por reintegrar a su cargo al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego tras la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General por las irregularidades que se presentaron en la planeación y puesta en marcha del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
Se espera que el próximo martes se tome una decisión de fondo frente a la tutela presentada por el suspendido magistrado quien es investigado por presuntamente haber solicitado 500 millones de pesos para favorecer una acción de tutela presentada por Fidupetrol para anular una multa de 23 mil millones de pesos emitida por la Corte Suprema de Justicia.
El togado le habría hecho esta solicitud al abogado Víctor Pacheco quien representaba a la fiduciaria -hoy en liquidación- para seleccionar en un principio la tutela, llevarla a Sala Plena y ahí votar favorablemente sus pretensiones. Sin embargo, la acción fue derrotada en el debate jurídico por mayoría.
El Senado estudia actualmente si el magistrado es indigno -proceso disciplinario- mientras que el escrito de acusación por el delito de concusión -proceso penal- pasó en un hecho sin precedentes a la Sala Penal de la COrte Suprema de Justicia.
Días antes que fuera suspendido de su cargo por la Plenaría del Senado, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub instauró varias tutela con el fin de buscar que se le reintegrara a su cargo. En las acciones judiciales el argumento era el mismo: vulneración a sus derechos procesales y a la defensa en las diferentes instancias.
Como si previera el resultado final en el Senado, el expresidente del alto tribunal preparó su estrategia para seguir aferrado al cargo que ha desempeñado durante siete años y medio. Hace dos semanas tuvo su primer revés cuando el Tribunal Superior de Bogotá le negó sus pretensiones, lo mismo ocurrió en el Tribunal Administrativo del Cesar que rechazó la tutela presentada por un ciudadano.
Hace poco el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio de fondo la acción de tutela. Pese a que se negaron las medidas cautelares presentadas por el propio magistrado, fuentes cercanas al caso manifestaron que existe una luz de fondo en caso que podría reintegrar en los próximos días a Pretelt Chaljub a su despacho judicial.
El magistrado sostiene que el Senado incurrió en una violación al debido proceso puesto que no se resolvieron de manera adecuada las recusaciones e impedimentos presentadas por un grupo de parlamentarios para votar en la Sala. Este argumento sería de buen recibo por parte de la Sala conformada por dos magistrados.
En la Sala que estudiará el caso se encuentra el magistrado José María Armenta, recordado por reintegrar a su cargo al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego tras la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General por las irregularidades que se presentaron en la planeación y puesta en marcha del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
Se espera que el próximo martes se tome una decisión de fondo frente a la tutela presentada por el suspendido magistrado quien es investigado por presuntamente haber solicitado 500 millones de pesos para favorecer una acción de tutela presentada por Fidupetrol para anular una multa de 23 mil millones de pesos emitida por la Corte Suprema de Justicia.
El togado le habría hecho esta solicitud al abogado Víctor Pacheco quien representaba a la fiduciaria -hoy en liquidación- para seleccionar en un principio la tutela, llevarla a Sala Plena y ahí votar favorablemente sus pretensiones. Sin embargo, la acción fue derrotada en el debate jurídico por mayoría.
El Senado estudia actualmente si el magistrado es indigno -proceso disciplinario- mientras que el escrito de acusación por el delito de concusión -proceso penal- pasó en un hecho sin precedentes a la Sala Penal de la COrte Suprema de Justicia.