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El exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett seguirá contando un esquema de protección mucho menor al que llegó a tener por años. Acaba de perder una tutela, en segunda instancia, ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual le respondió que intenta lograr los cambios a través de un recurso judicial equivocado y que desde año y medio no hay evidencia de que se encuentre en el nivel máximo de riesgo.
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El exfiscal general entre 2012 y 2016 buscaba que su esquema de protección quedara, de nuevo, respondiendo al nivel más alto de los estándares: extraordinario. Además, contar otra vez, como a principios de 2021, con tres conductores, siete agentes de protección, un vehículo oficial blindado de máxima seguridad y dos vehículos convencionales, de los cuales también resultaban favorecidos su esposa e hijo.
Sigue a El Espectador en WhatsAppSin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá le respondió que, desde octubre del año pasado, Montealegre conocía toda la documentación relacionada con su estudio de seguridad. Ese estudio destaca que su condición es extraordinaria y no extrema, que es el punto máximo reconocido por la Unidad Nacional de Protección. A pesar de ello, recién hasta febrero de este año el exfiscal general radicó la tutela.
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“Bien pudo haber interpuesto la acción de tutela de manera inmediata una vez le notificaron la resolución que modificaba el esquema de seguridad, como mecanismo transitorio mientras iniciaba las acciones legales pertinentes, pero, inexplicablemente, no lo hizo”, agregó el despacho judicial. Explicó que el estudio de riesgo de Montealegre se ha actualizado conforme a periódicos estudios, que arrojan un nivel de riesgo menor al enfrentado al momento de cambiar su seguridad.
El Tribunal consideró que el esquema de seguridad solo se redujo y no se eliminó. Y, además, que Montealegre tuvo el espacio para presentar recursos administrativos como nulidad y restablecimiento de derecho, los cuales le fueron negados por parte de la Unidad Nacional de Protección. En conclusión, que modificar el esquema de seguridad no implica, por sí, poner en riesgo la vida de Montealegre o la de su familia.
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“Por otro lado, el actor no aportó ningún elemento que permita inferir que el nivel de riesgo que supuestamente enfrenta no es el que determinó la entidad, así como tampoco dio a conocer nuevos hechos o circunstancias por las que debería variarse la decisión; es más, de presentarse, el demandante podrá solicitar ante la accionada una nueva evaluación de riesgo, tal como lo hizo en 2019″, concluyó el Tribunal.
Ese año, el esquema de seguridad del exfiscal fue incrementado dado que anunció, junto al exvicefiscal Jorge Perdomo, que preparaba denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aseguró, entonces, que el antiguo máximo mandatario tendrá responsabilidad por las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996), ejecutadas por paramilitares en Antioquia. No obstante, desde 2021, al parecer, no hay prueba que determine que el nivel de riesgo de Montelagre siga siendo extraordinario.
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