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El Consejo de Estado determinó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene la última palabra sobre las dos demandas que buscan la reubicación de las poblaciones de Plan Bonito, el Hatillo y Boquerón por la afectación con la explotación carbonífera en el departamento del Cesar.
El tribunal de lo contencioso administrativo indicó que estos casos deben analizarse desde el punto de vista del medio ambiente y no de un proceso minero como se había argumentado.
La Sección Tercera del alto tribunal señaló que las resoluciones demandadas fueron expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente dentro de sus funciones de evaluación y control preventivo de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo.
“(Las) actividades mineras deben realizarse con sujeción a las normas ambientales, lo que indica que las decisiones ambientales no se asimilan a las mineras”, precisó el Consejo de Estado al hacer referencia a los fallos de la Corte Constitucional.
En el caso específico el demandante estableció la cuantía por un monto de 20 mil millones de pesos, consistentes en el eventual perjuicio que le ocasionaría la ejecución de los actos administrativos demandados.
Por El Espectador
