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El expresidente Álvaro Uribe Vélez volverá a la libertad. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá encontró que la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, cometió errores a la hora de imponer la medida privativa de la libertad contra el exmandatario. Según la defensa del líder del Centro Democrático, la togada no argumentó bien las razones por las que Uribe debía estar preso mientras se resuelve la segunda instancia en el proceso por el que ya fue condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal. Por eso, presentó una tutela que acaba de resolver el Tribunal.
La decisión, aunque le regresa la libertad al exmandatario, no lo absuelve de los delitos por los que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Lo que resolvió la Sala Penal del Tribunal este 19 de agosto es una de las tutelas presentadas para que Uribe Vélez se defendiera en libertad hasta que una decisión de segunda instancia, que también tendrá que resolverse en el Tribunal Superior de Bogotá, confirme o modifique la condena de la jueza 44 penal de Bogotá.
⚖️ El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la primera acción de tutela en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, al pronunciarse sobre la solicitud de amparo presentada frente a la orden de detención inmediata dictada en su contra.
— Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) August 19, 2025
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La Sala Penal resaltó que la jueza Sandra Heredia, a la hora de imponer la medida a Uribe Vélez, argumentó que la prisión domiciliaria era necesaria por “la necesidad de preservar la convivencia pacífica y el orden social; evitar que la ciudadanía perciba que los condenados pueden seguir en libertad pese a derruirse la presunción de inocencia en primera instancia; como un efecto disuasivo frente a la comisión de nuevos delitos y evitar la idea —del conglomerado— de un trato desigual ante la ley, ante el reconocimiento público del enjuiciado”.
Asimismo, en su decisión, la jueza 44 penal consideró oportuno la detención domiciliaria “dada la gravedad de los delitos como el soborno en actuación penal y el fraude procesal, porque afectaron la credibilidad institucional y la confianza ciudadana en la justicia, lo que requiere una respuesta ejemplarizante”. La jueza Heredia en ese momento también consideró que aunque Álvaro Uribe “asistió puntualmente a las citaciones, en etapas iniciales su defensor desplegó estrategias dilatorias para impedir el inicio del juicio —no precisó cuáles— y el inculpado ostenta de un reconocimiento internacional que facilitan una eventual evasión o salida del país”.
Por todo eso, la jueza impuso la medida, señalando que era “adecuada para redimir la pena, la privación de libertad inmediata —en esa modalidad—, es proporcional al daño causado y el derecho a permanecer en libertad, cede frente a la protección del orden jurídico y la confianza ciudadana”.
De acuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, “los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social”.
Según la decisión, los criterios de la jueza Heredi resultaron “desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Por lo mismo, es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”.
Esta es la decisión del Tribunal Superior de Bogotá:
Piden protección para la jueza del caso Uribe:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el pasado 15 de agosto una solicitud del Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (FASOL) para que se otorguen medidas cautelares para la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. La solicitud busca proteger “la vida, integridad, libertad, intimidad, buen nombre, acceso a la justicia, la familia y el libre ejercicio de la profesión” de la jueza.
Desde que se emitió la condena, la togada “ha sido objeto de presiones, campañas estigmatizantes y amenazas de muerte”, según el comunicado de FASOL. Asimismo, la fundación pretende informar a la sociedad sobre la violencia en contra del poder judicial en el país: “En los últimos tres años cada nueve días ha habido un ataque contra jueces, fiscales y empleados. Contexto de barbarie creado por diferentes actores violentos”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
