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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó la acción popular que presentó la Procuraduría, declarando que el Ministerio de Salud y otras entidades gubernamentales vulneraron los derechos colectivos de los colombianos debido a la problemática de escasez y desabastecimiento de medicamentos.
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La sentencia señala que el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) han amenazado derechos fundamentales como el acceso a un servicio de salud eficiente y oportuno, la seguridad y salubridad públicas, el patrimonio público y los derechos de los usuarios y consumidores del sistema de salud.
Órdenes del Tribunal
El Tribunal ordenó al Ministerio de Salud mantener activo el Plan de Respuesta Urgente adoptado en octubre de 2023, así como liderar una mesa de trabajo interinstitucional para diseñar una nueva Política Farmacéutica Nacional. Esta mesa deberá incluir a entidades como el INVIMA, los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y Ciencia y Tecnología, además de representantes de la industria farmacéutica, las EPS (Entidades promotoras de salud), las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y los usuarios del sistema.
La nueva política deberá abordar problemáticas estructurales del sistema, como los trámites administrativos acumulados en el INVIMA, que tienen más de 27.000 expedientes de registros sanitarios sin resolver, y que han dejado a miles de medicamentos fuera del mercado. También deberá enfocarse en la regulación eficiente de precios, la financiación adecuada a proveedores, la operación transparente del sistema farmacéutico y la garantía de acceso universal a los medicamentos.
La Procuraduría había advertido sobre el impacto que el desabastecimiento tiene en los sectores más vulnerables de la población, especialmente niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, catastróficas, raras o huérfanas. La falta de acceso oportuno a medicamentos esenciales afecta no solo la salud de los pacientes, sino también la confianza en el sistema de salud del país.
En su demanda, apoyada por el alto tribunal, se ordena “establecer una mesa de trabajo a la que se convoquen a los representantes de las farmacéuticas; mayoristas; entidades promotoras de salud; instituciones prestadoras de servicios de salud; representantes de los usuarios; de los establecimientos de comercio que expenden medicamentos y de la Procuraduría, con el propósito de establecer las bases de una nueva política farmacéutica orientada a la garantía del acceso con equidad a los medicamentos, mediante el control de precios”, detalló el auto del fallo.
Además, el Ministerio Público destacó que la ausencia de una Política Farmacéutica Nacional, a pesar de estar ordenada por la Ley Estatutaria de Salud, ha agravado la crisis, dejando al sistema farmacéutico expuesto a la corrupción y la ineficiencia administrativa.
El panorama de los medicamentos en Colombia
De acuerdo con el fallo del alto tribunal, el sistema de precios de medicamentos en Colombia presenta serias fallas que afectan el acceso equitativo a los tratamientos y generan sobrecostos millonarios para los recursos públicos y para los ciudadanos que deben adquirirlos con su propio dinero.
Datos del Tribunal sobre los precios y la regulación muestran que en Colombia, hay 2.483 principios activos que corresponden a 74.696 presentaciones comerciales, registrados mediante aproximadamente 12.000 licencias sanitarias del INVIMA. Solo el 7% de los principios activos tienen un precio máximo regulado para compras realizadas con recursos públicos, lo que equivale al 2,5% de los medicamentos disponibles en el país. Para el recobro de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), únicamente el 22,7% de los principios activos cuentan con regulación de precios.
Por otro lado está la falta de control en las compras privadas. El 100% de los medicamentos adquiridos directamente por los ciudadanos no tienen ningún tipo de regulación en sus precios. Esto obliga a las personas a pagar valores desproporcionados en farmacias y droguerías, con aumentos de hasta 100 veces más que los precios adquiridos por las EPS.
Entre 2018 y 2019, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reportó sobrecostos superiores a 42.628 millones de pesos por medicamentos sin regulación de precios. En el primer trimestre de 2019, se identificaron 1.680 casos de venta de medicamentos con precios que excedieron el máximo permitido, con aumentos entre el 1% y el 11.668%. Las IPS y EPS también incurrieron en estas prácticas, pues se detectaron casos donde medicamentos fueron vendidos con sobrecostos de hasta 933% en el canal institucional.
El Tribunal advierte que el 77% de los principios activos no tienen regulación de precios, lo que permite a laboratorios y mayoristas establecer precios libremente. En algunos casos, estos precios superaron en 2.899% los valores de referencia internacional. Durante 2018 y 2019, 630 integrantes de la cadena de distribución de medicamentos aumentaron precios muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con incrementos de hasta el 8.738.500%.
Entre 2012 y 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó 1.148 investigaciones por irregularidades en el sector y aplicó sanciones por un total de 67.000 millones de pesos. Sin embargo, estas multas representan menos del 0,001% de las ventas de los laboratorios farmacéuticos en ese mismo periodo, evidenciando la limitada eficacia de las medidas punitivas.
El Tribunal concluyó que el sistema de regulación de precios de medicamentos en Colombia es ineficaz para garantizar el acceso equitativo, prevenir abusos en el gasto público y controlar los altos costos que enfrentan los ciudadanos. Asimismo, señala que esta desregulación no solo afecta a las finanzas públicas, sino que también pone en riesgo la salud de millones de colombianos, especialmente los más vulnerables.
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