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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un ultimátum de dos meses a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para que publique la totalidad de la actividad contractual de la entidad, la cual ha sido dada a conocer a la sociedad de una manera poco trasparente desde julio de 2022. El Tribunal encontró que la Ungrd ha venido trasgrediendo los principios y deberes de publicidad y transparencia a los que se compromete como entidad del Estado.
La orden fue consecuencia de una demanda de la Fundación para el Estado de Derecho, la cual exige la publicidad de la contratación a la Fiduciaria La previsora S.A y a la Unidad involucrada en el más grande escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Como se ha conocido en los últimos meses, su exdirector y exsubdirector, Olmedo López y Sneyder Pinilla, han aceptado el saqueo corrupto a los dineros de la entidad, en alianza con contratistas y políticos de toda Colombia, lo que incluiría hasta congresistas de la República.
López y Pinilla están imputados por delitos de corrupción y la Fiscalía solicitó prisión en su contra, esta semana, mientras son investigados en específico por el caso de los sobrecostos en la contratación de 40 carrotanques que iban a abastecer de agua a la población vulnerable en La Guajira. Aunque Olmedo López fue posesionado en 2023, y el expediente en el Tribunal sostiene que las irregularidades datan desde julio de 2022, la Fiscalía ya aseguró que en la administración de estos dos confesos corruptos se perdieron hasta 69 cajas de documentación delicada.
La decisión del Tribunal establece que la Unidad es la ordenadora del gasto de los contratos y convenios celebrados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Fiduciaria La Previsora. Que ese Fondo se rige bajo el régimen de contratación especial y excepcional, por lo cual debe publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en la plataforma SECOP II.
“Sin embargo, desde el 18 de julio de 2022 no se efectúa con regularidad la publicación de la actividad contractual total de la entidad, con lo que hay un incumplimiento en el deber de publicación y que dicha conducta atenta contra los principios de transparencia, publicidad y control al ejercicio del poder político, aún más cuando es de público conocimiento los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada la Ungrd”, se lee en la demanda.
La información que, ahora, deberá publicar la Ungrd debe incluir documentos, contratos, información de los oferentes, contratistas, contratantes, supervisores e interventores, con respecto a las etapas precontractual, contractual y poscontractual de sus actividades de gestión del riesgo. Se evidenció que lo existente en el SECOP II son paquetes de documentos fragmentados o directamente ausentes.
“En ciertos casos, solo se encontraron las minutas; en otros, únicamente la póliza de cumplimiento; y en algunos casos, durante la etapa precontractual, se omiten documentos propios e indispensables de esta fase, como los estudios de mercado y previos, propuestas de los oferentes, entre otros. Si bien las situaciones de desastre y calamidad pública requieren acciones inmediatas que ameritan medidas especiales en materia de contratación estatal, no es menos cierto que la ciudadanía tiene el derecho fundamental a conocer cómo se invierten los recursos públicos”, concluyó la Fundación para el Estado de Derecho.
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