Tribunal Administrativo ordenó levantar el paro judicial en los juzgados civiles y de familia
El magistrado ponente indicó que el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental.
Redacción Judicial
La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura garantizar la prestación del servicio en los juzgados civiles y de familia que se encuentran en cese de actividades desde hace cuatro semanas en el marco de una protesta en contra del acuerdo 14442 de 2015.
El magistrado Fredy Ibarra Martínez determinó que el servicio de justicia y su acceso es un derecho fundamental, una restricción al mismo afecta la calidad de vida de las personas que acceden a la misma para solucionar sus problemas. Debido a esto “no proceden los paros, movimientos o ceses de actividades”.
En el fallo emitido el pasado 11 de diciembre se ampararon los derechos tutelados en la acción judicial presentada por el abogado José Ángel Fonseca. En la tutela se indicaba que el servicio de justicia no podía ser restringido, de hacerse se estaría actuando en contra de la ley y la Constitución.
Más de 1.500 empleados y trabajadores de la Rama Judicial se encuentran en cese de actividades por la entrada en vigencia del citado acuerdo que crea centros de servicios judiciales para la recepción y resolución de los procesos que se encuentran en los despachos judiciales.
La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura garantizar la prestación del servicio en los juzgados civiles y de familia que se encuentran en cese de actividades desde hace cuatro semanas en el marco de una protesta en contra del acuerdo 14442 de 2015.
El magistrado Fredy Ibarra Martínez determinó que el servicio de justicia y su acceso es un derecho fundamental, una restricción al mismo afecta la calidad de vida de las personas que acceden a la misma para solucionar sus problemas. Debido a esto “no proceden los paros, movimientos o ceses de actividades”.
En el fallo emitido el pasado 11 de diciembre se ampararon los derechos tutelados en la acción judicial presentada por el abogado José Ángel Fonseca. En la tutela se indicaba que el servicio de justicia no podía ser restringido, de hacerse se estaría actuando en contra de la ley y la Constitución.
Más de 1.500 empleados y trabajadores de la Rama Judicial se encuentran en cese de actividades por la entrada en vigencia del citado acuerdo que crea centros de servicios judiciales para la recepción y resolución de los procesos que se encuentran en los despachos judiciales.