El Tribunal Administrativo de Arauca admitió una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FED) contra la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa e Interior. La demanda señala al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por la grave crisis de seguridad en el departamento de Arauca y la sistemática violación de derechos humanos debido a la presencia de grupos armados ilegales.
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La acción legal busca proteger los derechos colectivos de los habitantes de Arauca, quienes enfrentan un recrudecimiento de la violencia y el control territorial de grupos al margen de la ley. Según la Fundación, esta situación ha derivado en secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, confinamientos, enfrentamientos armados y graves afectaciones a las comunidades indígenas, que representan el 39% de la población total del departamento.
La demanda, admitida el 24 de diciembre, señala al gobierno nacional de incumplir con sus responsabilidades constitucionales para garantizar la seguridad y el orden en el departamento. Según la FED, la falta de intervención efectiva ha permitido la expansión de grupos armados ilegales que operan con impunidad en la región, sometiendo a las comunidades a condiciones inhumanas y poniendo en riesgo su vida, integridad y dignidad.
La Fundación respalda su denuncia con informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y organismos internacionales como la ONU, que han advertido sobre el deterioro de la seguridad en Arauca. Además, incluyó un detallado registro de hechos violentos recientes que evidencian el incumplimiento de los acuerdos de cese al fuego pactados con algunos de los grupos armados.
La situación es particularmente crítica para las comunidades indígenas, que enfrentan restricciones de movilidad, inseguridad alimentaria y pérdida de autonomía cultural debido al control impuesto por los grupos armados. Según la demanda, estas comunidades están siendo confinadas y desplazadas de sus territorios ancestrales, lo que afecta gravemente su identidad y supervivencia.
Entre las prácticas más denunciadas en la región se encuentran las extorsiones mediante peajes ilegales, secuestros, amenazas y combates, que han generado un desplazamiento masivo hacia zonas rurales y fronterizas, agravando la crisis humanitaria.
La FED solicita al Tribunal declarar vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública y la moralidad administrativa en Arauca. Además, exige medidas urgentes para proteger a las comunidades afectadas, en especial a las indígenas, y garantizar el restablecimiento del control estatal en el territorio.
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Se espera que el Tribunal inicie audiencias en los próximos días para evaluar las pruebas y definir acciones inmediatas que frenen el agravamiento de la crisis en Arauca. Mientras tanto, la Fundación ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante la situación y respalde los esfuerzos por garantizar la protección de los derechos humanos en la región.
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