Tribunal Administrativo ordenó suspender el inicio de operaciones de El Quimbo

El Tribunal Administrativo del Huila le pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos cumplir las medidas cautelares emitidas el pasado mes de julio por medio de las cuales se suspendía el inicio de operaciones de la hidroeléctrica El Quimbo.

En la decisión se hace un llamado de atención frente al incumplimiento del Gobierno para atender estas medidas, hecho por el cual se compulsaron copias a la Fiscalía General para que se investigue la actitud de algunos funcionarios que incumplieron la prohibición establecida.

En este sentido se advierte que en el fallo se habría prohibido de manera provisional la puesta en marcha de dicha hidroeléctrica puesto que se debían adelantar unas obras de adecuación con el fin de evitar la contaminación del Río Magdalena. Entre estos estaba el retiro de biomasa y residuos vegetales.

“No es de recibo aceptar que la hidroeléctrica haya iniciado operaciones sin satisfacer previamente los requerimientos ambientales, aunando al hecho de que esa desobediencia –al parecer consciente-, es una amenaza potencial para el interés colectivo”, precisa uno de los aparte de la decisión revelada por la WRadio.

Para ejercer un control sobre el proyecto hidroeléctrico el Tribunal le pidió al Gobierno que le pida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas “ya que hasta la fecha se ha limitado a fungir en calidad de notario de la información que le suministra Emgesa”.

El llamado de atención del Tribunal Administrativo va más allá tras manifestar que permitir la generación de energía sin cumplir las obligaciones existentes en cuento a la licencia ambiental “equivale a privilegiar el interés particular sobre el general, a sentar un nefasto precedente de irrespeto por la Judicatura, y a resquebrajar las bases del contrato social”.

Este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional estudia la demanda interpuesta en contra del decreto 1759 de 2015 por medio del cual el Presidente de la República autorizó el inicio de operaciones de la hidroeléctrica pese a la prohibición que existía. El alto tribunal estudiará el concepto emitido por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado que pide anular dicho decreto.  

El jefe del Ministerio Público cuestionó seriamente la posición del Gobierno que ordenó el inicio de operaciones argumetnando que era necesario suministrarle cantidades de agua suficiente al río Magdalena para elevar el nivel del mismo para que las barcazas puedan transportar el combustible de la refinería de Barrancarbermeja".

Este hecho se presentó en el marco de la crisis fronteriza con Venezuela. Para la Procuraduría General dciha accióne evadió la orden judicial se suspensión de generación de energía eléctrica impartida por el Tribunal Administrativo del Huila. "Se observa que no hay una relación directa de medio a fin en la expedición del decreto 1979 de 2015 para conjurar la crisis que obligó a decretar el estado de emergencia".

El Tribunal Administrativo del Huila le pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos cumplir las medidas cautelares emitidas el pasado mes de julio por medio de las cuales se suspendía el inicio de operaciones de la hidroeléctrica El Quimbo.

En la decisión se hace un llamado de atención frente al incumplimiento del Gobierno para atender estas medidas, hecho por el cual se compulsaron copias a la Fiscalía General para que se investigue la actitud de algunos funcionarios que incumplieron la prohibición establecida.

En este sentido se advierte que en el fallo se habría prohibido de manera provisional la puesta en marcha de dicha hidroeléctrica puesto que se debían adelantar unas obras de adecuación con el fin de evitar la contaminación del Río Magdalena. Entre estos estaba el retiro de biomasa y residuos vegetales.

“No es de recibo aceptar que la hidroeléctrica haya iniciado operaciones sin satisfacer previamente los requerimientos ambientales, aunando al hecho de que esa desobediencia –al parecer consciente-, es una amenaza potencial para el interés colectivo”, precisa uno de los aparte de la decisión revelada por la WRadio.

Para ejercer un control sobre el proyecto hidroeléctrico el Tribunal le pidió al Gobierno que le pida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas “ya que hasta la fecha se ha limitado a fungir en calidad de notario de la información que le suministra Emgesa”.

El llamado de atención del Tribunal Administrativo va más allá tras manifestar que permitir la generación de energía sin cumplir las obligaciones existentes en cuento a la licencia ambiental “equivale a privilegiar el interés particular sobre el general, a sentar un nefasto precedente de irrespeto por la Judicatura, y a resquebrajar las bases del contrato social”.

Este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional estudia la demanda interpuesta en contra del decreto 1759 de 2015 por medio del cual el Presidente de la República autorizó el inicio de operaciones de la hidroeléctrica pese a la prohibición que existía. El alto tribunal estudiará el concepto emitido por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado que pide anular dicho decreto.  

El jefe del Ministerio Público cuestionó seriamente la posición del Gobierno que ordenó el inicio de operaciones argumetnando que era necesario suministrarle cantidades de agua suficiente al río Magdalena para elevar el nivel del mismo para que las barcazas puedan transportar el combustible de la refinería de Barrancarbermeja".

Este hecho se presentó en el marco de la crisis fronteriza con Venezuela. Para la Procuraduría General dciha accióne evadió la orden judicial se suspensión de generación de energía eléctrica impartida por el Tribunal Administrativo del Huila. "Se observa que no hay una relación directa de medio a fin en la expedición del decreto 1979 de 2015 para conjurar la crisis que obligó a decretar el estado de emergencia".