Tribunal Superior de Bogotá tendrá que revisar el fallo de Iván Ramírez
El Tribunal había enviado el caso a la Corte Suprema, arguyendo que no tenía competencia por ser el general (r) un aforado. Está pendiente una decisión similar sobre Arias Cabrales.
Diana Durán/Elespectador.com
Será el Tribunal Superior de Bogotá el que examine, como segunda instancia, el sensible expediente del caso del Palacio de Justicia correspondiente al general (r) Iván Ramírez Quintero. Según conoció El Espectador así lo acaba de decidir la Corte Suprema de Justicia, a la cual el Tribunal había enviado el proceso.
En el caso de Ramírez, el Tribunal de Bogotá le envió el oficio a la Corte Suprema el pasado 28 de mayo. Lo mismo hizo para el proceso del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales el pasado 8 de junio, pero sobre este último la Corte no ha hecho aún ningún pronunciamiento.
El argumento del tribunal era que, por ser ellos generales de la República, tenían fuero y no podían ser juzgados por la justicia ordinaria. Los fallos de ambos oficiales en retiro fueron emitidos en el Juzgado 51 Penal del Circuito, por la jueza María Cristina Trejos. Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión; Ramírez fue absuelto.
La Corte Suprema, sin embargo, en una providencia de once páginas del magistrado Luis Guillermo Salazar, determinó que Ramírez no podía considerarse un aforado porque “tampoco se presentaba relación entre la conducta y las funciones ejercidas”, es decir, que no había nexos entre su cargo y el delito en cuestión: desaparición forzada, que “es considerado por el legislador como un hecho no relacionado con el servicio”.
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado el 28 de abril de 2011; el general (r) Iván Ramírez, el 15 de diciembre del mismo año. Uno era comandante de la Brigada XIII –cuya sede es Bogotá– cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia; el otro, jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Ejército. Uno era entonces brigadier general; el otro, teniente coronel.
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que consideran acertada la decisión de la Corte Suprema, pues el argumento del ente investigador para llevar estos casos ante jueces ordinarios era que la desaparición forzada (el delito del que fueron acusados) no tenía ninguna relación con los actos del servicio. Por ende, el fuero ya no aplicaba. Es por esa razón que, por ejemplo, el general (r) Rito Alejo del Río enfrenta un proceso penal por un homicidio ante la justicia ordinaria.
Lo mismo piensan los abogados de las víctimas. De acuerdo con Jorge Molano, defensor de varios familiares de los 11 desaparecidos del Palacio, esta es una decisión “razonada” de la Corte, pues “los casos de lesa humanidad no pueden tener privilegios”. Molano agregó que para el caso de Arias Cabrales espera que la Corte mantenga la misma posición que con Ramírez Quintero.
Lo que Fiscalía y defensores de las víctimas temían era que los procesos de los generales (r) Arias Cabrales y Ramírez Quintero se fueran a pique, que la Corte aceptara su competencia y, por ende, anulara todo lo que se ha avanzado. Algo así como lo que sucedió con el exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, cuyo proceso fue anulado por completo en enero de este año porque no fue el fiscal general quien lideró la investigación, a pesar de que el alto oficial en retiro es un aforado.
¿Exceso de presión?
Jorge Molano, sin embargo, señala que el intento del Tribunal Superior de Bogotá de no asumir su competencia en estos expedientes es consecuencia de “esa presión excesiva del Ejecutivo que se ha metido en los jueces y tribunales, que hace que los funcionarios se inhiban de tomar decisiones judiciales en el caso del Palacio de Justicia”.Es verdad que los gobiernos de turno han manifestado su desacuerdo con las dos condenas que se han producido en el tema de los desaparecidos del Palacio. Cuando el coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado en primera instancia, el 9 de junio de 2010, el entonces presidente Álvaro Uribe incluso hizo una alocución presidencial televisada, con los mandos militares detrás, rechazando enérgicamente la condena.
Uribe calificó el fallo en contra de Plazas Vega como una condena “a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente buscó cumplir con su deber. Duele, da tristeza”. Cuando el fallo fue ratificado parcialmente por el Tribunal Superior de Bogotá, en enero pasado, el primer mandatario Juan Manuel Santos señaló que era el país el que debía pedirles perdón a sus soldados. El defensor del coronel (r), Jaime Granados, ha insistido públicamente en que se trata de un “craso error judicial”.
Nueve meses antes, cuando se conoció el fallo condenatorio de Arias Cabrales, Santos tampoco guardó silencio. “No deja de dejarle a uno un sabor amargo. (El) general le entregó toda su vida a la defensa de la patria y no se le comprobó ninguna relación directa con los supuestos crímenes que se cometieron en la toma del Palacio de Justicia”, dijo entonces el primer mandatario. El sindicato de la Rama Judicial le reclamó haber roto su promesa de no descalificar decisiones judiciales.
La ratificación parcial del fallo contra Plazas Vega por parte del Tribunal Superior de Bogotá encendió una fuerte polémica, no sólo por insistir en la participación del alto oficial (r) en la suerte que habían corrido dos de los desaparecidos, sino por ordenarle al Ejército que pidiera perdón en público, así como poner a consideración de la Corte Penal Internacional que investigara la responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en los trágicos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
La tesis de los abogados que defienden a las víctimas de los desaparecidos es que el Tribunal de Bogotá quería desentenderse de los procesos de los generales (r) Arias Cabrales y Ramírez Quintero por la presión que han suscitado estos polémicos procesos. Los presidentes Uribe y Santos, así como los abogados defensores de los militares, insisten en que con estos altos oficiales en retiro se cometió una grave injusticia.
La controversia, al fin y al cabo, ha sido inherente al tema Palacio de Justicia desde que la Fiscalía de Mario Iguarán decidió reabrirlo, luego de comprobar que en 1985 se habían cometido múltiples irregularidades (desde lavar los cuerpos de los fallecidos en el Holocausto hasta torturar a sobrevivientes como los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson) que habían impedido saber a ciencia cierta qué sucedió con once personas de las que, después de la toma y recuperación del Palacio, nunca se volvió a saber nada.
Será el Tribunal Superior de Bogotá el que examine, como segunda instancia, el sensible expediente del caso del Palacio de Justicia correspondiente al general (r) Iván Ramírez Quintero. Según conoció El Espectador así lo acaba de decidir la Corte Suprema de Justicia, a la cual el Tribunal había enviado el proceso.
En el caso de Ramírez, el Tribunal de Bogotá le envió el oficio a la Corte Suprema el pasado 28 de mayo. Lo mismo hizo para el proceso del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales el pasado 8 de junio, pero sobre este último la Corte no ha hecho aún ningún pronunciamiento.
El argumento del tribunal era que, por ser ellos generales de la República, tenían fuero y no podían ser juzgados por la justicia ordinaria. Los fallos de ambos oficiales en retiro fueron emitidos en el Juzgado 51 Penal del Circuito, por la jueza María Cristina Trejos. Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión; Ramírez fue absuelto.
La Corte Suprema, sin embargo, en una providencia de once páginas del magistrado Luis Guillermo Salazar, determinó que Ramírez no podía considerarse un aforado porque “tampoco se presentaba relación entre la conducta y las funciones ejercidas”, es decir, que no había nexos entre su cargo y el delito en cuestión: desaparición forzada, que “es considerado por el legislador como un hecho no relacionado con el servicio”.
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado el 28 de abril de 2011; el general (r) Iván Ramírez, el 15 de diciembre del mismo año. Uno era comandante de la Brigada XIII –cuya sede es Bogotá– cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia; el otro, jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Ejército. Uno era entonces brigadier general; el otro, teniente coronel.
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que consideran acertada la decisión de la Corte Suprema, pues el argumento del ente investigador para llevar estos casos ante jueces ordinarios era que la desaparición forzada (el delito del que fueron acusados) no tenía ninguna relación con los actos del servicio. Por ende, el fuero ya no aplicaba. Es por esa razón que, por ejemplo, el general (r) Rito Alejo del Río enfrenta un proceso penal por un homicidio ante la justicia ordinaria.
Lo mismo piensan los abogados de las víctimas. De acuerdo con Jorge Molano, defensor de varios familiares de los 11 desaparecidos del Palacio, esta es una decisión “razonada” de la Corte, pues “los casos de lesa humanidad no pueden tener privilegios”. Molano agregó que para el caso de Arias Cabrales espera que la Corte mantenga la misma posición que con Ramírez Quintero.
Lo que Fiscalía y defensores de las víctimas temían era que los procesos de los generales (r) Arias Cabrales y Ramírez Quintero se fueran a pique, que la Corte aceptara su competencia y, por ende, anulara todo lo que se ha avanzado. Algo así como lo que sucedió con el exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, cuyo proceso fue anulado por completo en enero de este año porque no fue el fiscal general quien lideró la investigación, a pesar de que el alto oficial en retiro es un aforado.
¿Exceso de presión?
Jorge Molano, sin embargo, señala que el intento del Tribunal Superior de Bogotá de no asumir su competencia en estos expedientes es consecuencia de “esa presión excesiva del Ejecutivo que se ha metido en los jueces y tribunales, que hace que los funcionarios se inhiban de tomar decisiones judiciales en el caso del Palacio de Justicia”.Es verdad que los gobiernos de turno han manifestado su desacuerdo con las dos condenas que se han producido en el tema de los desaparecidos del Palacio. Cuando el coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado en primera instancia, el 9 de junio de 2010, el entonces presidente Álvaro Uribe incluso hizo una alocución presidencial televisada, con los mandos militares detrás, rechazando enérgicamente la condena.
Uribe calificó el fallo en contra de Plazas Vega como una condena “a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente buscó cumplir con su deber. Duele, da tristeza”. Cuando el fallo fue ratificado parcialmente por el Tribunal Superior de Bogotá, en enero pasado, el primer mandatario Juan Manuel Santos señaló que era el país el que debía pedirles perdón a sus soldados. El defensor del coronel (r), Jaime Granados, ha insistido públicamente en que se trata de un “craso error judicial”.
Nueve meses antes, cuando se conoció el fallo condenatorio de Arias Cabrales, Santos tampoco guardó silencio. “No deja de dejarle a uno un sabor amargo. (El) general le entregó toda su vida a la defensa de la patria y no se le comprobó ninguna relación directa con los supuestos crímenes que se cometieron en la toma del Palacio de Justicia”, dijo entonces el primer mandatario. El sindicato de la Rama Judicial le reclamó haber roto su promesa de no descalificar decisiones judiciales.
La ratificación parcial del fallo contra Plazas Vega por parte del Tribunal Superior de Bogotá encendió una fuerte polémica, no sólo por insistir en la participación del alto oficial (r) en la suerte que habían corrido dos de los desaparecidos, sino por ordenarle al Ejército que pidiera perdón en público, así como poner a consideración de la Corte Penal Internacional que investigara la responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en los trágicos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
La tesis de los abogados que defienden a las víctimas de los desaparecidos es que el Tribunal de Bogotá quería desentenderse de los procesos de los generales (r) Arias Cabrales y Ramírez Quintero por la presión que han suscitado estos polémicos procesos. Los presidentes Uribe y Santos, así como los abogados defensores de los militares, insisten en que con estos altos oficiales en retiro se cometió una grave injusticia.
La controversia, al fin y al cabo, ha sido inherente al tema Palacio de Justicia desde que la Fiscalía de Mario Iguarán decidió reabrirlo, luego de comprobar que en 1985 se habían cometido múltiples irregularidades (desde lavar los cuerpos de los fallecidos en el Holocausto hasta torturar a sobrevivientes como los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson) que habían impedido saber a ciencia cierta qué sucedió con once personas de las que, después de la toma y recuperación del Palacio, nunca se volvió a saber nada.