13 Feb 2017 - 9:57 p. m.

Tribunal pide investigar a Santiago Uribe Vélez por nexos con paramilitares

En la compulsa de copias se pide establecer la relación del hermano del senador Álvaro Uribe con las Autodefensas del Chocó y de Antioquia.

Redacción Judicial

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias ante la Fiscalía General para que se investiguen los presuntos nexos del ganadero Santiago Uribe Vélez con los grupos paramilitares del Chocó y Antioquia en el año 2001. La decisión tiene como base la declaración del excomandante paramilitar Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’.

En su testimonio, ‘Ricardo’ citad que Santiago Uribe Vélez, junto a Jorge Escobar, conocido con el sobrenombre de ‘Bigotes’ y Juan Diego Vélez financiaron las estructuras paramilitares en los departamentos. Para esto empresarios de la región y porcicultores entregaron altas sumas de dinero para su expansión, además de prestar sus viviendas para que se adelantaran reuniones.

'Ricardo' dio detalles sobre la relación de Uribe Vélez con los grupos paramilitares, asegurando que era un "contribuyente volutario de la organización". Junto a otro grupo de empresarios y hacendados suministraron apoyo logísitico y financiero que permitieron el fortalecimiento y expansión de estos grupos paramilitares en Antioquia y Chocó.

"(...) en el caso de Santiago yo quisiera hacer una aclaración que por parte de Bigotes un señor que estuvo encarcelado en España hasta hace poco era socio de una pesebrera de Juan Diego Vélez, hermano de Germán Vélez, primos del doctor Álvaro Uribe Vélez y de Santiago, el me lalmó a mi para ver la posibilidad de que no se le pidiera plata a Santiago Uribe y me accdedió a no seguirle pidiendo plata", señaló en su declaración 'Ricardo'.

El testimonio -citado por la Sala de Justicia y Paz- agrega que "pero para aclararle que en tema de voluntario debió haber aportado voluntariamente, pero después mandó una razón de que no iba a seguir aporrando porque no le daba el negocio (..) Jorge Escobar, amigo de éste, transmitió la petición de Santiago Uribe de no volver a aportar dinero a la organización, petición a la que accedió el postulado".

En el fallo se señala que otros postulados a la ley de Justicia y Paz coinciden con Zapata Sierra –conocido como el canciller de las AUC- de haber apoyado a las estructuras ‘paras’ en la región para su lucha en contra de los guerrilleros y actividades de limpieza social en la zona. (Ver Santiago Uribe, a juicio por caso de "Los 12 Apóstoles")

“El postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra ya había señalado a Santiago Uribe como contribuyente de la organización, pues tal y como lo señaló la Fiscalía ‘el postulado Zapata Sierra refiere a un ciudadano de Nombre Santiago Uribe, dueño de la Ladrillera Ambala de Amaga (sic) como una persona que realizaba aportes a la organización”, precisa el fallo.

La Sala pide además investigar a funcionarios públicos, como alcaldes, policías, militares y agentes del CTI que habrían tenido conocimiento y participado en las acciones ejecutadas por el Bloque Pacífico-Héroes del Chocó y del Frente Suroeste de las AUC. 

“No solo para investigar el delito de concierto para delinquir, sino su responsabilidad en la ejecución de los crímenes y de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, sin perjuicio de aplicar mecanismos de justicia transicional por tales crímenes”, precisa uno de los apartes de la sentencia de 1.767 páginas. 

Santiago Uribe Vélez se encuentra privado de su libertad desde el 29 de febrero de 2016. La Fiscalía General lo llamó a juicio el pasado 21 de octubre por su presunta participación en la financiación del grupo paramiltiar conocido como 'Los 12 Apóstoles' que delinquió en el municipio de Yarumal (Antioquia) en la década de los noventa. 

El ganadero fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en el marco de la conformación y financiación de dicho grupo armado ilegal en Antioquia. Su defensa presentó recurso de apelación el cual deberá ser resuelto por la vicefiscal General, María Paulina Riveros en los próximos días. 

 

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