:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/ER4SIV65NVG63D2UILHV6JHE4E.jpeg)
El Tribunal Administrativo de Santander acaba de pronunciarse sobre una tutela presentada por el El Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz en el que pedían garantizar los derechos a la protesta, la vida, a no ser sometidos a desaparición forzada, que consideran fueron vulnerados desde el 28 de abril de 2021 en Santander en el marco del Paro Nacional. Quienes presentaron la acción judicial dicen que existe un “uso desproporcionado de la fuerza, puntualmente, de las autoridades de Policía (Esmad) para responder a las manifestaciones públicas que se vienen realizando” en varios municipios del departamento.
Lea: Tribunal de Santander estudia tutela que pide reducir el uso de la fuerza de la Policía
Los magistrados del tribunal les dieron la razón a los ciudadanos y ordenaron a las autoridades locales proteger su derecho a la protesta pacífica. “Amparar los derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, de los accionantes y demás ciudadanos protestantes pacíficos (...) Ordenar al Departamento de Santander, los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, las personerías municipales, la Defensoría y la Procuraduría, que implementen un protocolo que reglamente las obligaciones de las diferentes entidades antes, durante y después de las manifestaciones pacíficas”, señala el fallo de 40 páginas.
El fallo le pide a la Policía que en el evento de que se presenten alteraciones del orden público, y se deba utilizar la fuerza, armas, elementos y dispositivos no letales, deberán los miembros de la institución, aplicar los principios de proporcionalidad, necesidad, razonabilidad y legalidad, tal y como lo prevén las normas internacionales y nacionales. “Así mismo, deberán aplicar la fuerza de manera focalizada, no sobre la multitud, identificando quienes son los causantes de los desórdenes o actos vandálicos dentro de las manifestaciones y publicará los nombres completos con cédula en aras de que no se deslegitime la manifestación pacífica”, reza el fallo conocido por este diario.
Otras de las órdenes emitidas por los magistrados es que se capacite a los miembros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Esmad en ética y derechos humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de armas y dispositivos menos letales, especialmente la del lanza cohetes Venom y la jurisprudencia de las altas cortes relativas al derecho fundamental de la protesta pacífica y no violenta en Colombia a las que se ha hecho referencia en esta providencia, para que actúen como agentes de paz y garanticen el derecho a la vida e integridad personal de los marchantes y no marchantes y así evitar el uso desproporcionado de la fuerza
La tutela fue admitida el pasado 1 de junio para estudio y en ella se piden varias medidas provisionales y urgentes para enfrentar la situación de derechos humanos en las protestas de Santander. Entre las medidas que pide la tutela, están: que se ordene a la Policía reducir al mínimo el uso de la fuerza, suspender el uso de gas lacrimógeno, bolas marcadoras, bombas aturdidoras y escopeta calibre 12 por parte del Esmad hasta que haya garantías de un uso mesurado. “ Uso de gases lacrimógenos caducados o vencidos y su indebida utilización, que a pesar de que es un arma catalogada como no letal, su uso excesivo puede ocasionar lesiones en la piel de quienes se ven expuestos a este gas. Además, de que se ha registrado su uso inadecuado, siendo disparados directamente hacia las personas, ocasionando lesiones en los ojos”, dice la tutela.
Y agregan que “este abuso generalizado se genera ante la falta de normatividad que regule los estándares de estos elementos, así como la falta de capacitaciones y/o formación de agentes de policía, lo que agudiza el riesgo de abuso policial y la letalidad de estos elementos. 2.2 Uso indiscriminado del arma Venom y lanzadores de proyectiles en contra de la población civil, de los cuales existe evidencia en varios videos publicados en redes sociales, en los que agentes de la policía hacen uso de este tipo de arma para dispersar la protesta social, e inclusive, la denuncia hecha por el Director de la División de las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco a través de la cuenta de la red social Twitter”.
Los argumentos de la decisión
El tribunal administrativo concluye que “es de conocimiento público que los hechos que se han venido presentando con ocasión a las manifestaciones públicas y ciudadanas desde el pasado 28 de abril, han estado enmarcadas por una serie de irregularidades y omisión al seguimiento de los protocolos que para tal efecto se encuentran dentro del marco legal que debe acatar la fuerza pública, tratándose de protestas sociales ciudadanas. Resulta importante destacar que en el presente caso se plantea asuntos que comprenden conflictos de vulneración generalizada de los derechos a la protesta, participación ciudadana, debido proceso y libertad de expresión, de acuerdo con patrones de comportamiento que tanto los accionantes, como los aquí intervinientes destacan como prácticas usadas por la fuerza pública”.
Para la Sala, estas conductas irregulares se encuentran ampliamente acreditadas con las grabaciones de video y registro fotográfico aportados en el expediente, que permite advertir una respuesta de la fuerza pública a las manifestaciones en el marco de la protesta “sin respeto y garantía de los derechos y la dignidad humana de los ciudadanos manifestantes, es decir, se trata de una actuación de la autoridad policial que no responde a los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, legitimidad en el uso de la fuerza, prevención (...) se concluye que el uso de la fuerza por parte del Esmad durante las manifestaciones desarrolladas desde el 28 de abril y siguientes ha sido utilizada como mecanismo principal y no como último recurso”.
Aunque para los magistrados, las autoridades, como la Policía, “han realizado diferentes actividades previas y concomitantes al paro nacional realizado el 28 de abril de 2021 y días siguientes, es necesario indicar que sus esfuerzos no han sido suficientes, pues no se advierte que el acompañamiento a las manifestaciones sea una labor permanente, especialmente del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pues se reitera, el desarrollo de las manifestaciones demuestra uso excesivo de la fuerza”. Las críticas a la Procuraduría y la Defensoría también han sido alertadas por organizaciones sociales, quienes indican que no hicieron presencia en los primeros días de paro.
Lo que dijo la Policía
El comandante de la Policía en la capital de Santander señaló que su personal ha hecho presencia en las protestas sociales y que “han aplicado racionalmente los criterios objetivos del uso de la fuerza que contempla el modelo policial en los escenarios en que las conductas de ciudadanos se salgan de la esfera de la manifestación pacífica, para intervenir como garantía de preservación de otros bienes y derechos constitucionalmente amparados, como lo son: la vida, integridad, bienes y demás derechos de todas las personas, intervención que se origina ante actos que califica de vandalismo que alteran el orden público, como se pudo apreciar en el área metropolitana de Bucaramanga, con la vandalización de estaciones del servicio de transporte Metrolínea, la quema de CAI de la policía y otros actos”.
El Esmad también le dijo al tribunal que se verificó el inventario de armamento del escuadrón móvil antidisturbios y que que no se encontraron elementos “menos letales” con fechas vencidas, y aclara que los elementos que fueron publicados en redes sociales obedece a la fecha de fabricación, por lo que las que fueron usadas se encuentran en óptimas condiciones. “Agrega que el Esmad no hace uso de armas de fuego, como lo establece la Resolución 03002/2017 y el Decreto 003/2021, hechos que han sido verificados por el Ministerio Público, quienes realizan revistas previas a la protesta de los uniformados. Enfatiza que se ha hecho presencia y coordinación en los PMU como instancia de coordinación interinstitucional para la supervisión y toma de acciones necesarias para la garantía del derecho a la protesta”, recoge el fallo judicial.
Recientes choques en Bucaramanga
Esta semana, se reportaron enfrentamientos entre el Esmad y manifestantes en las inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander y en las que organizaciones sociales volvieron a denunciar abusos por parte de la Fuerza Pública. Sin embargo, Según las autoridades, desde el Puesto de Mando Unificado se dio la orden al Esmad y la fuerza disponible de intervenir, debido a los actos vandálicos que se registraron durante las movilizaciones, en donde un grupo de personas atacó parte del inmobiliario urbano de la ciudad.
La secretaria del Interior del municipio, Melissa Franco, señaló a través de redes sociales que “ante actos vandálicos que algunos han realizado en puntos de nuestra ciudad, ha intervenido la Policía metropolitana de Bucaramanga. Los gestores de convivencia estuvieron acompañando y priorizando el diálogo, lamentablemente algunos quieren generar miedo y violencia”. La le dijo a RCN Radio que “En algunos sitios de la protesta en los que se desdibuja la protesta social y pasa actos vandálicos (...) se dio la instrucción que la Policía metropolitana de Bucaramanga procediera para garantizar el orden y establecer el orden público en la ciudad”.